El Consejo de Ministros de este martes se ha centrado principalmente en la materia judicial. El Gobierno de coalición ha dado luz verde en primera vuelta a un reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que considera “ambiciosa”. Desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes consideran que este anteproyecto de ley “fortalece” la autonomía de la Fiscalía y “mejora su capacidad funcional”. Asimismo, consideran que esta reforma será clave para la adaptación a la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
Esta nueva norma que se proyecta para más adelante pretende que el encargado de la instrucción de los procesos penales corresponda al fiscal, como sucede en la mayoría de países de la Unión Europea (UE). No obstante, y más allá de estos futuribles, el anteproyecto desgranado por el ministro a cargo del Ramo, Félix Bolaños, incluye ya importantes modificaciones con las que el Ejecutivo pretender atender las recomendaciones de la Comisión Europea y del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO).
“Estamos llevando a cabo la mayor transformación de la justicia en décadas, que necesita nuestro judicial, y lo estamos llevando a cabo con reformas profundas”, ha valorado el ministro de Justicia. “Seguimos modernizando, mejorando y acercando nuestra Justicia a los mejores estándares europeos”, ha añadido antes de comenzar la explicación sobre los dos abordajes.
Cambios en la Fiscalía General
En unos momentos en el que la figura y nombre del Fiscal General del Estado, Álvaro García, están más de actualidad que nunca, debido al caso que afecta al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el Gobierno plantea una reforma que busca “reforzar la autonomía y la independencia” del Ministerio Fiscal. En ella se incluye modificaciones específicas para la figura del jefe de los fiscales.
Así, el mandato del Fiscal General del Estado pasará a ser de 5 años y ya no coincidirá con el del Gobierno, como hasta ahora, ni podrá ser llamado a comparecer ante el Consejo de Ministros. Todo ello con la intención de “garantizar su independencia”. Además, “para impedir ceses discrecionales por parte del Gobierno”, esta figura solo podrá ser cesado en caso de incumplimiento grave o reiterado de sus funciones. Para justificar este cese se requerirá un informe previo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Si la norma llega a ver la luz, el Fiscal Genera también sumará atribuciones que hasta ahora corresponden al Gobierno, como el nombramiento, ascenso y sanciones de los principales fiscales, a más del seleccionador de los encargados de cada caso. En la misma línea, quedaría reforzada la autoridad de la Junta de Fiscales de Sala, que podría imponer su criterio sobre el del Fiscal General si cuenta con el apoyo de mínimo 3/5 partes, buscando evitar así cualquier posibilidad de autoritarismo en la institución.
“La norma también refuerza la transparencia del Ministerio Fiscal y de las asociaciones de fiscales, que no podrán recibir financiación privada ni de gobiernos u organismos extranjeros. Asimismo, prevé la creación de un registro público de los fiscales encargados de preparar a opositores, que, además, necesitarán la autorización de la Fiscalía General del Estado para hacerlo”, zanjan desde Presidencia.
Becas para democratizar la carrera judicial
Otra de reformas que han llegado al Consejo de Ministros es el proyecto de ley para la democratización del ingreso y la permanencia en la carrera judicial, buscando evitar que tan solo puedan acceder aquellos con un elevado poder adquisitivo. Esto se realizaría a través de resortes como el blindaje por ley del sistema de becas para opositores o la posibilidad de preparar las oposiciones en un organismo público, como el Centro de Estudios Jurídicos.
Asimismo, el texto incluye un registro público para los preparadores de las oposiciones. Al respecto, prevé que deberán solicitar una autorización en todos los escenarios para ejercer tal actividad, garantizando la convocatoria de plazas para lo que se conoce como el cuarto turno, que permite un acceso a la carrera judicial meritocrático y basado en la experiencia, sin necesidad de estudiar una oposición. Una vez aprobado como proyecto de ley, la norma podrá iniciar el camino parlamentario, donde podrá recibir el visto bueno definitivo dentro de unos meses.
