En plena oleada de incendios que arrasan miles de hectáreas y dejan tras de sí un rastro de pérdidas humanas y materiales, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha cargado duramente contra la forma de actuar de los gobiernos autonómicos del Partido Popular. Torró ha descrito un “patrón” repetido en la gestión de catástrofes por parte del PP: “tarde, mal y con recortes”. Según la dirigente socialista, las comunidades gobernadas por los populares fallan tanto en la prevención como en la respuesta, dejando a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad que, a su juicio, podría evitarse con voluntad política.
“Nos preocupa mucho el patrón seguido por los gobiernos autonómicos del Partido Popular en materia de gestión de catástrofes porque nunca están cuando más se les necesita”, ha afirmado Torró en declaraciones remitidas a los medios. En su intervención, ha llegado a acusar a algunos presidentes y presidentas autonómicos de “estar en la playa, en Miami o en paradero desconocido” mientras el fuego se extiende, un dardo directo contra la imagen de diligencia que intentan proyectar los barones del PP.
El contexto político añade tensión a estas declaraciones. Desde el PP, a través de su vicesecretaria Carmen Fúnez, se ha acusado al Gobierno central de Pedro Sánchez de reducir medios estatales para la lucha contra el fuego, afirmando que el Estado dispone de 42 aeronaves para la campaña actual. Sin embargo, los datos oficiales desmienten esta versión: el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico confirma que son 56 los medios aéreos operativos, con un incremento del presupuesto del 29% respecto al año anterior, alcanzando los 109,3 millones de euros frente a los 84,4 millones de 2024.
Fuentes ministeriales han señalado que los populares se han basado en “un solo contrato” para sustentar sus cifras, ignorando el resto de adjudicaciones que completan el dispositivo. “Existe otro contrato de medios aéreos adicional, de 4 ACO, que sumados a los 42 y a los 10 FOCAS propiedad del Estado suman los 56 medios del dispositivo estatal”, recalcan. Una matización que deja en evidencia la narrativa de recortes difundida por Génova.
Los datos del Ejecutivo son claros: la campaña de verano cuenta con 45 millones de euros, un 11% más que el año pasado, mientras que se han destinado 3 millones a aviones de coordinación y observación (+26%) y medio millón al Programa Nacional de Preparación de Incendios (+16%). En total, el despliegue incluye 10 aviones anfibios de gran capacidad, 5 de capacidad media, 6 aviones de carga en tierra, 4 aviones de observación, 1 helicóptero pesado, 26 helicópteros medios y 4 ligeros, además de 10 brigadas helitransportadas de refuerzo.
Estos recursos, aclara el ministerio, no están adscritos a ninguna comunidad autónoma en particular, sino que se movilizan allí donde la situación lo requiera, previa solicitud de los gobiernos autonómicos. Una puntualización que subraya la corresponsabilidad de las CCAA, incluso cuando algunas intentan desviar la atención hacia Moncloa.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha advertido que el Gobierno actuará si alguna comunidad “se ve desbordada” y ha insistido en que “se han reforzado los medios”. Por su parte, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que la Unión Europea enviará dos aviones Canadair desde Francia, con capacidad para más de 5.500 litros de agua cada uno, en apoyo a las tareas de extinción.
Pese a este refuerzo y a los datos que desmontan el relato de recortes, los gobiernos autonómicos del PP mantienen la estrategia de culpar al Ejecutivo central, obviando sus propias competencias en prevención y gestión de emergencias. Mientras tanto, brigadas, bomberos y fuerzas de seguridad continúan luchando contra las llamas, a menudo en condiciones extremas, y la sociedad asiste a un debate político que, para muchos, debería ceder el protagonismo a la cooperación y no a la confrontación.
