El juez que investiga a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha abierto una nueva guerra con el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. En este caso, le ha apercibido por sus continuas visitas al juzgado así como su "insistencia" para conocer las resoluciones "dictadas y las que pudieran llegar a dictarse". 

"No le llegan los autos"

Según ha podido saber ElPlural.com de fuentes del Ministerio Público, la razón por la que el fiscal acude con “asiduidad” al juzgado es, ni más ni menos, que “porque no le llegan los autos” y se entera de lo que está sucediendo en el procedimiento a través a bien de las notas de prensa con las citaciones, o bien por lo que se publica en los medios de extrema derecha de las diligencias solicitadas. Lo que vendría siendo que el juez no les informa de nada.

Las mismas fuentes explican que el juzgado envió las citaciones de los testigos después de decirle al gabinete de prensa que informara a los medios, algo que el gabinete está obligado a hacer, pues manda el juez. Fue al leerlo en los medios cuando el fiscal llamó al juzgado para preguntar por las citaciones y, fue después, cuando se le envió formalmente esta petición de citaciones.

Pide una copia del DNI

El polémica juez Peinado, quien abrió diligencias contra Gómez por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias -algo sobre lo que ningún organismo ha encontrado evidencias- lanza fuego a discreción contra el Fiscal General del Estado por las continuas visitas al juzgado y por su “insistencia” en conocer las resoluciones, tal y como se ha señalado.

Por dicho motivo, el juez que investiga a la mujer de Sánchez ha pedido a la letrada de la Administración de Justicia de su juzgado que realice un seguimiento sobre las visitas que lleve a cabo el fiscal y una insistencia que él considera desmesurada para conocer las resoluciones judiciales.

Pero no ha sido la única solicitud que ha realizado. Así las cosas, también ha librado oficio a la Policía Nacional para que remita a la mayor brevedad al juzgado una copia del DNI de Begoña Gómez.

Intenta interferir

Parece evidente que la independencia de Juan Carlos Peinado es cuanto menos cuestionable. En este sentido, hace unos días se conocía que maniobraba para condicionar las elecciones europeas que se celebran el próximo 9 de junio. De forma más detallada, se reveló que había llamado a declarar a cinco testigos el próximo día 6 del mes que viene, tan solo tres días antes de la mencionada cita electoral.

El día 7 de junio, por su parte, ha llamado a declarar a Juan Carlos Barrabés Cónsul, profesor de un máster de la cátedra que codirigía Gómez y cuya empresa obtuvo dos lotes en los concursos convocados por Red.es, que entonces dependía del Ministerio de Economía. Barrabés incluyó en su oferta 32 cartas de recomendación, una de ellas firmadas por la mujer de Sánchez y otra por la responsable de Empleo del Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida.

El titular del Juzgado de Instrucción abrió diligencias de investigación por un presunto delito de corrupción en el sector privado y posible tráfico de influencias. La pasada semana ya tomó declaración a dos periodistas de los medios de comunicación que han publicado informaciones sobre la esposa de Sánchez -y sobre los que el pseudosindicato Manos Limpias, encargado de elevar el documento, se lava las manos- y esta presunta relación. Por el momento, ningún organismo ha encontrado indicios suficientes como para que Gómez tenga que rendir cuentas.

El último ejemplo de ello es un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que descarta cualquier tipo de tráfico de influencias por parte de la mujer del presidente. Pese a todo, este miércoles trascendía la decisión del juez de seguir impulsando la investigación, en plena comparecencia de Sánchez en el Congreso acerca de este asunto -entre otros- a la vez que se conocía que tomará declaración una fecha situada a tan solo tres días de las elecciones europeas. Al documento de la UCO hay que añadir la petición de la Fiscalía para archivar la causa y el revés que sufrió el PP por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses.