El Parlament convalida el decreto para adaptar la Agencia Tributaria de Cataluña al modelo de financiación singular

El Parlament ha dado un paso adelante en el despliegue de la hacienda catalana para hacer posible el nuevo modelo de financiación singular. En el pleno de este miércoles se ha convalidado el decreto ley aprobado en agosto por el Govern para adaptar el régimen jurídico de la Agència Tributaria de Cataluña (ATC) a las necesidades para poder asumir la mayor recaudación de impuestos acordada en el pacto de investidura entre el PSC y ERC. Asimismo, esta nueva normativa concede al organismo recaudador catalán plena autonomía para la contratación de personal y la negociación colectiva de sus condiciones laborales. 

La principal finalidad del decreto ley es darle a la ATC las herramientas jurídicas y organizativas que hagan falta para la aplicación del nuevo sistema de financiación. Para ello, la normativa también contempla la creación de dos nuevos cuerpos: el Cuerpo de Agentes Tributarios y el Cuerpo Superior de Informática Tributaria. Además, establece que el contrato programa aprobado a finales agosto será el instrumento de gobernanza encargado de fijar las líneas estratégicas, los objetivos, los indicadores de seguimiento, los recursos económicos asignados y las actividades que deberá llevar a cabo la Agencia. 

La convalidación del decreto ha contado con el apoyo de PSC, ERC, Comuns y CUP, la abstención de Junts y el voto en contra de PP, Vox y Aliança Catalana. Igualmente, la Cámara catalana ha rechazado la petición de Junts y Vox de que se tramitase como proyecto de ley, lo que hubiese permitido que el resto de grupos parlamentarios presentaran enmiendas. 

Según la consellera Romero, el objetivo es recaudar "no solo el IRPF, sino muchos otros impuestos"

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha asegurado que los cambios contemplados en el decreto ley permitirán modernizar y ampliar la ATC “para poder desplegar la hacienda de forma coordinada y paralela con el nuevo modelo de financiación” y que gracias a la nueva normativa se "incrementará de manera sustancial el volumen y la complejidad de las funciones tributarias que debe asumir la agencia". Además, ha asegurado que el objetivo es recaudar “no solo el IRPF, sino muchos otros impuestos”. 

Asimismo, Romero ha señalado que el despliegue de la hacienda “no será una herramienta sencilla”, debido a que para ello será necesario tanto un gran aumento de personal de los cuerpos tributarios como el desarrollo de una plataforma tecnológica capaz de procesar una gran cantidad de datos. “Esto necesita su tiempo porque queremos continuar siendo una agencia eficiente, eficaz y que garantice también la lucha contra el fraude”, ha explicado. 

Respuesta de los grupos parlamentarios 

En cuanto a la respuesta de los grupos que han apoyado junto al PSC la convalidación del decreto ley, el diputado de ERC, Albert Salvador se ha mostrado a favor, pero ha advertido al Govern que "si no cumplen con sus compromisos tendrán mucha dificultad para gobernar". Por otro lado, el portavoz de los Comuns, David Cid, ha afirmado que el refuerzo de la ATC es algo positivo, mientras que la diputada de la CUP, Laura Vega, ha defendido que “todo avance en soberanía es bueno”. 

Por su parte, el diputado de Junts, Toni Castellà, se ha quejado de que no haya ninguna concreción de un modelo de financiación singular y ha reivindicado un concierto económico. "El dinero que pagamos los catalanes debe revertir en servicios para los catalanes. Formar parte de España es, empíricamente, un mal negocio", ha manifestado. Asimismo, la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha calificado el decreto del “enésimo engaño con el que tratan de desactivarnos (a los catalanes)”.

En el caso del PP, la diputada Lorena Roldán ha anunciado que estudiarán elevar la cuestión al Tribunal Constitucional. También ha mostrado su rechazo el portavoz de Vox, Joan Garriga, que ha acusado a la propuesta de ser “un atentado contra la unidad de España y la igualdad de los españoles”. 

50 becas para la formación de opositores a los cuerpos de la ATC

En el marco de la estrategia para ampliar la ATC, el Govern abrió el pasado viernes una convocatoria de 50 becas destinadas a la formación de los opositores a los cuerpos tributarios con un presupuesto de 639.360 euros. El importe de cada ayuda es de 1.184 euros mensuales, que para  las personas que se presenten a la oposición para ser gestor tributario tendrá una duración de ocho meses  (9.472 euros anuales), mientras que para los que se presenten a la de inspectores o a la de técnicos tributarios durará doce meses (14.208 euros anuales). 

Respecto a la repartición de becas por cuerpos de la ATC, el que mayor número recibirá será el Cuerpo Superior de Inspectores Tributarios (CSIT), con un total de 20 y una movilización de 284.160 euros; seguido por el Cuerpo Superior de Técnicos Tributarios (CSTT), con 15 ayudas por un importe de 213.120 euros. Finalmente, el Cuerpo Técnico de Gestores Tributarios (CTGT) contará con 15 subvenciones por 142.080 euros.