El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha propuesto juzgado al expresidente del BBVA Francisco González, al excomisario José Manuel Villarejo, a la propia entidad y a varios ex altos cargos del banco por los presuntos encargos ilegales que el policía habría realizado para la firma cuando estaba en activo. Así queda reflejado en un auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, mediante el cual también procesa al exjefe de Seguridad, Ángel Corrochano; el exCEO o el exdirector de Riesgos, entre otros.
De esta forma, termina la investigación que comenzó en 2018 el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional y en cuya causa también están bajo investigación el exjefe de Seguridad de la entidad bancaria Ángel Corrachano, el exceo de BBVA Ángel Cano y el exdirector de Riesgos Antonio Béjar.
Además, propone juzgar al exjefe de Control Interno Eduardo Arbizu; así como al actual responsable de los servicios jurídicos Eduardo Ortega; el responsable de Auditoría Interna, Joaquín Gortari; el exresponsable de Servicios Jurídicos de España y Portugal José Manuel García, y al empleado de la entidad Óscar Santos.
En la misma resolución, el juez acuerda el sobreseimiento de la causa para Ignacio Pérez Caballero, exresponsable de la red comercial; Javier Malagón, exdirector de finanzas; José Manuel Cantero, Juan Asúa, asesor de Presidencia; Manuel Castro, exdirector de Riesgos; Nazarío Campo, del equipo de Seguridad; Pablo G. Tobin, director de comunicación; Ricardo Gómez Barrero, exdirector de contabilidad; Simón Galera, Constancio Riaño e Inés Díaz Ochagavía, exnúmero 2 de Seguridad del banco, que ha estado defendida por Fátima Rodríguez, responsable del área penal de Lupicinio.
Tras esta resolución, la Fiscalía y las acusaciones particulares tienen un plazo de diez días para solicitar la apertura de juicio oral y presentar sus escritos de acusación definitivos contra todos los procesados.
Se impone la visión de la Fiscalía
El magistrado de la Audiencia Nacional ha hecho suyo el informe de la Fiscalía Anticorrupción, en el que se relata que el caso comenzó con la contratación por parte del BBVA del comisario Julio Corrochano en septiembre de 2002.
De hecho, el juez García Castellón destaca impecable detalle en la narración de los hechos. Según el auto, la contratación de Corrochano tenía el visto bueno de Francisco González.
Y es que fue este hilo el que más adelante unió a la entidad con los comisarios entonces en activo José Manuel Villarejo y Enrique García Castany.
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