Este miércoles el Gobierno sale del Congreso de los Diputados sin haber podido sacar adelante la revalorización de las pensiones, la bonificación del transporte público y la prohibición de cortar suministros a personas vulnerables. También han confirmado, en su caso PP, Vox, Junts, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), su negativa a la prórroga del gravamen a los beneficios de las grandes energéticas.
En la práctica, posicionarse en contra del gravamen a los beneficios de Repsol, Cepsa o Naturgy supondrá que el Estado deje de ingresar cerca de 1.000 millones de euros. Esto es debido a que los impuestos con la palanca principal con la que cuentan las arcas públicas para redistribuir los beneficios históricos que han logrado sectores oligopolísticos como la banca o la energía durante los últimos años.
Los dos se han aprovechado durante años de sus posiciones dominantes en la crisis de inflación para aumentar sus márgenes y, con ellos, sus ganancias. Asimismo, han bebido de las ayudas públicas como el descuento de 20 céntimos en los carburantes, de las bajadas de impuestos o de las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). Con el objetivo de gravar esos beneficios “extraordinarios”, el Gobierno de coalición diseñó los gravámenes temporales sobre estas compañías en el año 2022.
Los gravámenes se prorrogaron a finales de 2024. Con el impuesto a la banca se pudieron recaudar 1.500 millones de euros el año pasado, durante tres años más, incluido en una Ley que aprobó la Cámara Baja y que incluyó el grueso de la “reforma fiscal” a la que se había comprometido al Ejecutivo de coalición. Sin embargo, los socios de derechas de Moncloa se alinearon con las grandes compañías y sacaron el impuesto a las energéticas de la reforma fiscal. Este otro impuesto recaudó algo menos que el de la banca en 2024, unos 1.000 millones de euros.
En el último Consejo de Ministros del curso anterior, el Gobierno lo prorrogó mediante un real decreto-ley para cumplir con sus socios al otro lado del tablero -Podemos, ERC y EH Bildu-; una cuestión que se forjó ‘in extremis’ y ante la que mantuvieron su oposición los nacionalistas PNV y los neoconvergentes de Junts.
Dicho tributo incluía una novedad respecto el diseñado en 2022 que consistía en “una deducción aplicable cuando se realicen inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y descarbonización, que por su magnitud contribuyan al crecimiento económico y el empleo, ya se realicen en activos fijos o tecnológicos comprometidos en proyectos industriales”. “Estas pueden ir desde la producción de hidrógeno renovable a transformar residuos en productos que tengan una segunda vida o en gases renovables, como el biogás”, añadía.
Una “adaptación” innecesaria para las derechas
La vicepresidenta y ministra, María Jesús Montero, no ha sido capaz de convencer a las derechas con esta “adaptación”, a la vez que ha lamentado la postura de PP y Vox, entre otros. La responsable de Hacienda había señalado en su intervención que se trata de un “compromiso político”, aunque ha admitido que “la realidad del arco parlamentario de esta legislatura es compleja” y “existen posicionamientos políticos respecto de intereses”, en este caso relativos a las grandes empresas.
“Cada uno tendrá que responder de su voto, pero no hay justificación para que se imponga el interés partidista frente al interés de la mayoría”, ha enfatizado Monteo. “La fiscalidad tiene detrás el modelo de sociedad al que cada grupo aspira. El nuestro es que quienes más ganan más tienen que contribuir al sostenimiento del sistema social”. Con todo y con eso, el decreto ha caído.
El documento recogía que “el Gobierno revisará la configuración del gravamen temporal energético para su integración en el sistema tributario en el ejercicio fiscal 2025, que se concertará o conveniará, respectivamente, con la Comunidad Foral de Navarra”.
