El juez Juan Carlos Peinado insiste en intentar involucrar a Begoña Gómez en la semana en la que le ha llamado a declarar. Sin embargo, pese a los esfuerzos que pone el magistrado en tratar de encontrar algo punible en las actuaciones de la mujer de Pedro Sánchez, sus esfuerzos no llegan a buen cauce.

En este sentido, el magistrado abre nuevos frentes según pasan los días y las horas a partir de la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias y de Vox. En concreto, las últimas derivadas están orientadas a investigar la relación de Gómez con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde llegó a tener dos máster y una cátedra extraordinaria; su contratación con el IE África Center o asuntos personales relacionados con sus finanzas.

Esta semana el magistrado va a interrogar a Begoña Gómez, pero también a otros testigos que Peinado entiende que pueden ser clave para el devenir del futuro judicial de la esposa de Sánchez, sobre quien, por el momento, ningún organismo oficial en el ámbito policial -entre otros- aprecia nada susceptible de delito ni que contenga un ápice de ilegalidad.

Testigos citados por Peinado

Así las cosas, entre las personas a las que el juez va a preguntar esta semana se encuentran el exconsejero madrileño del PP y uno de los hombres fuertes de Esperanza Aguirre, Juan José Güemes. Mientras tanto, el juez se ha abierto a investigar el patrimonio de Gómez en un análisis que cada vez se encuentra más alejado de objeto social y que aparca las sospechas acerca de los contratos de Juan Carlos Barrabés así como las cartas de recomendación en las que Manos Limpias centró su denuncia.

A pesar de la insistencia, todo sigue apuntando a que los estudios alrededor de Gómez que sigue llevando a cabo el magistrado terminarán por no dar con nada que pueda involucrar a la protagonista de estas líneas. Sin embargo, Peinado insiste.  Por partes, respecto de lo que tiene que ver con la asesora de Moncloa, María Cristina Álvarez, se refiere a los intercambios de correos en los que ésta habría mandado a empresas que colaboraban con Gómez en su trabajo para la Complutense.

Sin embargo, además de a ella, en una providencia fechada a 10 de diciembre, el juez pidió a la Presidencia del Gobierno que aportara una lista detallada con todos los trabajadores y asesores que ejercen en Moncloa. Y más allá de ello, es que el juez no explica el motivo de la petición de información mencionada ni para qué quiere la lista de cientos de personas de la que forman parte también funcionarios y puestos de libre designación que trabajan en la sede presidencial. María Cristina Álvarez tendrá que hablar el próximo viernes.

Dos días antes de ella, el miércoles, comparecerá como investigado el Güemes; el ex del PP que fue citado como testigo y terminó imputado al momento después de negar haber dado la orden de contratar a la mujer de Sánchez por el hecho de serlo. Durante su comparecencia anterior, explicó que la contratación de Gómez se había llevado a cabo atendiendo a su experiencia en el ámbito de la captación de fondos.

La versión de Güemes es contradictoria a ojos del juez, que se refiere a lo estimado en sede judicial por la directora de Recursos Humanos del IE, Sonsoles Blanca Gil de Antuñano. La directiva señaló a Güemes como la persona que sí había dado la orden de contratar a Gómez para dirigir el IE África Center. En estas, aseguró que su sueldo subió a 55.000 euros en 14 pagas mientras Peinado llegó a plantear un careo entre los comparecientes; una propuesta que terminó con la resolución de que el testigo hablara de nuevo, pero que esta vez lo hiciera en calidad de imputado. Con todo, no concretó hechos, ni delitos ni nada por el estilo que se les atribuye de manera indiciaria.

Peinado ha imputado ya a varios testigos después de escuchar sus respuestas en el juzgado. El magistrado operó así con Juan Carlos Barrabés, profesor del máster que dirigió Gómez en la UCM y empresario que cerró firmas relacionadas con la innovación. Sin embargo, aquí parece que el magistrado dejara de lado que Barrabés ha firmado acuerdos con muy distintas administraciones públicas de todos los colores políticos.

De la misma manera ha operado el juez, por ejemplo, con el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, que en sus comparecencias negó haber dado trato alguno de favor a Gómez y se desvinculó de la creación de la cátedra de la mujer del Jefe de Gobierno. Lo mismo que con Güemes, el juez tampoco ha aclarado qué es de lo que se le acusa.

Las cuentas de Begoña Gómez

Dentro de los hechos concretos con los que el magistrado ha intentado arrinconar a Gómez se encuentran cuestiones como el patrimonio, al que habría tenido acceso y sobre el que ha encontrado una decena de cuentas bancarias en las que lo máximo que aparece son 40,25 euros.

Frente a ello, la defensa de la mujer de Sánchez avisó al jueza de que la información bancaria que había obtenido era totalmente “errónea” a la vez que emplazó a proteger sus datos personales para que no acabaran en manos de “terceros”, incluida la prensa. Entre los fallos advertidos aparecían cuestiones como la identificación de la cuentas, dado que aparecían algunas de las que no es titular; como a los saldos, dado que insistía en que es “totalmente incierto que esas cuentas tengan casi todas ellas un saldo 0”. En la misma línea, la defensa indicó que parte de esa información llegó incumpliendo “principios básicos en materia de protección de datos personales”.