A pesar de que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, liderada por Emilio Viciana, aceptó finalmente la ayuda de 169 millones de euros procedentes del Gobierno Central para contratar a más de 1.000 profesores para dar clase en las universidades, la situación en el aspecto público de las mismas sigue siendo muy preocupante, y es que la capital es la región que peor financia a los centros: un 21% menos que la media de gasto por estudiante.
Dudas sobre la contratación de docentes
"La negativa a firmar este convenio era algo totalmente incomprensible y, de hecho, la Comunidad de Madrid va a ser prácticamente la última en firmarlo", recuerda Isabel Galvín, portavoz educativa de CCOO. quien "muestra su preocupación sobre cómo se va a concretar la firma" después de las declaraciones del consejero, que hablaba de una alternativa que, todavía, no ha llegado a Moncloa. "No se sabe si esta incorporación de profesorado va a tener efectos en 2024 o en 2025, y nos preocupan las “adaptaciones autonómicas” que al parecer quieren hacer, incluyendo otras figuras de profesorado", apunta.
"Es fundamental que el convenio se firme lo antes posible y que la incorporación de estos profesores al inicio de su carrera académica se haga con la mayor celeridad” afirma en la misma dirección Jesús Escribano. Secretario de Universidad de la FE.
La situación de las universidades en Madrid
Por esta y otras muchas razones, este viernes la comunidad educativa vuelve a salir a la calle, y es que los datos de la región no dejan en un buen lugar a la región liderada por Isabel Díaz Ayuso, que registra un claro déficit de inversión para favorecer a los alumnos o alejado de la calidad del trabajo que desempeña el equipo docente; lo mismo pasa con las infraestructuras.
En concreto, algunos sectores que acuden este viernes a la protesta explican que la situación de infrafinanciación viene de lejos -de 2008- y que, todo apunta, va a culminar con los Presupuestos Generales del Estado que la Comunidad de Madrid espera sacar delante de aquí a unos días de cara a 2025, después de que algunas formaciones hayan registrado enmiendas.
El incremento del presupuesto en 2024 fue cercano al 6%, mientras que los rectores reclamaban una subida del 18% para el curso que viene y la realidad se queda en una subida del 0,9%. Esto se traduce en que las universidades públicas disfrutarán de un aumento, en su conjunto, de 5’5 millones de euros adicionales si se enfrenta con el cosechado en 2024. “La cantidad supone prácticamente el mismo presupuesto que la Comunidad de Madrid destina a la tauromaquia”, lamentan CCOO, UGT y CGT.
Los números no salen si se tiene en cuenta, dicen los sindicatos, el IPC real de 2024 así como las subidas que se han llevado a cabo este año. Además, indican que la solución no pasa por aumentar en un 4,2% el presupuesto como prometía esta semana la región, ya que, de hacerse efectiva, la medida solo representaría el 23,6% de las cantidades que reclaman las universidades. Las conclusiones que extraen los sindicatos es que las universidades públicas tendrán en 2025 una subvención nominativa inferior a la de 2009.
Entre las mayores preocupaciones de la comunidad universitaria se encuentran que las familias madrileñas son las que más pagan de matrícula pese a que Madrid cuenta con los precios públicos más elevados del país.
Asimismo, reseñan que la Comunidad de Madrid es la que menos PIB per cápita destina a la universidad pública de España, con un 13,9% frente al 27,8% mientras ponen pie en pared por otras cuestiones no menos relevantes. Entre ellas, se encuentra que el incremento en relación a las transferencias corrientes de la Comunidad para el pago de los empleados públicos de las universidades se sitúa por debajo de los incrementos salariales de aplicación en cada ejercicio.
Igualmente, en lo que se refiere a infraestructuras, el presupuesto real de la autonomía que se destina a los inversores se encuentra en stand by desde 2018. Concretamente la cifra se queda en los 7’6 millones de euros para las 6 universidades públicas, mientras que en 2024 se situaba tres millones por encima. Es cierto que el equipo de Ayuso ha anunciado en este aspecto hasta los 20 millones para infraestructuras, pero ello no alcanza a lo presupuestado por los centros.
También afean que se hayan aprobado 14 universidades privadas (y alguna que estaría por venir), aunque muchas de ellas acumulan informes -y varios- en contra.
Exigencias de los sindicatos
A la vista del escenario, la parte que se manifiesta propone la modificación del Proyecto de Ley de los Presupuestos para el año que entra con el objetivo de que la partida que se destina al concepto universitario aumente, al menos, en 200 millones.
También emplaza a implementar a partir de 2025 la obligatoriedad que aparece en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU), de que cada comunidad autónoma implemente el curso que viene un 1%, muy superior al 0,4% que la región envía ahora mismo.
