Francina Armengol salió a defenderse. Escasos minutos antes de la Junta de Portavoces, la presidenta del Congreso de los Diputados compareció ante los medios para repeler la estrategia de un Partido Popular que ha llevado la política al “barro”. La tercera máxima autoridad del Estado ha pasado a la ofensiva frente a los conservadores, defendiendo su honorabilidad y la de la administración balear en su conjunto en la compra de material de sanitario durante los meses más duros de la pandemia del coronavirus. Ha negado cualquier contacto con los “20 detenidos” en el marco del caso Koldo –“ninguno de su gobierno”- y ha devuelto los cuchillos a Génova 13: “Quien pide mi dimisión es quien sale en el sumario”.

La presidenta del Congreso de los Diputados, consciente de su “enorme responsabilidad”, ha defendido su honor, su nombre y la gestión no sólo suya en calidad de presidenta de Baleares, sino también la de toda su administración al completo. En uno de los momentos más duros de la pandemia, todas las autonomías “competían unas contra otras” por la adquisición de material sanitario para proteger a la ciudadanía, a los funcionarios y por supuesto a los médicos y enfermeros. Por este motivo, ha continuado Armengol, ha expuesto que entre sus motivaciones para ejercer la política ha primado la lucha contra una corrupción que “detesta y repugna”.

Armengol: "El PP ha traspasado todas las líneas rojas. En política no todo vale"

Armengol se ha visto obligada a ofrecer las explicaciones pertinentes en público ante el alud de informaciones que protagoniza y a tenor del “ruido” que el Partido Popular imprime al debate público. La tercera máxima autoridad del Estado advierte a los conservadores que no cederá ni un milímetro ante quienes buscan “mancillar” su nombre o el de su administración. “Han traspasado todas las líneas rojas posibles. En política no todo vale y no todos los políticos somos iguales”, ha comenzado la presidenta de la Cámara Baja, al tiempo que describía las bondades de la “noble tarea” de hacer política.

Apuesta por alejar la vida pública del “barro” al que el principal partido de la oposición intenta llevar el debate. “Nunca contribuiré a la crispación”, advertía ante los periodistas desde las entrañas de la Carrera de San Jerónimo, blindando su acción política al frente del Govern de Baleares y de todos los miembros de su administración. Motivo por el cual, ha redundado, no piensa dimitir. Es más, ha proseguido, no sin cierta retranca, que quien ha planteado su dimisión es “quien sale en el sumario” del caso Koldo.

En este sentido, considera imperativo “bajar el suflé” en el debate público, porque la política no se cimenta sobre el “ruido, el barro o la crispación”, sino en abordar las cuestiones que “preocupan a la gente”. Por ello, redunda en las apelaciones a la “responsabilidad” devengada del cargo público y el escaño, máxime en tiempos en los que se presentan infinidad de “retos por delante”. Así las cosas, ha urgido a la oposición a construir sus explicaciones con arreglo a “datos y documentos”. “El que tenga que dar explicaciones que las dé”, ha resumido.

Legítima defensa

Armengol ha recordado los duros momentos a los que se enfrentaron cuando se efectuó la compra de las mascarillas a la empresa estrella de la trama Delorme. “Fue lo peor de la pandemia. Unos momentos que viví y no deseo a nadie, con gente muriéndose cada día mientras nos dejábamos la piel para salvar y proteger a los ciudadanos y funcionarios”, ha expuesto la expresidenta balear, precisando que en abril de 2020 apenas contaban con material. En parte, según ha argumentado, debido a las complejas condiciones “insulares” de la autonomía, pero también por la exacerbada competencia entre comunidades por “comprar material sanitario”.

“Esa es la realidad que vivimos”, ha deslizado una Armengol que encabezaba una administración que “en tres meses” compraron las mascarillas, trabajando al “unísono para proteger a toda la sociedad”. En este sentido, ha negado cualquier tipo de contacto con los “20 detenidos” en el marco del caso Koldo, aduciendo que ninguno de ellos, además, cuenta con vínculos con el Govern balear. “Decidimos comprar material para proteger a funcionarios públicos ante la escasez. Nos llegaban nombres de empresas de diferentes sitios, incluidos intermediarios, empresarios y también ministerios, instituciones y ayuntamientos”, ha puntualizado.

Armengol niega cualquier tipo de "presión" o "coacción" y asegura que las decisiones las tomaba el Servicio de salud con arreglo a "criterios técnicos"

No obstante, la última palabra no la tenía Armengol, sino el Servicio de balear de salud, que era a quien se remitían todas las ofertas y el encargado de ponerse en contacto con las empresas. Una decisión que, en palabras de la presidenta del Congreso de los Diputados, tomaban desde esta institución con arreglo a “criterios técnicos”. En cualquier caso, las mascarillas de la discordia se pagaron a la “mitad de precio que otras autonomías”, sin ningún tipo de “presión y coacción” por parte de terceros.

Así las cosas, Armengol recuerda que extendieron una reclamación a la empresa a escasos meses de caducar las elecciones autonómicas, allá por el mes de marzo de 2023. Por lo tanto, abona la limpieza de su gestión al frente del Govern balear y de todas las carteras de la administración. “Nadie es nadie”, ha subrayado, mientras resaltaba que no ha habido ninguna persona que le hubiera dado “instrucción” para contratar a ésa u otra empresa. “Yo no soy de esas”, ha remachado.

En aquel momento el pensamiento preponderante -al menos en Baleares-  era que “todo el mundo quería ayudar” en la protección de la ciudadanía. Armengol ha insistido en que era el servicio de salud el organismo encargado de ponerse en contacto con las empresas. Por ello, la presidenta del Congreso defiende que su administración “analizó” todas y cada una de las ofertas. “¿Alguien puede pensar que hubiésemos mandado a analizar ese material? ¿O reclamado a la empresa? Por favor… Esto es lo que hay. Por eso me indigna tanto que se intente manchar mi nombre y el de mi gobierno”, ha remarcado. Eso sí, ha matizado que si hubiera una persona de su Ejecutivo que se lucró con aquella operación, “que caiga sobre ella todo el peso de la ley”.

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