Dos semanas atrás, el Comisionado de Transparencia de Castilla y León estrechaba un poco más el cerco sobre el juez Peinado y su "chalet irregular" ubicado en La Adrada. Dando respuesta a una de las peticiones del activista Fernando Jabonero, solicitaba a la alcaldesa de este municipio de Ávila la documentación sobre el chalet. Quince días después de ello, este activista ha puesto sobre la mesa la demolición de otra casa irregular en la misma provincia que podría abrir camino para futuras acciones contra el chalet de Peinado.

La casa demolida recientemente se encuentra en la localidad de Bohoyo, a 100 metros del núcleo urbano, y pese a que, según detalla Jabonero a ElPlural.com, no es visible desde el camino más próximo, el Seprona la ha detectado y ha procedido a su demolición. Sin embargo, el chalet del juez se encuentra a tan solo 10 metros del núcleo urbano de La Adrada, “a la vista de todos”, y nadie lo detectó, o, por lo menos, nadie actuó contra este inmueble. "La vivienda de La Adrada está a 10 metros del núcleo urbano de La Adrada ¿Nadie la detectó ni denunció? Raro, raro, raro...", comenta Jabonero en su cuenta de X. 


Pese a que se trata de dos casos distintos, bien es cierto que “las dos estaban en suelo rústico no edificable” y que la demolición de esta casa en Bohoyo podría servir de precedente. “Son casos distintos, los está viendo gente distinta y no cabe la analogía”, pero “sirve de precedente”, agrega el activista en declaraciones a este periódico.

Con independencia de cuál sea el futuro del "chalet irregular" de Peinado ahora con el telón de fondo de la demolición de esta casa, Jabonero insiste en el diferente modus operandi de la justicia dependiendo de a quién afecte. “Por qué en unos sitios funciona la norma y en otros no, porque la Justicia tiene nombre y apellidos, relaciones, condicionamientos sociales e intereses. Si esto fuera normal, no nos hubiéramos enterado de que Peinado tenía ahí una vivienda, porque al año de haberla terminado se la tendrían que haber tirado”, defiende.

Sin embargo, sobre esto último, Jabonero insiste en la actitud adoptada por la alcaldesa de La Adrada que ya ha recibido la llamada de Transparencia. “No la han tirado porque la alcaldesa no quiere poner encima de la mesa los papeles de Peinado de ninguna de las maneras, habrá que ver qué resuelve la Fiscalía”.

Doble petición, también de la Fiscalía

"Para dar cumplimiento completo a la citada resolución del 2 de agosto de 2025, el Ayuntamiento de La Adrada debe facilitar al reclamante, en relación con la finca catastral 073801UK6603N, su dirección CM Forestal, copia de los informes técnicos y jurídicos emitidos para facultar la concesión de licencias urbanísticas (de primera ocupación y las de obras de las dos construcciones, vallado, plataforma hormigonada y piscina), copia de los acuerdos o resoluciones de la concesión de cada una de las licencias anteriores y, por último, copia de las autorizaciones municipales para facultar las acometidas y, en su caso, evacuaciones de agua". Fue la petición presentada por el Comisionado, con la que instaba a la alcaldesa a que facilite al reclamante toda la información citada y que se suma a las presiones de la Fiscalía para el mismo propósito. "La alcaldesa de La Adrada debe de estar muy mal asesorada", fueron entonces las palabras del propio Jabonero al enterarse de este nuevo requerimiento.

Esta petición de Transparencia llegaba una semana después de que la Fiscalía instara al Ayuntamiento de La Adrada a que atendiera las peticiones de información de Jabonero y entregara los documentos correspondientes para evaluar la legalidad del inmueble, pero, al mismo tiempo, archivó las diligencias preprocesales penales al considerar que los hechos por los que se llegó a la situación de irregularidad no tienen relevancia penal.

El Ministerio Público reconocía "posibles irregularidades en cuanto a la actuación de los arquitectos que trabajan para el Ayuntamiento de La Adrada al carecer de la condición de funcionarios públicos, por lo que su nombramiento podría no ser ajustado a la legalidad" y ponía en la responsabilidad del Consistorio satisfacer la petición de información. Es decir, la Fiscalía reconoce que el Ayuntamiento de La Adrada, en lo referente a la tramitación de expedientes urbanísticos como el del chalet del juez Peinado, no ha cumplido con la ley, pero que a pesar de ello no encuentra delito, por lo que se procedió al archivo de las diligencias.

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