De nuevo, la figura de la cuestión de confianza se coloca sobre el tablero político en España. Existen pocos precedentes, pero no se ha ejecutado en lo que va de siglo. Quizás, hasta ahora. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, amagó en abril de este año con someterse a esta herramienta a tenor de los cinco días de parón tras la misiva que mandó a la ciudadanía después de que el juez Juan Carlos Peinado abriera diligencias contra su esposa, Begoña Gómez. Medio año después, el que fuera president de la Generalitat hasta 2017 Carles Puigdemont anunciaba desde Bruselas que Junts ha registrado esta iniciativa contra el líder del Ejecutivo al no haber “avances” en el acuerdo firmado para su investidura. “No es de fiar”, indicaba el interlocutor de los independentistas ante los medios de comunicación. Sin embargo, desde Moncloa consideran que "no hay necesidad" y justifican que el Gobierno cumple con sus compromisos, por lo que seguirá hablando y negociando.
Hacía tiempo que Junts no se dejaba ver por el radar. Varias semanas acogiéndose a un perfil más o menos bajo han concluido este lunes. Desde Bruselas, el expresident urgía a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza después de acusar a Moncloa de haber incumplido los pactos de Suiza; aquellos que consolidaron la mayoría para la investidura del presidente hace algo más de un año. El líder de Junts, enmarcado en un balance anual tras la rúbrica del acuerdo, ha concluido que los avances en las relaciones bilaterales “son escasos”.
“La descoordinación entre lo que se aborda en Suiza y la práctica del Gobierno es muy preocupante”, ha sentenciado el dirigente independentista. Los neoconvergentes no están contentos con la actitud del Gobierno y lo manifiestan en un momento clave, cuando el presidente anunciaba su compromiso a sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2025, para los cuáles necesita el apoyo de los siete parlamentarios de Junts que, primero, deberán validar la senda de estabilidad que llevará Moncloa al Congreso antes del proyecto de cuentas públicas. Pese a que el feedback no era del todo negativo, este giro de guion complica el calendario del Ejecutivo. Sobre todo porque para Puigdemont el acuerdo de investidura “se ha roto”.
Calendario a favor para Sánchez
Dado que la cuestión de confianza corresponde al Gobierno activarla -en este caso al presidente-, el Grupo Parlamentario de Junts ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para instar a Sánchez a accionar el mecanismo constitucional. Una maniobra que se lee como otro órdago de los neoconvergentes de cara a la negociación presupuestaria. Sin embargo, en caso de que el jefe del Ejecutivo aceptara el envite y la presentara, necesitaría de una mayoría simple -más votos a favor que en contra- para superarla. En caso contrario, debería presentar su dimisión.
Una maniobra que recuerda a la que el propio Pedro Sánchez practicó en el año 2018. Antes de la moción de censura que tumbara al Gobierno de Mariano Rajoy, el entonces jefe de la oposición urgió al presidente a que midiera el respaldo de su Ejecutivo en la Cámara Baja si no saba adelante su proyecto de Presupuestos. Seis años y medio después, es Junts quien replica la jugada para exigirle lo propio a Sánchez, al entender que no está capacitado para aprobar las cuentas públicas de cara al año 2025. Así las cosas, y por el momento, Junts ha optado por la figura de la PNL, de apenas tres párrafos, para instar al socialista a una cuestión de confianza por la falta de “voluntad política” para dar cumplimiento a lo pactado con sus socios.
El tiempo juega a favor del presidente del Gobierno, dado que esta PNL, que tendrá que debatirse y ser votada en el Pleno del Congreso, no tendría cupo en el orden del día hasta el mes de febrero. Y es que, a escasos días de concluir diciembre y por ende el año 2024, el próximo periodo de sesiones no llegaría hasta dicho mes, pero tampoco es de obligado cumplimiento. Es decir, Sánchez tiene tiempo de sobra para que Junts regrese al redil de la investidura y evitar sorpresas en otras votaciones de calado.
¿Qué es una cuestión de confianza?
