La oleada de incendios forestales que arrasa España ha devorado ya decenas de miles de hectáreas y provocado evacuaciones masivas, con más de 25.000 hectáreas calcinadas según los últimos datos. Como viene siendo habitual en estas catástrofes, el episodio ha desencadenado un cruce de reproches políticos. Desde el Partido Popular acusan al Gobierno central de haber llegado “tarde” ante la crisis y de carecer de una política firme contra los fuegos. Sin embargo, la legislación vigente atribuye a las comunidades autónomas la competencia de prevención y extinción de incendios forestales, por lo que, según la portavoz socialista en la materia, “por ley corresponde” actuar a los gobiernos regionales afectados.
Alberto Núñez Feijóo ha cargado duramente contra Pedro Sánchez, lamentando la “ausencia de políticas contra incendios forestales” y criticando que el Ejecutivo “sigue de vacaciones” mientras se extienden las llamas. En sus declaraciones matutinas, el líder del PP reprochó al Gobierno no haber activado a tiempo “la vigilancia en los bosques y en los montes españoles”, justo antes de que comenzase la temporada de alto riesgo. Estas acusaciones llegan incluso cuando la mayoría de los territorios más afectados (Galicia, Castilla y León, Andalucía o Castilla-La Mancha) están gobernados por el PP, lo que ha suscitado críticas internas de que la oposición arremete contra el Ejecutivo contra viento y marea.
Sin embargo, el Gobierno no se ha quedado callado. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rechazó dedicar tiempo a debates estériles y pidió centrarse en la cooperación: “No vamos a malgastar ningún tiempo en otra cuestión que no sea trabajar, coordinar y poner todos los medios desde el Estado a disposición de las comunidades autónomas”. En la misma línea, la ministra Elma Saiz remarcó que su papel sería colaborar y no confrontar: “Mientras España está ardiendo, a mí me van a encontrar siempre en la colaboración y no en la confrontación”. Desde Moncloa se insiste en que el Ejecutivo está movilizando todos los recursos posibles y apunta que, pese a lo que insinúa el PP, España dispone este verano de una flota de 56 aeronaves dedicadas a la extinción, desmintiendo los datos que presentó la dirección popular. En palabras del propio Gobierno, la acusación de menos medios “es falsa”, pues “la realidad es que el número de aeronaves asciende a 56”.
Además de la estrategia pública de Feijóo, otros dirigentes del PP han aprovechado la crisis para responsabilizar al Gobierno central. La vicesecretaria Carmen Fúnez ha atribuido la falta de efectivos y medios al hecho de que el Ejecutivo socialista no haya logrado aprobar unos Presupuestos Generales para 2025. Fúnez mostró un documento ministerial señalando que “un factor importante que impide contratar” un mayor número de aeronaves contra incendios es precisamente “la ausencia de Presupuestos Generales del Estado aprobados” para este año. Sin embargo, resulta evidente que esa carencia choca con el contexto: las leyes autonómicas de Andalucía, Galicia, Castilla y León o Madrid establecen que la prevención y lucha contra el fuego dependen de las autonomías, y en este caso esas comunidades están bajo gobierno popular.
Bajo este contexto de crisis natural, el precedente de la DANA de Valencia reaparece en el debate. En octubre de 2024 una catástrofe meteorológica dejó más de 200 fallecidos y enormes daños en la provincia de Valencia. Entonces, el presidente valenciano Carlos Mazón culpó a Pedro Sánchez por la tardanza en lanzar la alerta, pese a que la ley apuntaba justamente a la Generalitat como autoridad responsable de la emergencia. Según informaciones de prensa, Mazón llegó a insinuar que debería ser el Gobierno central quien hubiese enviado la alarma climatológica, olvidando que fue precisamente su ejecutivo quien demoró las alertas y la declaración de emergencia en aquellas primeras horas. Ahora, se recuerda que la jueza de Catarroja dejó claro que el mando único en la DANA correspondía al Gobierno autonómico valenciano, no al Estado. En resumen, aunque se trató de un fenómeno extraordinario ―con avisos meteorológicos días antes― quien tendría que haber coordinado la respuesta fue la Generalitat, según subraya la investigación judicial.
Este tenso episodio ha puesto en evidencia una paradoja señalada por la todos: con 11 comunidades gobernadas por el PP, la sombra de la DANA obliga a sus líderes a recordar que cuando las emergencias golpean, la responsabilidad recae en quien manda. La Vanguardia lo refleja claramente: “el poder, en política, no siempre suma; también expone. Y cuando las emergencias golpean, la responsabilidad recae en quien manda, como bien debe recordar Carlos Mazón tras la dana de Valencia”. En otras palabras, la misma posición que el PP adopta ahora –culpar al Ejecutivo central– estuvo sobre la mesa en Valencia y chocó contra la realidad de las competencias autonómicas. El diario añade que, con el mapa autonómico teñido de azul, “las llamas apuntan a presidentes autonómicos populares, obligados a explicar la falta de medios, las carencias estructurales y las decisiones presupuestarias”. En definitiva, la polémica política se enciende cada vez que arde España, pero apunta directamente hacia quienes gobiernan los territorios quemados, recordando las lecciones de la DANA valenciana.
