Desde hace unos días, el Gobierno estudió la posibilidad de pisar el acelerador para cumplir uno de sus compromisos de investidura y así acercar el acuerdo presupuestario en un momento de máxima delicadeza en las relaciones con sus socios. Moncloa se abrió entonces a la desclasificación de los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017. Ahora, según la Cadena SER, será una realidad, dado que en el último Consejo de Ministros del año, el Ejecutivo acordará extraer del ostracismo toda la información sensible de aquella masacre.
Esta pasada semana, El Periódico avanzaba que el Ministerio de Defensa se mostraba predispuesto a rendir cuentas en lo que respecta a este acuerdo de investidura suscrito con Junts, que a su vez derivó en la creación de la comisión de investigación del Congreso sobre “el derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas” de los atentados yihadistas del 17 de agosto, que costaron la vida a 16 personas. Para ello, será necesario cursar una petición para desclasificar los documentos del CNI que debe emanar del Gobierno y que, de hecho, lo hará este mismo lunes, en el seno del último Consejo de Ministros del año 2025.
Los neoconvergentes incluyeron entre sus condiciones para respaldar a Sánchez la investigación exhaustiva de lo ocurrido en Cataluña aquel 17 de agosto. Las sospechas de los independentistas es que el imán de Ripoll, cerebro de la masacre, habría colaborado con los servicios de inteligencia como confidente hasta la fecha de los atentados. De ahí que por la comisión hayan desfilado diferentes altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy, como Juan Ignacio Zoido -ex de Interior-, pero también otros nombres ilustres como el excomisario José Manuel Villarejo o la jefa de la Policía Científica, Rocío Rubio.
Con vistas a Presupuestos
El movimiento del Gobierno se produce como respuesta a las dos semanas de presión de Junts, desde que Carles Puigdemont escenificara su ruptura con Pedro Sánchez y le instara a someterse a una cuestión de confianza en la Cámara Baja. Desde entonces, los socialistas abrieron la puerta de par en par a la deslcasificación de los archivos de los atentados, algo a lo que han recurrido en más de una ocasión, pero es previsible que se produzca ya. Al menos así lo reproduce la Cadena SER.
La iniciativa de Moncloa se entiende como un guiño; un gesto para calmar las aguas revueltas en el bloque de la investidura. Las relaciones entre los socios no pasan por su mejor momento. Ni tan siquiera entre ellos. Las tensiones en el frente vasco-catalán, sumadas a la estrategia de presión de Podemos han puesto contra las acuerdas al Ejecutivo, que espera acabar el primer trimestre del año con el proyecto presupuestario -al menos- presentado. Ello implica, dicho sea de paso, la aprobación previa de la senda de estabilidad que los propios neoconvergentes tumbaron en el último pleno antes de las pasadas vacaciones estivales.
Gesto o no, el Gobierno lo tiene complicado para cumplir con las expectativas que Pedro Sánchez verbalizó ante los periodistas en la tradicional copa de Navidad de Moncloa. Sobre todo porque de este Consejo de Ministros emanará también, según avanzan varios medios de comunicación, el real decreto para gravar permanentemente a las energéticas; principal punto de fricción entre los socios y resquicio donde el Partido Popular quiere meter la cuchara para hurgar en la debilidad del Ejecutivo.
Balance del año
Una vez finalizado el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará el tradicional balance del año, donde se espera que haga hincapié en que pese a las dificultades aritméticas en el Congreso de los Diputados, la mayoría de Gobierno ha conseguido impulsar 25 importantes leyes que demuestran la capacidad negociadora de los plenipotenciarios de Moncloa y la resiliencia de un Ejecutivo que no tiene en el horizonte otro plan que no sea resistir los tres años que le restan al mandato de las urnas.
No ha sido un año fácil: a la pinza soberanista, ejemplificada máximamente por un Junts per Catalunya que empieza a impacientarse y cuyo único sostén es la amnistía de Puigdemont, aún en el exilio pendiente de una medida de gracia observada, postergada y puesta en cuarentena en sede judicial, se ha sumado la crisis migratoria, con un PP malabarista pendiente de desahogar a los canarios mientras contenta a Santiago Abascal; la financiación autonómica, con buena parte de los territorios, incluidos los de mando socialista, denunciando que la singularidad catalana va en contra de la igualdad; o las diversas causas judiciales que persiguen al Gobierno -caso Koldo- y al entorno del presidente -desde su mujer, Begoña Gómez, hasta su hermano, David Pérez Sánchez-Castejón.
No obstante, y pese a todo, tanto el presidente como fuentes del Gobierno y de Ferraz intentan ser pragmáticos y convertir en terrenales los éxitos del año: “Veinticinco leyes aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial del Estado, a las que se suman otras 31 iniciativas legislativas del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista en tramitación. Un conjunto de leyes de gran calado para mejorar la vida de los y las ciudadanas de nuestro país”, sostienen fuentes socialistas.
“El Ejecutivo ha demostrado una enorme capacidad de respuesta ante los problemas de la ciudadanía y, a la vez que ponía en marcha medidas para que la economía creciera, ha ido tejiendo una red de solidaridad absolutamente tupida para no dejar a nadie abandonado a su suerte”, ha señalado Patxi López. “Esto es lo que ha hecho el Gobierno y lo que ha hecho el Grupo Socialista buscando los apoyos necesarios para que todas esas medidas salieran adelante. Este es el trabajo y el resultado de lo que hemos hecho los y las socialistas”, sentencian estas mismas voces.
