Asegurar el acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales se presenta como uno de los desafíos clave para el Gobierno en este final de año. Es por ello, por lo que el Ejecutivo está acelerando los compromisos que contrajo con los socios de la investidura, entre los que se encuentra Junts, según informa El Periódico. Entre las exigencias del partido de Carles Puigdemont se encuentra la desclasificación de los documentos del Centro Nacional de Inteligencia sobre los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017. Tras la aprobación en la comisión del Congreso en septiembre, el ministerio de Defensa ha anunciado que llevará la cuestión al Consejo de Ministros en cuanto se registre la solicitud de la Cámara Baja, antes del final de 2024.
Desde el área que dirige Margarita Robles, cuentan que tienen "total disposición" para cumplir con este acuerdo de investidura con Junts, que derivó en la creación de la comisión en el Congreso que investiga "el derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas" de los atentados yihadistas del el 17 de agosto de 2017, que costaron 16 vidas. A tenor de la votación, que resultó favorable a los intereses del partido de Puigdemont, se deberá registrar una petición para desclasificar los documentos del CNI, algo que el Gobierno llevaría a cabo en el Consejo de Ministros del 23 de diciembre, el último del año.
Desde el principio, Junts incluyó entre sus condiciones para apoyar la investidura de Pedro Sánchez investigar los entresijos de este suceso. Las pesquisas del partido independentista van en la dirección de que el imán de Ripoll habría colaborado con los servicios de inteligencia como confidente hasta el día de los atentados. Ante la comisión han comparecido personas implicadas, como el ministro del Interior en el momento del suceso, Juan Ignacio Zoido, o la jefa de la Policía Científica, Rocío Rubio.
Negociaciones en el aire
Tras la rebelión de Junts, que solicitó a Sánchez que se sometiera a una cuestión de confianza, según ellos, por el incumplimiento de compromisos por parte del Gobierno, se ha acelerado la agenda de Moncloa para asegurar los Presupuestos. Además de llevar el caso de los atentados a trámite, José Manuel Albares ha avanzado en el compromiso de transferir las competencias en inmigración o lengua en las instituciones europeas. El ministro de Asuntos Exteriores ha iniciado contactos con Polonia, que presidirá el Consejo Europeo a partir de enero, para que durante su turno se avance en el reconocimiento del catalán, el gallego y el euskera como lenguas cooficiales de la UE.
En su carta al ministro de Exteriores polaco, Radosław Sikorski, Albares reafirmó la propuesta de España para reformar el reglamento lingüístico de la Unión Europea, e incluir en su artículo 1 las tres lenguas cooficiales españolas como idiomas oficiales y de trabajo de las instituciones comunitarias. Este compromiso se suma también al anunciado por Pedro Sánchez durante la Conferencia de Presidentes del pasado viernes en Santander. El líder del Ejecutivo se comprometió a celebrar las reuniones pertinentes para negociar la condonación de la deuda con las comunidades autónomas.
El Ejecutivo alcanzó este acuerdo con los partidos independentistas catalanes, pero anunció que otras autonomías podrían beneficiarse de ello si así lo solicitan. En cuanto a las negociaciones para el traspaso de competencias en materia de inmigración, la Generalitat y el Gobierno confirman que se ha avanzado. Desde Moncloa señalan que Junts es perfectamente consciente de las "líneas rojas" que hay en esta negociación, pero sí que valoran que los Mossos d'Esquadra asuman mayor responsabilidad en la seguridad de las vías de entrada por aire y mar.
