El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la convocatoria de 2025 de las becas SERÉ, una iniciativa clave del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para garantizar que el acceso a las altas carreras judiciales y jurídicas no esté condicionado por el nivel de renta.
La nueva convocatoria contará con una dotación histórica de 15,6 millones de euros, prácticamente el doble que en 2024 (8 millones) y casi diez veces más que en 2022, cuando este programa pionero arrancó con apenas 1,6 millones.
Con esta inversión, el Gobierno prevé conceder hasta 1.300 becas de 12.000 euros anuales durante cuatro años a opositores a las Carreras Judicial y Fiscal, al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y al de Abogados del Estado.
Mérito, capacidad y justicia social
Las becas SERÉ, nombre que alude al compromiso de "ser" futuro personal de la Justicia, se enmarcan en una estrategia clara del Ejecutivo: garantizar que el mérito y la capacidad sean los únicos criterios de acceso a las altas esferas de la justicia, dejando atrás un modelo en el que el coste de la oposición - que puede superar los 40.000 euros - actuaba como barrera de clase.
Además del respaldo económico, el programa ofrece acompañamiento pedagógico personalizado para quienes preparen las oposiciones a juez o fiscal. En estos casos, los 12.000 euros se reparten en 8.400 euros de ayuda directa y 3.600 para sufragar un programa de preparación tutorizado por profesionales en activo, coordinado por el Centro de Estudios Jurídicos. El sistema prevé sesiones semanales, presenciales o virtuales, adaptadas a las necesidades de cada aspirante.
Una política pública que blinda oportunidades
La apuesta del Gobierno por democratizar el acceso a la Justicia no solo se refleja en cifras. El Proyecto de Ley de Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, actualmente en tramitación parlamentaria, busca blindar por ley estas becas y vincularlas como mínimo al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), garantizando así su continuidad y suficiencia.
Desde su creación en 2022, el número de becas se ha multiplicado por más de cinco (de 245 a 1.300), y la cuantía máxima por beneficiario ha pasado de 6.600 a 12.000 euros anuales. En paralelo, se ha consolidado una estructura de apoyo que rompe con la idea elitista de que solo quienes pueden permitirse años sin ingresos tienen acceso real a una plaza en la Justicia.
Datos de la convocatoria 2024: mayoría de mujeres y jóvenes
En la última edición, correspondiente a 2024, se concedieron 983 becas, un 24% más que en 2023. El perfil de los beneficiarios muestra el impacto social de esta política pública: el 90% tenía entre 21 y 33 años, y las mujeres fueron amplia mayoría, con 791 becas frente a 192 para hombres.
Por territorios, Andalucía lideró el número de beneficiarios (26%), seguida por la Comunitat Valenciana (13%). La mayoría de las ayudas (790) se destinaron a opositores a la Carrera Judicial y Fiscal, mientras que 162 fueron para preparar el acceso al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y 31 para el de Abogados del Estado.
