Las actas de residencias que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, trata de esconder, muestran muchas realidades, devastadoras todas ellas, sobre el horror que se vivió en los centros de mayores durante lo peor de la pandemia del coronavirus. Un escenario que afectó con especial fuerza a los internos con discapacidad ante la falta de material y medios dotados por la región y a pesar de los esfuerzos sobrehumanos que hacían los profesionales.
Así lo dibujan de manera milimétrica varios de los documentos que ha podido leer ElPlural.com y que relatan el infierno que vivieron en este sentido residencias como la Geriatel. Uno de los informes policiales de este lugar, fechado a 30 de marzo de 2020, es muy directo a la hora de exponer cómo “18 personas con trastornos cognitivos deambulan sin control” y de contar que había “una persona sorda, muda y ciega que necesita no estar confinada”, así como otras que “necesitan asistencia personal”. Alrededor de una semana después, esta situación se corrigió.
La situación con estas personas no es muy halagüeña en el resto de centros. De este modo lo dejan claro también las anotaciones de la Policía Municipal en el Conjunto Residencial Las Fuentes. En su caso, destaca que “solicitaron” todo tipo de servicios a la Comunidad de Madrid sin obtener “respuesta alguna”, lo que generaba complicaciones -más si cabe- en el tratamiento de las personas con “problemas conductuales”.
En concreto, el acta expone que “se solicitaron servicio de desinfección a la Comunidad de Madrid cuando tuvieron el positivo que fue trasladado al hospital no obteniendo respuesta alguna”, así como “test rápidos para residentes y trabajadores todos los días”, con el mismo resultado. Entre las peticiones aparecen también la de un médico “no obteniendo respuesta alguna”. Asimismo, el centro “quiere hacer constar que a día de la fecha -11 de abril de 2020- lo que demandan es: mascarillas, batas y test rápidos”, siendo esto especialmente “urgente” porque “al tratarse los residentes de discapacitados intelectuales, el confinamiento en su habitación puede derivar en problemas mayores conductuales”.
Acta de la residencia Las Fuentes (11 de abril de 2020)
Otro de los documentos, al que ha accedido en exclusiva este medio, hace énfasis en la falta de personal. Se trata de la Fundación Gotze, donde a fecha de 12 de abril de 2020 la Policía hace constar que “cuando se recorre la residencia, se observa que están muy próximos los residentes debido a que los mismos son personas con discapacidad intelectual, manifestando que esto solo ocurre los fines de semana y festivos porque disponen de menos personal”.
Acta de la Fundación Gotze (12 de abril de 2020)
Una cuarta, que igual que la anterior por el momento solo ha sacado a la luz ElPlural.com, deja al descubierto lo complicado que resultaba la división de pacientes, máxime teniendo en consideración la falta de personal. Es el ejemplo de la Residencia San Francisco de Paula, que durante principios de abril cumplía -y así queda certificado- que “todos los residentes están aislados en sus habitaciones y sectorizados en función de su grado de dependencia”. El problema se registra a continuación, y es que, de un total de 33 profesionales, 12 estaban de baja.
Este centro cuenta con un problema concreto a en lo que a división de pacientes respecta, y es que en las instalaciones “existe una congregación de ‘hijas de la caridad’ con 17 hermanas de las cuales 4 tienen síntomas y están aisladas”. El conjunto de los profesionales manifiesta “agotamiento del personal” y piden profesionales de refuerzo.
Acta de la Residencia San Francisco de Paula (3 de abril de 2020)
Entre tribunales y explicaciones polémicas
La presidenta de la Comunidad de Madrid acudía a los tribunales para tratar de ocultar las actas. Los textos, algunos de los cuales también ha mostrado la Cadena Ser, contienen información delicada que eleva la polémica sobre los conocidos como protocolos de la vergüenza con los que el Ejecutivo madrileño dio orden de no trasladar a ancianos a hospitales.
Las familias todavía persiguen justicia sobre lo que ocurrió durante los primeros meses de pandemia, mientras que la oposición se mantiene asimismo en la pelea por ello acudiendo a los juzgados y entre reprimendas a la presidenta, como la que protagonizó la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, el pasado jueves en la sesión de control. Ese día Ayuso se defendía con unas explicaciones no exentas de polémica. “Nos pusimos a trabajar con la Policía, no a instancias de ella, y tuvo que entrar en la residencia a ver lo que había ocurrido. ¿Y sabe lo que sucedió? Que había muertos en todas partes: en las casas, en los hospitales, en las residencias. ¿Y sabe lo que pasó también? Que mucha gente mayor, cuando iba a los hospitales también fallecía, porque cuando una persona mayor está gravemente enferma no se salvaba en ningún sitio”, asumía la líder regional.
Las actas de las residencias de mayores cuentan con todo detalle el escenario de estos centros durante los primeros meses del coronavirus: muertes que se podrían haber evitado, lugares habilitados para cuerpos o la desesperación de los profesionales y su agotamiento tanto físico como mental son la tónica habitual que se repite en las más de 300 páginas a las que ha podido acceder este periódico.
