La financiación singular de Cataluña se encasquilla y crea otro frente en Moncloa

Se acumula el trabajo en el Palacio de La Moncloa. Se cierra un frente, pero se abren nuevos. Esta misma semana, cuando todo parecía estar bajo control e incluso con la narrativa a favor en el debate sobre el cambio horario, Carles Puigdemont daba un golpe encima de la mesa cuya onda expansiva ha recorrido el camino Waterloo-Madrid a la velocidad de la luz. El desafío de los juntaires, que ahora discuten si accionar o no el botón del pánico e incluso cruzar la acera de la mano del Partido Popular para presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez, no llega sólo. En la izquierda del espectro político catalán también entonan su qué hay de lo mío. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) toca de nuevo a la puerta del Ministerio de Hacienda para pegar un acelerón en la cuestión de la financiación singular. Sin embargo, la bala – pactada por republicanos y socialistas – se ha encasquillado en la recámara y no encuentran la forma de solventar el colapso en el cañón, aunque desde el Gobierno intentan sofocar el incendio y esperan que el asunto se resuelva antes de que finalice el año.

El desbloqueo del acuerdo para la financiación singular de Cataluña es una reivindicación de ERC para desatascar los presupuestos tanto nacionales como en la Generalitat. Compromiso adquirido – y firmado – por el Gobierno central que a la postre supone un arma de doble filo para María Jesús Montero, ministra de Hacienda y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, que en su afán por contener los daños en su salto autonómico, ha redefinido la propuesta como una reforma del modelo de financiación que no sólo afecte a Cataluña. Es decir, afrontar el problema desde una perspectiva general y no concreta que ensanche los recursos de otras comunidades como por ejemplo Andalucía. De ahí que la consigna que parte de la Vicepresidencia Primera del Ejecutivo es que el texto debe contar con el consenso suficiente para recorrer su posterior camino parlamentario sin escollos.

El plan del Gobierno y ERC no cayó en gracia en ciertos territorios socialistas como Asturias o Castilla-La Mancha, tampoco en la propia Andalucía, donde su presidente, Juanma Moreno Bonilla, lo utiliza como control de daños para amortiguar el impacto de la crisis de los cribados y mermar las opciones de su competidora en la carrera – sin fecha aún - hacia San Telmo. Sobre esta cuerda caminan las conversaciones bilaterales con ERC, que presiona sin miramientos al Ejecutivo para dar salida a sus pretensiones y, en paralelo, blindar los dos años que restan de legislatura con un proyecto presupuestario que sirva de colchón a Sánchez para exprimir al máximo su mandato.

En punto muerto

La cuestión está en que las conversaciones se topan constantemente con la misma pared. Bloqueo perenne que eleva el nivel de nerviosismo – y presión – en una Esquerra en constante lucha por elevar su suelo de votos en Cataluña. Tras más de una docena de reuniones desde el reinicio del curso político, las negociaciones han entrado en punto muerto. Tanto es así que en la última sesión de control en el Congreso, los republicanos escenificaron su lejanía con sus interlocutores y constataron las diferencias en el fondo de la cuestión.

Hacienda transmite, según eldiario.es, que tiene la propuesta prácticamente lista para empaquetar y enviar. Un plan que elevaría los ingresos de la Generalitat por encima de los 4.000 millones de euros. Números que, a su vez, gustan entre los cuadros republicanos. Al menos como punto de partida. Pero el malestar en Esquerra persiste porque entienden que, en el dibujo final y a pesar de que la música suene bien de entrada, el modelo que ha diseñado el equipo de Montero no garantiza que la región mejore en lo relativo a ingresos por habitante respecto al reparto actual. Incluso esgrimen que los beneficios en un año de prosperidad podrían mutar a una suerte de infrafinanciación si la recaudación baja. Un mal que se repetiría – dicen – en ambos modelos.

Pero Hacienda entiende que su oferta no sólo es generosa, sino también equitativa y buscaría un sumatorio de 20.000 millones de euros en los ingresos de todas las autonomías. Una previsión que provocaría una merma en las arcas centrales a cambio de reequilibrar en favor de los gobiernos que sostienen el peso de la política social del país. Ello implica que, en el fondo, no exista una situación de singularidad para Cataluña. Tampoco de ordinalidad. Por ello, el argumento sobre el que descansa la narrativa de Moncloa es que el proyecto debe girar en torno al consenso en el Congreso. Escenario que no sería posible en caso de que la propuesta pivotase sobre privilegiar a una comunidad sobre otra. O dicho en otras palabras, si el texto se saldara como nació del pacto entre los republicanos y el PSC para la investidura de Salvador Illa.

Entre tanto, el Govern de la Generalitat elude los chispazos de los republicanos, quienes al mismo tiempo amenazan con no dar su brazo a torcer. Y es que en Esquerra no están dispuestos a rebajar sus pretensiones si se alejan en exceso de las previsiones iniciales. De ahí que, ante este escenario, Hacienda mueva ficha con la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera sin esperar a que las negociaciones con los de Oriol Junqueras fluctúen en un ritmo mínimamente armonioso. El 3 de noviembre será la cita y la idea es presentar a los representantes autonómicos un boceto sobre el techo de gasto – paso primordial para avanzar en las Cuentas Públicas -.

Todo está en el aire y el momento es de máxima tensión. No sólo por los choques ERC-Moncloa, sino también por otros frentes como el que acababa de detonar Carles Puigdemont por cuestiones alejadas de la singularidad financiera catalana. El encaje de bolillos en ambos sentidos es primordial para sacar a la legislatura del camino de bloqueo que ha iniciado esta semana y desencallar los proyectos presupuestarios tanto de Salvador Illa como de Pedro Sánchez.