“Lo único que queremos es resaltar que muchas personas murieron de forma indigna y se las trató de forma indigna”. Son las palabras de Laura Grela Rego, cuyo padre, Luis Grela Antequera, falleció el 3 de abril de 2020, durante lo peor de la pandemia, en una residencia de mayores de Madrid, sin que le permitieran acudir a un hospital pese a sus peticiones. Ella y su hermana Marta no buscan venganza, solo justicia, y a ella apelan para que los responsables de la gestión sanitaria de aquellos meses no queden impunes. Con ese objetivo, han acudido a la Audiencia Nacional, que ha admitido su recurso contencioso y ha reconocido tener competencias para juzgar el caso. Por lo que ahora se abre el plazo para recibir su demanda contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Sanidad de Isabel Díaz Ayuso.
El camino ha sido pedregoso. Lo sabían cuando decidieron emprenderlo y son perfectamente conscientes de que no está todo hecho. Al principio, barajaron cualquier opción, desde ir por la vía penal -al final lo han hecho por la vía civil- hasta sumarse a la plataforma de víctimas de las residencias de mayores, algo que también descartaron porque, a pesar de la máxima de que la unión hace la fuerza, si se desestimaba una de las pruebas ‘grupales’, caían con todo.
Para conocer el resultado, todavía hay que esperar. Fuentes jurídicas que llevan el caso explican a este medio los trámites que han seguido. Antes de nada, acudieron al Ministerio de Sanidad que, como muestra el documento que se adjunta a continuación, no admite los requerimientos al no ser lo referente a las residencias "una entidad vinculada o dependiente de la Administración General del Estado"; por lo que el departamento les remite a la Audiencia Nacional.
En un primer momento, este tribunal decide que el tema es competencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), pero termina estimando íntegramente un recurso contencioso-administrativo en la dirección contraria: que no es así y, por tanto, la Audiencia Nacional sí tiene competencias para llevar el caso.
En el momento de redacción de estas líneas, y con el recurso admitido, a las denunciantes les queda por conocer el plazo del que disponen para presentar la demanda. “Es la primera vez que llega a este tribunal”, celebra la fuente consultada, con una pizca de orgullo y, eso sí, mucha cautela.
ElPlural.com ha accedido con el permiso de los familiares al caso clínico del paciente, que contrae la enfermedad del Covid el 24 de marzo de 2020 y fallece en la residencia Orpea, de Villanueva de la Cañada, diez días después. Las hijas insisten en controversias que aparecen aquí y en conversaciones con el centro que también ha podido escuchar este periódico. “Primero nos decían que está orientado en tiempo y lugar e inmediatamente a continuación que está decaído y desorientado”; por ejemplo.
Con todas las cartas sobre la mesa, denuncian abandono, sobre todo institucional, conscientes de que los profesionales, en la mayoría de los casos y tal y como reflejan las actas que ha ido publicando este medio con el paso de las semanas, hacían todo lo que estaba en su mano. “Ahora con el tema de las actas se ha vuelto a reabrir el caso”, celebran, aún con lo que ello les supone a nivel mental: recordar lo que más de 7.000 personas, entre ellas su padre, sufrieron en los centros de mayores durante el Covid.
En la misma línea, afean la frialdad de la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando dice que estas personas “se iban a morir igual”. “Seguramente muchas habrían muerto, sí, pero no de la misma manera”, dice Marta. Unas declaraciones que respaldan los distintos documentos redactados por expertos y que reflejan cómo el número de fallecimientos hubiera sido menor en hospitales y que, en el caso de las personas que no podían salvarse, al menos habrían puesto fin a su vida de una forma digna. Una de las hermanas lo resume con un ejemplo muy sencillo: si su padre no tenía posibilidades y solo había un respirador, éste debería ir para aquella persona que sí contara con opciones. Pero, ¿qué hay, por ejemplo, de los cuidados paliativos que tanto defiende Ayuso? En cualquier caso, la situación del paciente no tiene nada que ver, y es que él, manifiestan, solo estaba en silla de ruedas.
