El fichaje de Juan Vicente Bonilla como gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud ha reabierto el debate sobre la politización de determinados sectores de las fuerzas de seguridad del Estado. Bonilla, excapitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fue nombrado en octubre por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para este alto cargo adscrito a la Consejería de Sanidad, con una retribución anual superior a los 84.000 euros.
Pero su nombre no solo aparece vinculado a la gestión sanitaria madrileña. Tal y como apunta ElPlural.com, Bonilla mantuvo durante años conversaciones con un confidente de la Guardia Civil en las que vertía insultos y descalificaciones graves contra miembros del Gobierno de coalición. En los más de 6.300 mensajes recopilados entre 2016 y 2021, Bonilla califica al presidente Pedro Sánchez de “inútil”, “felón” y “mamón”, al tiempo que pide su “destierro” junto al entonces vicepresidente Pablo Iglesias. La hostilidad ideológica no es puntual: también se refiere a los independentistas como “etarras” y lamenta su presencia en el Congreso.
En uno de esos intercambios, el confidente llega incluso a expresar su deseo de “matar a los rojomorados”, a lo que Bonilla responde con interés y sin reproche. Días después, ambos se reúnen en un hotel de Madrid para hablar sobre el llamado “caso Koldo”, y el propio Bonilla celebra el encuentro calificándolo de “muy estimulante”. “Es el momento idóneo”, escribe, refiriéndose a un posible golpe informativo contra el Gobierno.
Este episodio ha generado inquietud no solo por el tono del diálogo, sino por el contexto en el que se produce. Bonilla accede a ese puesto de responsabilidad cuando aún disponía de información sensible sobre casos de corrupción vinculados al Gobierno, que posteriormente han sido utilizados por sectores mediáticos y políticos de la derecha para erosionar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El hecho de que se hable de “achuchones” informativos y “cambios de bando” despierta el temor de que determinadas unidades de la Guardia Civil estuvieran actuando con fines políticos, bajo lo que algunos ya denominan como una “UCO patriótica”.
Estas sospechas no son nuevas. Agentes del propio cuerpo han denunciado presuntas irregularidades internas, filtraciones selectivas a medios conservadores, informes fabricados a medida y contravigilancias fuera de procedimiento. Todo ello alimenta la percepción de que podría estar operando una estructura dentro de la Guardia Civil dispuesta a intervenir en la vida política para condicionar el devenir institucional del país.
La gravedad de las conversaciones, sumada al contexto político en el que se produjeron y al cargo público que ahora ostenta Bonilla, ha reavivado las alarmas sobre el uso partidista de ciertas estructuras del Estado. Ante este escenario, y en un momento en el que la confianza en las instituciones se ve constantemente puesta a prueba, la pregunta clave es si la Guardia Civil debe actuar para esclarecer si existen agentes que, bajo el paraguas de la UCO, estén operando con fines ideológicos ajenos a la legalidad democrática.
