La Fiscalía Anticorrupción ha pedido condenar a 59 años de cárcel al ex comisario José Manuel Villarejo por los presuntos encargos ilegales que el policía realizó para Iberdrola entre los años 2004 y 2011. Asimismo, pide 42 años de cárcel para el exdirector de Seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo, durante la etapa en la que se efectuaron los presuntos encargos y pagos al comisario jubilado. En concreto, para el que fuera responsable de seguridad de Iberdrola, la Fiscalía pide que se siente en el banquillo por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.
En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso ElPlural.com, la Fiscalía imputa al ex comisario Villarejo un delito continuado de cohecho pasivo; diez delitos, uno por cada encargo de Iberdrola, de descubrimiento y revelación de secretos y un delito continuado de revelación de secretos. En cuanto a Iberdrola, la Fiscalía pide que sea la empresa la que se haga cargo de los pagos como responsable civil subsidiaria, además de la Administración General del Estado. ElPlural.com se ha puesto en contacto con la energética, que no hace comentarios por el momento.
Anticorrupción pide también 50 años y seis meses de prisión para el socio de Villarejo, Rafael Redondo. Y es que Anticorrupción ha pedido que los tres acusados, José Manuel Villarejo, Rafael Redondo y Antonio Asenjo, indemnicen también en concepto de responsabilidad civil a varios afectados por estos presuntos encargos ilegales con un total de 285.000 euros.
El Ministerio Público considera así que la eléctrica, liderada por Ignacio Sánchez Galán, habría pagado 1,4 millones de euros al ex comisario para espiar a empresarios rivales, políticos, líderes sindicales o asociaciones dedicadas a la protección del medio ambiente entre 2004 y 2012. Uno de los nombres objetos del presunto espionaje de la eléctrica es el empresario Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid.
El presunto espionaje a Florentino Pérez es uno de los encargos más polémicos, con la consiguiente guerra en los tribunales, pero no es el único. Entre los presuntos encargos al ex comisario Villarejo se encuentran el proyecto Arrow, cuyo objetivo era dejar sin efecto la oposición medioambiental a la construcción de una planta de ciclo combinado en el municipio gaditano de Arcos de la Frontera. En este caso el centro del espionaje eran diversas asociaciones medioambientales que mostraron su opinión en contra de este proyecto. Iberdrola también habría encargado al ex policía un presunto espionaje a Endesa y al que fuera su presidente en esa época, Manuel Pizarro, por razones de negocio y, entre otros, habría encargado presuntamente seguimiento a líderes sindicales contrarios a la política energética de la compañía.
El escrito de acusación de la Fiscalía mantiene que estos pagos se justificaron a través de "una serie de facturas (emitidas por el Grupo Cenyt) que fueron aceptadas por el encausado Antonio Asenjo en nombre del Grupo Iberdrola”. Asimismo, explica que estas facturas fueron "manipuladas" para "ocultar la verdadera naturaleza de los servicios prestados y recibidos". Según el escrito, Iberdrola tendrá que hacerse cargo, de forma subsidiaria, de las indemnizaciones fijadas que les corresponderían a los presuntos perjudicados por el espionaje, a los que debería entregar entre 15.000 y 60.000 euros.