En su situación concreto, todavía son muchas las preguntas sin resolver y que, temen, nunca tendrán respuesta, como si realmente fue el primer paciente Covid de este lugar, como les dijeron. O esta otra: ¿Por qué a todas las familias les comunicaban la muerte a la misma hora (8:00)?. “Tenemos la teoría de que cerraban las puertas de las habitaciones a las 00:00 y a la mañana siguiente se encontraban los cuerpos en las habitaciones”, dictan criticando que su padre, en contra de lo que defendían desde la residencia, no estaba correctamente atendido.
Pero hay más cuestiones que aún hoy lamentan o, al menos, ven sorpresivas; como que tuvieran que llevar ellas mismas la prueba del Covid al hospital Puerta de Hierro o que no dejaran trasladar a su padre a un hospital porque aquí estaban “saturados”, con “gente en suelo”, etc. “Estamos en epidemia, nadie puede entrar ni tocarle”, que iba a estar “peor” en un hospital o que el centro disponía de “todos los soportes médicos, menos respiradores” son algunas de las frases que se esgrimen de una de las conversaciones a las que ha tenido acceso este medio. “Querían ocultar lo que estaba pasando a costa de la vida de la gente”, sostienen a este diario.
Querían ocultar lo que estaba pasando a costa de la vida de la gente
Los hechos coinciden en el tiempo con la firma del Gobierno de Ayuso de los después conocidos como protocolos de la vergüenza mediante los cuales se prohibió el traslado de pacientes de residencias de mayores a hospitales. Aquellos documentos se firmaron los días 18, 20, 24 y 25 de marzo e impidieron que personas, normalmente con problemas cognitivos o alguna discapacidad, se derivasen centros hospitalarios. Las denunciantes apostillan que nadie les informó de nada de esto.
-Denunciante: ¿Es una normativa de la Comunidad de Madrid o vuestra?
-Residencia: Es una normativa de España
Extracto de un audio entre una doctora y Laura (hija) a fecha 25 de marzo de 2020.
La movilidad reducida era la única lacra que arrastraba el padre de las protagonistas de estas líneas desde que le diera un ictus. En su relato, cuentan que estaba bien -podía mantener una conversación lúcida contigo-, más allá de la afonía y algún despiste que ya arrastraba de otro ictus que tuvo anteriormente.
Para cerrar el círculo, un poco de mala suerte les acompañó, convirtiéndose en una de esas espinas que, aunque no se claven por tu responsabilidad, cuesta tiempo sacar. Las hermanas cuentan a ElPlural.com que iban a adquirir una casa y que hasta entonces no estaba habilitada para silla de ruedas, por lo que consideraron que iba a estar mejor cuidado en una residencia. Sin embargo, se lamentan de que apenas una semana después del cierre preventivo de estos lugares estaban cerca de firmar los papeles y con ello intentaron sacar a su padre de la residencia, sin que se lo permitieran.
Los hechos también coinciden en el tiempo con la conocida como Operación Bicho, que se aprobó el 26 de marzo de ese año. Se trató de un código que usaba la persona a la que se encomendó la salud de casi 50.000 ancianos -con 1.130 mayores de geriátricos fallecidos-, Encarnación Burgueño. La persona en cuestión se autodenominaba directora general de Cardio Líder, una marca comercial sin entidad societaria que se puso al frente de la “medicalización” de residencias. En la práctica, era hija de un asesor de Ayuso y no contaba con experiencia para afrontar una crisis de esta envergadura. En la comisión de investigación se descubrió la medicalización de la que hablaban", recuerda Laura. El resultado: un “caos” -como la propia Burgueño reconoció- que solo duró solo 12 días.
* La denuncia, a cuyos motivos también ha tenido acceso ElPlural.com, incluye al Ministerio de Sanidad, la residencia, la Comunidad de Madrid (SERMAS) y la Consejería de Asuntos Sociales.
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*Los archivos audiovisuales de este artículo son autoría de Jesús Olmedo y Marcos Paradinas.
