Más madera a la polémica. El informe que redactaron los letrados del Congreso para abordar la conveniencia o no -desde un prisma legal- de la proposición no de ley (PNL) de Junts para instar a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. Los servicios jurídicos de la Cámara Baja no se mojaron y dejaron la decisión en manos del órgano de gobierno de la misma, según avanzan diversos medios. Finalmente, la Mesa ha optado por dejarla sin calificar, argumentando que existen dudas razonables sobre su constitucionalidad. Cabe recordar que los letrados advirtieron en su escrito a Junts que, en caso de haber recibido el ok, sería recomendable reformularla.
La mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso ha decidido postergar la decisión sobre si admitir o no a trámite la proposición no de ley de Junts. La iniciativa se escudriñaba por primera vez este martes en el máximo órgano de decisión del organismo, con elevadas posibilidades de que la tumbaran. Sin embargo, los dos socios de la coalición han concluido que, por el momento, la opción idónea es la del aplazamiento.
Este lunes, los servicios jurídicos de la Cámara presentaron un informe que estudiaba la conveniencia o no de la PNL neoconvergente, habida cuenta de que por mandato constitucional, se trata de una herramienta cuya competencia exclusiva recae sobre el presidente del Gobierno, previa deliberación en el Consejo de Ministros. Por su parte, los letrados del Congreso, en un intento por encontrar jurisprudencia, se lavaron las manos y cedieron toda responsabilidad a la Mesa, que a su vez ha abogado por mantenerla viva, aunque con dudas sobre su constitucionalidad.
Voces parlamentarias resaltan la complejidad técnica del caso en cuestión. Prefieren ganar algo de tiempo para abordar con mayor nivel de precisión el informe de los letrados. Por lo tanto, estas mismas fuentes precisan que la PNL se calificará en la próximo reunión de la Mesa, lo cual no supondría retraso alguno en el debate ya que, en cualesquiera de los supuestos, “se produciría en el siguiente periodo de sesiones”.
El informe de los letrados
En dicho informe se especifica que los “precedentes existentes” no se extraería una “línea de actuación unívoca” por parte del órgano de gobierno de la Cámara. “Partiendo de la premisa de que nos encontramos ante una proposición no de ley, el resultado de la votación de esta iniciativa, si fuera admitida y sometida al Pleno, carecerá de impacto jurídico alguno en la relación de confianza entre el Ejecutivo y el Legislativo”, explicaban los servicios jurídicos del organismo en su extenso informe de 14 páginas.
Así las cosas, al no existir precedentes obvios, consideraron que es competencia de la Mesa “fijar criterio”, siendo este último el que sirva como “referencia” para la decisión “en torno a la admisión a trámite de otras iniciativas de control en el futuro”. De hecho, advirtieron a Junts de que en el caso de que la Mesa calificara la iniciativa, debía de reformularse con el objetivo de “remarcar” el carácter eminentemente político de esta.
Recuerdan que la cuestión de confianza es una herramienta parlamentaria blindada en la Constitución Española y cuyo uso le corresponde única y exclusivamente –en este caso – al presidente del Gobierno, en virtud de lo expuesto en el artículo 112 de la Ley Fundamental y los preceptos 173 y 174 del Reglamento del Congreso. Eso sí, previa deliberación en el Consejo de Ministros.