No obstante, pese a que la maniobra de Junts está en cuarentena, conviene recordar cómo funciona este mecanismo, que, junto a la moción de censura, está incrustado en la Constitución y sirve para exigir directamente responsabilidad política al Ejecutivo de turno, además de verificar si aún cuenta con el respaldo mayoritario del Congreso de los Diputados. En sistemas parlamentarios, las relaciones entre el Gobierno y el resto de asambleas se cimentan sobre la confianza. De ahí se desprende que el Ejecutivo se mantenga mientras obtenga un apoyo mayoritario de las cámaras.
En este caso, la cuestión de confianza está recogida en la Constitución Española y, por tanto, en el Reglamento del Congreso de los Diputados; concretamente en el artículo 112 de la Ley Fundamental y en los artículos 173 y 174 de la normativa de la Cámara Baja. Esta herramienta constitucional, más laxa que la moción de censura, debe ser iniciativa del propio presidente del Gobierno, previa deliberación en el Consejo de Ministros. Asimismo, ésta deberá plantearse sobre “su programa” o una declaración de “política general”:
“Artículo 173
El Presidente del Gobierno, previa deliberación en Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general.
Artículo 174
1. La cuestión de confianza se presentará en escrito motivado ante la Mesa del Congreso, acompañada de la correspondiente certificación del Consejo de Ministros.
2. Admitido el escrito a trámite por la Mesa, la Presidencia dará cuenta del mismo a la Junta de Portavoces y convocará al Pleno.
3. El debate se desarrollará con sujeción a las mismas normas establecidas para el de investidura, correspondiendo al Presidente del Gobierno y, en su caso, a los miembros del mismo, las intervenciones allí establecidas para el candidato.
4. Finalizado el debate, la propuesta de confianza será sometida a votación a la hora que, previamente, haya sido anunciada por la Presidencia. La cuestión de confianza no podrá ser votada hasta que transcurran veinticuatro horas desde su presentación.
5. La confianza se entenderá otorgada cuando obtenga el voto de la mayoría simple de los Diputados.
6. Cualquiera que sea el resultado de la votación, el Presidente del Congreso lo comunicará al Rey y al Presidente del Gobierno”.
El procedimiento pate de un escrito del presidente del Gobierno y presentado ante la Mesa del Congreso de los Diputados, toda vez se haya validado por el Consejo de Ministros. Después de que el texto sea admitido a trámite, la Presidencia da cuenta de este a la Junta de Portavoces y ahí será cuando se convoque el pleno para debatir la cuestión de confianza, con un funcionamiento similar al de la moción de censura: debate y posterior votación.
El debate de la cuestión se desarrollará en los mismos términos establecidos para el de una sesión de investidura. La confianza del presidente del Gobierno se somete a votación en la hora fijada por la Presidencia de la Cámara Baja, pero pasadas 24 horas de su presentación. El presidente deberá recabar el voto favorable de la mayoría simple de los diputados. O lo que es lo mismo, más votos a favor que en contra. En este sentido, y extrapolándolo a la realidad parlamentaria de España, bastaría con mantener el grueso de apoyos del bloque de la investidura, pero con el voto de Junts inclinado a un eventual 'no' a día de hoy, Sánchez lo tendría complicado.
Otras cuestiones de confianza
Sánchez sería el tercer presidente de la historia de España que se somete a una cuestión de confianza o el primero en 34 años. El precursor fue Adolfo Suárez, que activó esta herramienta constitucional tras desplegar un programa de austeridad económica y la implementación del Estado de las autonomías. En aquella ocasión, el líder de la UCD no tenía el respaldo absoluto de la Cámara, pero sí obtuvo 168 votos a favor por 164 en contra (PSOE, PCE, PNV, Coalición Democrática y siete diputados del Grupo Mixto).
Quien votó en contra de Suárez en la primera cuestión de confianza fue Felipe González, que a la postre sería el segundo y último hasta la fecha en activar la herramienta. El socialista quiso una “especial política de diálogo” para desplegar una economía competitiva en el marco de la Unión Europea, impulsar política exterior y una estrategia más ambiciosa en términos autonómicos. El PSOE tenía mayoría absoluta, por lo que consiguió el respaldo con los 175 votos de sus diputados, más el parlamentario de la Agrupación Independiente de Canarias.
