Mientras el Tribunal Constitucional se reúne en pleno para dirimir si frena o no la reforma del sistema de elección del tribunal de garantías, las reacciones no dejan de sucederse. Ahora, en forma de declaraciones. Si bien PSOE y Podemos han movido ficha entre el domingo y este lunes, ahora es el Gobierno quien se dirige a los miembros de la corte y augura una “crisis de difícil solución” en caso de que se acepte el recurso de amparo del Partido Popular. Estos han sido los términos que ha utilizado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, a escasas horas de conocer la decisión final.
Con todo, La también número dos del PSOE ha optado por no especular con la posibilidad de que el tribunal admita las cautelares. Montero confía en que los magistrados driblen las presiones antes de emitir su voto y recuerda que su función también se orienta a velar por la reputación del órgano constitucional.
En declaraciones a Radio Nacional de España (RNE), la ministra de Hacienda ha subrayado que “nunca” se había registrado en España un “intento de atropello” tan grave para la democracia. En este sentido, ha avisado de las posibles consecuencias que acarrearía un fallo favorable al recurso del PP, pues, a su juicio, desataría una crisis de ”difícil solución”, así como la mácula de un precedente espinoso.
Preocupación sostenida
La ministra de Hacienda ha verbalizado la honda preocupación con la que se sigue el tan crucial debate en el seno del Constitucional. Montero subraya que no existen precedentes y lo ha hecho apuntando hacia el Partido Popular, denunciando su afán por “intentar controlar a través de estos órganos lo que no puede ganar en términos de democracia”.
A pesar de la prudencia, dosis de crudeza han adornados sus palabras, aunque espera que finalmente prevalezca el “sentido común” a juzgar por el “desgaste” que supondría a todas las instituciones del Estado. En cualquier caso, Montero aboga por exigir al Partido Popular que abandone sus trincheras y no imprima tensión constantemente al debate político. Es más, ha reclamado a Génova su apoyo en momentos complejos con es el escenario actual. “Intentan crear mayores problemas, mayores conflictos”, ha denunciado la ministra de Hacienda y Función Pública.
Paradójicamente, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) podría activar el proceso ordinario, previsto como paso previo a la reforma impulsada desde Moncloa. Montero ha sopesado esta posibilidad y ha apuntado que hay quien plantea esta vía como alternativa. De esta manera, se pondría en marcha el proceso “al que se han negado a desarrollar a lo largo de todo el momento”. Con todo, Montero confía en que no haya movimientos en falso y transcurra todo en los márgenes de la “absoluta” normalidad.
Urgencia para la tramitación
La urgencia con la que el Gobierno ha tramitado la reforma se ha cuestionado desde sectores de la derecha política y mediática. Un asunto que para la ministra no pasa de “opinable”, en función de la normativa y del recorrido de la misma en el debate parlamentario. No obstante, desliga este asunto de la trascendencia que supondría para la democracia española una “injerencia” de este calibre.
La ministra de Hacienda ha puesto el foco de nuevo en el Partido Popular, aduciendo que su oposición frontal a la reforma se explica en base a las mayorías actuales, que le son favorables. “Es obvio”, resume la dirigente del PSOE, quien alude a las presiones de los conservadores hasta tal punto que carece de “ningún tipo de justificación y de explicación”. Por ello, remarca que los conservadores no pueden “no cumplir la ley por que entienda que la actual le favorece”. “No hay ningún tipo de justificación”, ha resaltado la vicesecretaria general del PSOE.
Interrogada sobre si han explicado el espíritu de esta reforma a Bruselas, Montero ha defendido que el Ejecutivo cuenta con la “soberanía” para impulsar el proyecto legislativo, por lo que no ve necesario elevar la cuestión a instancias comunitarias. “Lo que estamos haciendo es sacar del secuestro a estas instituciones que el PP tenía sujetas a la renovación por un simple interés partidista”, ha zanjado la ministra de Hacienda.
