El incendio declarado el pasado domingo en la residencia de mayores Juan XXIII en el barrio madrileño de Moncloa-Aravaca fue una sucesión de catastróficas desdichas que posiblemente se podrían haber evitado si las cosas hubieran estado en regla, algo que, queda claro en el documento al que ha tenido acceso ElPlural.com, no ocurría: salidas bloqueadas, internas compartiendo cama individual o luces de emergencias y pulsador de incendios que no funcionaban fueron algunos de los elementos que dificultaron el trabajo de las autoridades.

Puertas bloqueadas

El relato de los agentes de la Policía Municipal de Madrid, plasmado en el acta policial incorporada a la investigación, revela un sinfín de deficiencias sin las cuales quizás las cosas hubieran sido distintas. Para empezar, puertas bloqueadas. El acta refleja que a la primera planta “solo se puede acceder por un ascensor o por la parte trasera del edificio”; y que los agentes no pudieron “acceder a la habitación de origen del fuego por la puerta de acceso principal”.

Con ello, para intentar entrar al lugar del fuego y tras observar que “dispone de un ventanal, cubierto por una persiana y la ventana corredera”, las autoridades “consiguen crear un pequeño hueco” después de forzar la persiana y la ventana corredera. “En la planta primera, otra puerta de emergencias de salida a la terraza se encuentra también bloqueada”, apostillan las líneas.

Camas compartidas

Pero este es solo uno de los puntos polémicas que se extrae del documento. Otro tiene que ver con que había dos personas compartiendo una cama individual, y el resto pasaría por el no funcionamiento de las luces de emergencias ni del pulsador de incendios.

Luces y pulsador de alarma de incendios sin funcionar

Comenzando por este segundo, el acta es igual de clarividente: “Al accionarla la manguera pierde toda la presión, dejando de expulsar agua. Al tratar de reactivarla se observa por parte de los agentes que el manómetro marca 0 bares, habiendo perdido toda la presión”.

Y añade: “No existen luces de emergencia en ninguna estancia y el pulsador de alarma de incendios no emite señal luminosa ni acústica al ser accionada (…) Todo esto dificulta la labor de los agentes para evacuar a los residentes”.

Asimismo, queda claro que “la bomba de presión de la BIE carecía de corriente eléctrica, motivo por el cual no presentaba presión en el momento de ser utilizada por los policías intervinientes”. Esto, explica el documento “se debía a que estaba conectada al cuadro eléctrico general de la vivienda, en lugar de a uno independiente el cual no hubiera sido afectado por el incendio”.

Rita Maestre pide depurar responsabilidades

La portavoz del Grupo Municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha asegurado en redes sociales que su formación no cesará en su empeño para “hacer justicia a través de la verdad”. La dirigente de la formación regional ha subrayado el compromiso del partido para “con los residentes, sus familias, con esta pata fundamental del sistema de cuidados públicos que tenía que ser un orgullo y que desgraciadamente es una fuente de malas noticias”.

Por ello, Maestre ha exigido al Ayuntamiento que “haga públicos” todos los informes, actas e inspecciones tanto de la Policía Municipal como de los Bomberos. Asimismo, reclaman a la Comunidad de Madrid que rinda cuentas sobre lo que es una competencia directa de su gobierno. En este sentido, reclaman responsabilidades a la delegada de seguridad y al concejal de Moncloa-Aravaca.

El Gobierno de España, también

En la misma línea, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha cargado contra la gestión de la líder regional en materia de residencias, pidiendo que se “abra una investigación” por lo ocurrido. "Es una residencia que tiene concertadas las plazas con la comunidad autónoma de la señora Ayuso y, viendo lo que ha sucedido, espero y deseo que se abra una investigación y que llegue hasta las últimas consecuencias", ha expuesto a la vez que apostilla que el patrón seguido por la responsable de Sol en materia de centros de mayores ha sido “siempre el mismo”; el del “abandono, errores continuos, mala gestión y una dolorosa falta de empatía".

Desde la Comunidad de Madrid aseguran que es una “brutalidad” culpar a la presidenta y recuerdan que se hizo dos inspecciones en abril y agosto en las que las instalaciones se encontraban conforme a la legislación antiincendios.

La principal hipótesis que se maneja por el momento es que el incendio lo provocó el mal funcionamiento de un cargador de móvil o un calentador. En el geriátrico vivían 36 personas mayores y fallecieron tres.