A día de hoy, cuatro años después de que ocurriera lo peor del coronavirus, los familiares de víctimas de residencias de la Comunidad de Madrid siguen reclamando justicia y pidiendo explicaciones nítidas de lo que ocurrió en los centros de mayores, cuya competencia es autonómica. Es decir, depende del equipo de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, siguen sin obtener respuesta una respuesta.
La última noticia que ha saltado a la palestra y que va en consonancia con los conocidos como “protocolos de la vergüenza” es que el gobierno autonómico había recurrido a los tribunales tras la petición de una particular que quería conocer las actas policiales que se registraron entre los meses de marzo y agosto de 2020. ¿Por qué la presidenta trata de ocultar estos informes? ¿A cuántas personas afectó la inacción del Ejecutivo madrileño?
Mortalidad mayor que en otras comunidades
Solo entre los meses de marzo y abril, durante la primera ola de la pandemia, fallecieron 9.468 personas en residencias de la Comunidad de Madrid, de las cuales 7.291 lo hicieron sin recibir atención hospitalaria.
Los informes apuntan a que la mortalidad en la región fue claramente mayor a la de otros puntos del mapa. Así se evidencia, por ejemplo, de un estudio de junio del año pasado publicado en la revista Epidemiología, según el cual la mortalidad en las personas residentes que no fueron hospitalizadas superó el 40% en Madrid, mientras que en otras comunidades osciló entre el 7,7% y el 25,9% en el peor de los casos. En dicho análisis participaron ocho autonomías.
En la misma línea, los informes apuntalan que, a diferencia de lo que pasaba en otras regiones, en Madrid la mayoría de los fallecimientos ocurrieron en residencias y no en hospitales, lo que supone una relación directa con el traslado de los pacientes. Es algo a tener muy en cuenta si se recuerda que la polémica sobre Ayuso pasa, precisamente, porque evitó que muchas de las personas que se encontraban en residencias no fueron trasladadas a hospitales. Aún así, las plataformas todavía señalan que faltan datos.
Denuncias por los protocolos de derivación de residencias
La cuestión ha llegado a los juzgados en varias ocasiones. Entre otros meses, en noviembre de 2023 la Audiencia Provincial de Madrid ordenaba a una jueza que reabriera una causa penal contra la líder regional por el fallecimiento de siete mayores en una residencia de Ciudad Lineal en relación con el protocolo de derivación a hospitales que dictó su ejecutivo.
En paralelo, un juzgado de Collado Villalba investigaba a Ayuso, Ruiz Escudero y Enrique López. En el procedimiento declararon el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, y el exdirector general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur.
Hay que poner el acento en que Reyero había publicado a finales de 2022 un libro en el que censuraba la actuación del equipo de Gobierno. En una entrevista concedida a ElPlural.com se refería de forma muy directa al modus operandi del Ejecutivo, al que relacionaba directamente con la situación en las residencias de mayores. Dimitió, según dijo a este medio, porque se “negaba a seguir compartiendo consejo de Gobierno con personas sin escrúpulos”.
Abandono en los centros de mayores
Este lunes han salido a la luz 205 actas que Ayuso pretendía esconder y que dan buena cuenta del abandono por parte de la administración hacia los interinos, así como de las situaciones a las que tenían que hacer frente tanto los propios pacientes como el personal sanitario.
Algunos de estos documentos ya se conocían, no así otros que reflejan la realidad a la que tuvieron que hacer frente quienes estuvieron en centros de mayores durante los primeros meses del coronavirus.
Casos concretos son, por ejemplo, el del 5 de abril de 2020, cuando la directora de la residencia Ballesol contó que necesitaban de manera urgente que se llevaran a tres personas mayores que habían fallecido y que seguían en el centro. Una de ellas había muerto 48 horas antes y las otras dos el día anterior. Hay que destacar que algunos de los centros, el último aquí mencionado sin ir más lejos, encabezaron el listado de los denunciados por Marea Residencias.
La situación era crítica en la mayoría de las residencias de la Comunidad de Madrid, pero los informes policiales de este lunes se refieren a Amavir, centro que el día 5 de abril de 2020 contaba con “tres fallecidos”, Orpea Madrid Valdemarín -donde los trabajadores pedían sudarios y “ayuda para retirar a los fallecidos en el menor tiempo posible”- o la residencia para personas mayores Vallecas, donde el 12 de abril los informes constataban que el centro tenía en sus instalaciones a una persona fallecida desde el día anterior.
Entre otros de los lugares afectados por la gestión de la Comunidad de Madrid se encuentra la residencia Geriatrel, cuyas zonas comunes se estaban utilizando porque había residentes con trastornos cognitivos y una persona sorda, muda y ciega que necesitaba estar confinada. La situación en este caso sí se corrigió.
Y a ellas se pueden sumar el centro Rafael Alberti, situada en Moncloa, donde los responsables pidieron “urgentemente” equipos de protección mientras no acudían “nadie” durante lo más duro de la pandemia; la residencia Sagrado Corazón, cuyo personal denunció el 31 de marzo “falta de equipo de protección”, o Nuestra Señora de Montserrat, donde todavía estaban usando “bolsas de basura” como EPIs.
