Moncloa y Sol vuelven a chocar en materia de universidades. El Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, conforme al plan estatal universitario de 169 millones de euros, ha tratado de maniobrar para evitar hacer fijos a esos más de 1.000 profesores de sus universidades públicas. Un tanteo que ha sido rápidamente descartado por el Ministerio dirigido por Diana Morant.
Conforme a las negociaciones entre la cartera de Ciencia, Innovación y Universidades con la Consejería de Educación madrileña, Moncloa ha dejado en claro que no habrá excepciones con Madrid respecto al resto de comunidades autónomas en este plan de refuerzo financiero de las universidades públicas españolas.
En aras de eludir aspectos de carácter obligatorio que comprenden el plan estatal, el consejero madrileño dependiente de universidades, Emilio Viciana, envió un correo al Ministerio señalando que no están por la labor de cambiar ningún punto del programa María Goyri. A modo de respuesta, y según recoge El País, Juan Cruz Cigudosa, secretario de Estado del Ministerio de Morant, ha contestado que no aceptarán desigualdades territoriales, séase, que la forma y el fondo del plan es inamovible.
De esta manera, el Gobierno central otorga a Madrid un plazo de cuestión de días, hasta este viernes 13 de diciembre, para aceptar o no el plan estatal; en caso contrario, el Ejecutivo de Sol perderá la cuantía que le corresponde de los 169 millones de euros nacionales para la estabilización de sus más de 1.000 profesores universitarios en situación laboral vulnerable.
Moncloa ha dejado en claro en su contestación a Sol vía por correo que la firma de dicho convenio con las comunidades autónomas se deberá realizar “en los mismos términos” para todas y cada una de ellas. Reiterando, al paso, que Madrid llegó a votar a favor de dicho plan en la Conferencia de Universidades del pasado mes de junio pero, conforme ha ido pasando el tiempo, Ayuso se descolgó para, a última hora, recular.
Ayuso dejaría a más de 1.000 profesores sin ser fijos
La intención de Sol, a la contra de lo dictado por el Ejecutivo central en esta materia, sería no estabilizar laboralmente a los 1.091 profesores universitarios ayudantes doctor afectados por la infrafinanciación. A ello, se suma su pretensión de, con la partida estatal, pagar los sueldos de otras figuras docentes, según recoge el medio citado en líneas anteriores.
Tras el anuncio de Moncloa, y cuando el Ejecutivo de Ayuso reculó en su negativa -después de tildar como “convenio trampa” la propuesta estatal-, en un comunicado posterior de la Consejería, tacharon de “imposición” la medida estatal, asegurando que obligaba a “contratar a una única figura docente, de la de profesor ayudante doctor”, pese a las constantes insistencias de la comunidad docente universitaria pública a lideresa madrileña de firmar el programa María Goyri.
A su vez, Madrid también pretende decidir a qué profesores beneficiará esta cantidad pese a que el programa está destinado a contratar a doctores y determinar por su cuenta en qué universidades lo implanta. La intención del Ministerio también recae en que la contratación de docentes ayudantes doctor sea que, después de esos seis años, puedan adquirir acreditaciones para ser profesores titulados.
El pacto entre Estado y Comunidades Autónomas en clave universitaria se refiere a un sufragio del Gobierno central del 60% de los sueldos docentes, mientras que las Administraciones regionales se harían cargo del 40% durante seis años. Con ello, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se hará cargo de los salarios de hasta 656 profesores (169,8 millones); mientras, las comunidades, de 435 sueldos (112,3 millones).
Es necesario volver a puntualizar que las competencias en materia universitaria recaen exclusivamente en las comunidades autónomas, siendo ésta la primera vez que el Estado interviene para cofinanciarlas. La polémica en este sentido ya venía sustentada en semanas atrás, cuando los sectores universitarios venían clamando contra las medidas de Ayuso y su infrafinanciación, al incluir en el borrador de sus presupuestos de 2025 tan sólo un 0,9% - apenas 5.468.531 euros más a repartir entre seis universidades públicas- en sus partidas universitarias y, tras la confrontación con Moncloa, Madrid tuvo que incrementarla a un 4,2%, séase, unos 47 millones de euros; cantidad aún “insuficiente” en voz de sindicatos y sectores universitarios.
