“Lo único que queremos es resaltar que muchas personas murieron de forma indigna y se las trató de forma indigna”. Son las palabras de Laura Grela Rego, cuyo padre, Luis Grela Antequera, falleció el 3 de abril de 2020, durante lo peor de la pandemia, en una residencia de mayores de Madrid, sin que le permitieran acudir a un hospital pese a sus peticiones. Ella y su hermana Marta no buscan venganza, solo justicia, y a ella apelan para que los responsables de la gestión sanitaria de aquellos meses no queden impunes. Con ese objetivo, han acudido a la Audiencia Nacional, que ha admitido su recurso contencioso y ha reconocido tener competencias para juzgar el caso. Por lo que ahora se abre el plazo para recibir su demanda contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Sanidad de Isabel Díaz Ayuso.
El camino ha sido pedregoso. Lo sabían cuando decidieron emprenderlo y son perfectamente conscientes de que no está todo hecho. Al principio, barajaron cualquier opción, desde ir por la vía penal -al final lo han hecho por la vía civil- hasta sumarse a la plataforma de víctimas de las residencias de mayores, algo que también descartaron porque, a pesar de la máxima de que la unión hace la fuerza, si se desestimaba una de las pruebas ‘grupales’, caían con todo.
Para conocer el resultado, todavía hay que esperar. Fuentes jurídicas que llevan el caso explican a este medio los trámites que han seguido. Antes de nada, acudieron al Ministerio de Sanidad que, como muestra el documento que se adjunta a continuación, no admite los requerimientos al no ser lo referente a las residencias "una entidad vinculada o dependiente de la Administración General del Estado"; por lo que el departamento les remite a la Audiencia Nacional.
