Ente Certificazione Macchine SRL. Esta es la empresa italiana que certificó las mascarillas de la compañía Priviet Sportive SL para el suministro de mascarillas del que se lucró el hermano de Isabel Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso. También figuraba como entidad europea en los tapabocas FFP2/KN95 que vendió la mercantil Leno al Ayuntamiento de Madrid, de la que los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina, cuyo juicio comenzaba el pasado martes, fueron intermediarios. Asimismo, aparece en el material con sello falso que vendió la firma Sibucu 360 al principio de la pandemia.

Del hermano de Ayuso a Sibucu pasando por Cibeles

El hermano de la presidenta madrileño adquirió en 2020 mascarillas a una fábrica sin experiencia para que Priviet Sportive SL, vinculada a un amigo de su familia, revendiera el material por valor de 1,5 millones de euros (el hermano de la presidenta cobraría en total y en cuatro pagos 234.103,52 euros). El fabricante de aquellas mascarillas era la empresa Jiaxing Yinuo Busway Co.Ltd, que se dedicaba al cableado eléctrico y solo modificó su objeto social en marzo del primer año de pandemia para incluir en él la elaboración de productos sanitarios, según publicaba en aquel momento El País.

Se aportaron tres certificados de calidad que presuntamente acreditaban el cumplimiento de los estándares el mercado europeo y estadounidense. Sin embargo, uno de ellos era una falsificación del documento de un ente italiano de homologaciones y los otros dos de centros chinos que no estaban autorizados por el Gobierno de ese país para estos productos. Uno de estos fue después advertido de fraude por la Administración de Alimentos y Medicamentos del Gobierno de EEUU. La Comunidad daría por buenos los tres certificados en los que aparecía el marcado CE, exigido por la UE para poder considerar que ciertos productos cumplen los criterios de calidad.

La región avaló que tanto ellos como Priviet se enteraron de que los certificados de Jiaxing Yinuo Busway Co, Ltd eran falsos, por lo que acudieron a otro fabricante chino que habría aportado, según El Español, un certificado correcto; aunque ningún documento se refería a esa otra empresa china en un expediente de 70 páginas. Y es aquí cuando entra en escena Ente Certificazone Macchine, ya que otro certificado habría sido supuestamente emitido por estos laboratorios, que no puede certificar mascarillas porque no está habilitado para ello.

Ente Certificazione Macchine aparece asimismo en las mascarillas con etiquetado falso repartidas por Sibucu 360, sobre la que la firma gallega -que contactó con el Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia- descarga cualquier responsabilidad en declaraciones a ElPlural.com. “Hemos de recordar que el importador es el responsable final del producto que se introduce en el mercado europeo a pesar de que esto sea debido a la negligencia y mala actuación de un tercero, en este caso, el laboratorio italiano ENTE”, relatan.

Del material distribuido se detectaron cuatro lotes con mal etiquetados que afectaron a 80.000 mascarillas. La alerta la dio el Servicio Galego de Saúde (Sergas) de la Xunta en mayo de 2020 porque el sello CE que aparecía en las mascarillas no era legal, al haber sido certificadas por el mencionado laboratorio. Acto seguido tramitó cuatro expedientes y el Instituto Galego de Consumo advirtió de que eran precisamente esos cuatro lotes los que se correspondían con sellos ilegales. Entretanto, el Sergas compró material sanitario entre el 25 de marzo y el 26 de junio de ese año.

Desde Sibucu explican que comunicaron a Consumo los hechos y se los remitieron al RAPEX, y que, a pesar de que las mascarillas llegaron a buena parte del territorio nacional y de que fueron servicios dependientes de la Xunta los que lanzaron el aviso, los problemas “afectaron únicamente a material entregado a distribución y consumo, no así a administraciones públicas”. También se refieren, en conversaciones con este medio, a que ese laboratorio “decía estar acreditado y emitió un certificado”. Al verse que emitió varias mascarillas con etiquetado falso, la firma comunicó “diferentes acciones legales” contra el laboratorio. “Actuamos en todo momento con máxima diligencia”, defiende.

La Comunidad de Madrid tramitó ocho contratos por el procedimiento de emergencia a Sibucu 360, la mayoría de ellos por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, aunque desde el departamento de Sanidad también se compró material después de que se repartieran los lotes defectuosos para los hospitales de La Paz y Ramón y Cajal. En total, la región de Ayuso dio 2.432.630 euros a esta sociedad. La Xunta, por su parte, también compró en 2021 mascarillas a la compañía. Sibucu defiende ante este medio no haber tenido nunca trato especial con ningún partido ni líder político a pesar de la cercanía del empresario José Ramón García condenado por varios delitos, muy conocido por Feijóo y detrás de Moonof, controlada a su vez por Sibucu.

El laboratorio, por su parte defendería en declaraciones a Público que les habían "falsificado muchos documentos estos importadores", utilizando "inapropiadamente nuestro número certificador 1282".

Declaraciones de Luceño y Medina

En lo que respecta a Medina y Luceño, las defensas de éstos aportaron el pasado martes durante la primera sesión del juicio por el caso de las mascarillas pruebas para intentar demostrar que el Ayuntamiento madrileño no se sintió “en absoluto estafado” en la operación de compraventa de material sanitario cuyo sobreprecio les ha llevado al banquillo de los acusados por delitos de estafa y falsedad documental.

Ambos se llevaron mordidas millonarias, Luceño con cinco millones de euros con los que se compró una casa, coches de alta gama o relojes de lujo, y Medina un millón con el que se compró un yate.

Hay que destacar que, según el sumario, Medina se hizo con el teléfono de Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Cibeles, para ofertar el material sanitario que estaba dispuesto a ofrecer el empresario malasio San Chin Choon, director ejecutivo a su vez de la compañía Leno.

El juicio por este caso arrancaba el pasado martes y se alargará durante los días 11, 13, 18, 19, 20, 25 y 26 de febrero. Si ayer se solventaron cuestiones previas, los testigos comenzarán a declarar el jueves. El día 13, por ejemplo, lo hará Elena Collado, y el 18 el primo del alcalde, junto al empresario malasio. No será hasta el día 25 que tendrán que declarar, presumiblemente, los principales implicados. Las conclusiones y los informes están previstos para el 26 de febrero, en principio último día de la vista oral.