Cada acta de inspección realizada por la policía es peor que la anterior. Cada escrito recoge de forma más fidedigna la frialdad con la que los cuerpos se metían en los sudarios, con la que los profesionales cerraban los ojos de las víctimas, con la que no despedirse era la única forma de saludarse al día siguiente. La crisis del coronavirus hizo de los centros de mayores la zona 0 de los contagios, el epicentro del drama. Especialmente dura fue la situación en los conventos y centros de mayores de carácter eclesiástico.
Así lo recogen varios de los escritos policiales a los que ha tenido acceso ElPlural.com. Como por ejemplo el firmado el 28 de abril de 2020 a las 17.00 horas en la residencia hogar Santa-Bárbara, en la calle san Lucas, donde, según atestigua el subinspector que levantó el acta, a su llegada “ni la madre superiora ni ninguna de las hermanas tenía mascarilla”. No era la única negligencia observada en el centro: “Las habitaciones son individuales, los baños compartidos (…) No existe zona de tránsito ni los internos usan protección”.
No es el único ejemplo de esta mala praxis: de hecho, la ausencia de espacios seguros y ordenados para el tránsito y el correcto confinamiento de los positivos diagnosticados es un comentario recurrente en las actas a las que ha accedido ElPlural.com.
En el centro Hermanas de Nuestra Señora de la Comprensión, el día 27 de abril, los agentes informaban de que los baños son compartidos, aunque destacan que en su interior hay un kit de desinfección para después de cada uso. Menos positiva fue la visita policial a la Congregación Mercedarias Misioneras de Berriz el 26 de abril: “Significar que se les recomienda mantener la distancia social, hacer turnos de comida, habilitar una zona de transición antes de entrar a la congregación y disponer de gel hidroalcohólico en las salas compartidas (TV, comedor, capilla…)”.
Falta de distancia social e incluso internos con síntomas y test positivo mezclados con otros aparentemente no contagiados. Esto es lo que sucedía, por ejemplo, en el centro religioso Hijas de María Auxiliadora el 25 de abril: “En las habitaciones, están mezclados los positivos y los negativos (…) Se recomienda que se agrupen los casos positivos en una sola planta. Además, se solicita señalizar debidamente las zonas de aislamiento, ya que actualmente no lo están”. Misma situación que la apreciada por la policía en la Comunidad Religiosa Hermanos de la Guarda el día 24: “En la planta baja hay aislamiento no señalizado como tal ni establecida ninguna zona de tránsito”, expone el acta en su página inicial. Hay que ir hasta el tercero de los folios de redacción para apreciar una nueva negligencia: “Se observa que en dicha planta se alteran habitaciones con positivos y negativos”.
Fiscalización de lo sucedido
Esta realidad no es exclusiva de los conventos, casas y centros. Las actas no han pasado desapercibidas. Desde que las primeras salieran a la luz, imponiéndose de esta forma el derecho a la información al intento de bloqueo de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, las peticiones de rendición de cuentas se han redoblado: en la asamblea, con una oposición dispuesta a señalar cada ausencia de medios, cada negligencia, cada excusa; en las asociaciones humanitarias, con Amnistía Internacional demandando reparación y verdad a través de la judicialización de cada escrito policial; en el Gobierno, con una apuesta decidida de Moncloa y ejecutada este martes por Pilar Alegría para solicitar conocer todos los detalles, entender por qué se dejó morir sin asistencia sanitaria a tantos miles de ancianos marcados, de por vida, por la sombra de los denominados como protocolos de la vergüenza.
Pese a todo, protagonizando un ímprobo ejercicio de impunidad, la presidenta de la Comunidad de Madrid insiste cada vez que tiene oportunidad en su tesis inicial: “Morían igual”. Dos palabras y una sensación de abandono recogida en unas actas que, quitando la razón a la líder autonómica, ratifican que de haber sido trasladados a hospitales a tiempo muchos de los miles de fallecidos en centros de mayores hubiesen sobrevivido.
Algo que también podría haber ocurrido este pasado sábado en la residencia de Madrid que se incendió provocando la muerte de tres ancianas internas. El informe posterior al suceso vuelve a ahondar en las negligencias: al parecer, en el centro Juan XXIII, sito en el barrio de Aravaca (Madrid), no contaban ni con salidas de emergencia ni con sistemas contra el fuego.
Motivos suficientes para que el conflicto institucional haya traspasado las fronteras madrileñas llegando al Gobierno central. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, aprovechó la rueda de prensa habitual de cada martes, después del Consejo de Ministros, para exigir explicaciones a sus homólogos en la Puerta del Sol, denunciar la retahíla de excusas interpuestas por Ayuso y su pléyade cercana y pedir una investigación formal de lo sucedido.
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