La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, mantiene su inocencia en la trama del caso Koldo. El que fuera número dos de la ahora responsable de las Cortes cuando ésta era lideresa balear, Iago Negueruela, ya defendía el pasado lunes el contrato que el Govern llevó a cabo con Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, aportando un importante número de documentos.

El grueso de la defensa balear sustenta en que a los pocos días de llegar las mascarillas -que pensaban que eran FFP2 y la empresa etiquetó como FFP2/KN95- las enviaron a analizar a su laboratorio y comprobaron que no tenían la máxima calidad ni capacidad de filtración para que los hospitales pudieran utilizarlas. Niegan que fueran del todo inservibles -sí eran aptas para el uso civil- y con esa condición, mantienen, las contrataron y pagaron con carácter de urgencia para poder tenerlas en stock, como requerían las autoridades competentes del Ministerio de Sanidad y la OMS. El Ejecutivo del archipiélago decidió enviar las partidas fake a un hospital de desmontaje para almacenarlas y por si optaban -como finalmente hicieron- por reclamar a la compañía que no le habían mandado el material que requerían. El anterior Govern se reconoce, con esta cronología de hechos, en cualquier caso, víctima del caso; nunca partícipe de él.

Asimismo, los entonces responsables baleares deslizan que por el momento que ninguna de las partes jurídicas de la investigación ha detectado ilegalidad alguna en su forma de actuar: ni el sumario, ni la investigación judicial del caso, ni la Fiscalía, ni a Intervención. Entretanto, se mantiene la guerra abierta entre los dos gobiernos baleares -el antiguo, de color socialista, y el actual de Marta Prohens (PP)- sobre quién se ha pasado el plazo legal de seis meses desde que se inició el expediente de reclamación dentro de los cuatro años para que quede prescrito. Esto es precisamente lo que ha vuelto a defender, ya este martes, la propia Francina Armengol.

Armengol recrea los hechos

La presidenta de la Cámara ha recreado los hechos en una intervención desde el Congreso de los Diputados. Así, asume que “primero se les vendieron como FFP2” y que su administración compró “porque los técnicos pensaron que eran necesarias”. “Las mandamos a analizar y cuando tenemos los resultados nos dicen que no es que sean malas ni fake, sino que no filtran como FFP2, pero sirven como quirúrgicas y, por tanto, se decide almacenarlas”, ha relatado.

A continuación, ha sido muy claro con el hecho de que el material se almacene y guarde “entero” porque “para que te lo devuelvan entero, se tiene que guardar entero”. “Se hace una reclamación antes del 28 M (…) y se explica el expediente al PP: “Ofrecí a Prohens hacer un traspaso muchas veces y nunca quiso”.

Asimismo, ha justificado que era en última instancia el Servicio de Salud el que compraba el material y ha recordado que “nadie” de su Gobierno “está siendo investigada”.  “Quien me pide la dimisión es el único que sale en el sumario”, ha dicho en referencia al portavoz del PP en el hemiciclo, Miguel Tellado.

Baleares tuvo muchos problemas de suministros sanitarios durante lo peor de la pandemia, en momento en el que recurrió a subcontratar por 3,7 millones de euros una partida de casi 50 millones de euros para diferentes mascarillas que el ministerio de Fomento y los organismos dependientes trajeron de China y después formalizaron por el procedimiento de urgencia. "Somos islas y nuestra relidad insular no era como la peninuslar. En este caso concreto se habla de la compra de mascarillas por un contrato de 3,7 millones de euros. Se nos vendieron como FFP2 y nosotros las compramos porque las técnicas pensaron que era necesario", ha aseverado en este punto la que fuera presidenta de Baleares.

Madrid dio gratis mascarillas KN95

Dejando a un lado el asunto de las comisiones que, en el caso de la Comunidad de Madrid, tienen nombre y apellido como el del hermano de Isabel Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, o los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, en esta ocasión en el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida; la región también compró mascarillas con este etiquetado.

En el ejemplo de la Comunidad, hay que recordar que también durante los primeros meses del Covid la delegación de la presidenta entregó mascarillas de dudoso etiquetado de forma gratuita. En este caso concreto, que la ciudadanía adquirió sin pagar, no se indicaba ni el concreto de la máscara siguiendo estándares fijados por la Unión Europea (UE), ni aparecían escritos los cuatro dígitos que debían seguir al icono de Certificación Europea (CE) para que la homologación fuera correcta.

En otro orden de cosas, en el envase se empleaba un doble estándar utilizando el GB2626-2006 de homologación china y la certificación de Normalización Española (UNE), en cuyo caso los errores también fueron reiterados: de nuevo, no se indicaban los cuatro dígitos que concretaban el certificado, no aparecía el tipo de protección con el que contaban, la norma no era por la que se regían los estándares europeos y la homologación, tampoco.

Si nos detenemos en esta última, la homologación era, precisamente, la KN-95, de origen chino y que no era el la que debía utilizarse en el caso de un producto sanitario. Así, si bien es cierto que en ocasiones en el continente europeo había productos con esta homologación, lo adecuado habría sido emplear los códigos FFP1, FFP2 y FFP3. En concreto, el KN-95 se encontraría a medio camino entre la protección FFP2 y FFP3. Por otro lado, también las mascarillas que vendió a Madrid la empresa Priviet Sportive S.L  y a través de las cuales el hermano de Ayuso recibió comisiones eran con este etiquetado.

Las mascarillas defectuosas de Sibucu

Sibucu 360 S.L, la empresa que suministró mascarillas a la Xunta de Galicia y la Comunidad de Madrid tras haber repartido miles de unidades falsas en cuatro lotes, también envío tapabocas KN-95 que hicieron saltar las alertas.

Fuentes de esta firma explicaron en conversaciones a ElPlural.com que ni el entonces gobierno de Alberto Núñez Feijóo, ni el de Ayuso, recibieron lotes de las unidades defectuosas, pero no desmienten -queda además demostrado en los contratos de entonces- que Galicia y Madrid volvieron a recurrir a sus servicios después de haberlas repartido entre varias administraciones. Sobre ello, hay que subrayar que fueron varias las comunidades y/o ayuntamientos que acudieron a esta compañía para poder lograr material sanitario durante lo peor de la pandemia: la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha o los ayuntamientos de Sevilla, Huelva y Zamora, entre otros.