“Antes de que mejore todo tiene que empeorar. El eterno retorno. Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida”. Estas palabras, utilizadas por Iván Redondo para dedicar su biografía a Pablo Iglesias, bien podrían servir de relato corto sobre lo sucedido estas últimas semanas en el seno del Gobierno de coalición: una reforma laboral que no salía, dos vicepresidentas enfrentadas, la ley mordaza en stand by y el nacionalismo jugando al trile con el Gobierno y las cuentas públicas hasta el minuto anterior a que sonase la bocina.
Sin embargo, y pese a los cánticos de ruptura que algunos vaticinaban sobre la coalición, el equipo de Gobierno encabezado por Pedro Sánchez ha conseguido remontar las tendencias, sentarse a negociar y proporcionar la discutida estabilidad en el Consejo de Ministros: “La legislatura acabará en 2023”, aseguró el presidente del Gobierno en Trujillo, Cáceres, donde se reunió con su homólogo portugués, António Costa. Lo hizo en el momento de la especulación y este jueves se ha consumado: enmiendas salvadas, socios de investidura fidelizados y Unidas Podemos dejando la búsqueda del rédito propio para batallas futuras. Todavía queda la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, pero internamente se respira calma y se confía en volver a convencer a los implicados necesarios a cambio de cesiones que no tengan demasiado coste electoral a futuro.
Sin confeti ni ovaciones recargadas, pero firmes en su compromiso con el pacto de Gobierno: la derogación de la reforma laboral será una realidad. Lo hará con debate sobre si el término “derogación” es el correcto semánticamente, pero la renovación de las nuevas reglas del mercado laboral se hará ajustada a lo fijado y preestablecido tiempo atrás: primarán los convenios sectoriales sobre los de empresa, se mantendrán los ERTE como herramienta permanente, habrá regulación de la subcontratación y habrá una simplificación de contratos buscando acabar con la alta tasa de temporalidad.
Pero los avances no se producen únicamente en la economía, donde están puestas todas las miradas ante la expectación por las llegadas de los fondos europeos Next Generation, sino que PSOE y Unidas Podemos han cerrado un acuerdo para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza', que sacará del articulado del texto las referencias a las 'devoluciones en caliente' de migrantes. El nuevo compromiso de los socios también fija que no serán sancionables las manifestaciones no comunicadas que no generen violencia o desórdenes públicos, así como la toma de imágenes de protestas o intervenciones policiales, siempre y cuando no vulneren el derecho a la intimidad de los funcionarios.
Unidas Podemos celebra los avances
Especialmente orgullosos del acuerdo por la ley mordaza se han mostrado en Unidas Podemos. Era una de sus exigencias de legislatura y, tras muchas idas y venidas, para desesperación del PNV, que insiste en agilizar los plazos, finalmente han llegado a buen puerto las conversaciones en el seno de la coalición: “La Ley Mordaza fue aprobada unilateralmente en 2015 por el Partido Popular. Hoy hemos llegado a un acuerdo progresista para su derogación y recuperaremos libertades públicas y derechos que nunca debimos perder”, ha sostenido la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Al mismo tiempo, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Jaume Asens, ha añadido que la nueva norma permitirá pasar página y acabar con un capítulo “en blanco y negro” patrocinado por el PP: “La democracia no es un deporte de espectadores. No hay democracia sin protesta”, ha indicado. En la misma línea se ha expresado Pablo Echenique, portavoz del grupo en el Congreso: “En los peores momentos de la crisis-estafa, el PP aprobó la Ley Mordaza para reprimir la protesta pacífica. Hoy anunciamos que hemos llegado a un acuerdo con el PSOE para derogar esta infamia”.
Primera bala esquivada
Mientras Yolanda Díaz y Nadia Calviño discutían los pormenores de la reforma laboral, por detrás se libraba una batalla que podría haber acarreado graves consecuencias para el devenir de la legislatura: la negociación por los PGE. PNV y ERC amenazaron con presentar enmiendas a la totalidad hasta el último minuto, cuando, tras duras negociadores de los plenipotenciarios en las reuniones encabezados por el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, dieron su brazo a torcer, hicieron buenos los acuerdos arrancados al Gobierno y se comprometieron a librar de la primera bala al Ejecutivo.
Este jueves ha sido cuando el Congreso de los Diputados ha votado las enmiendas. El Gobierno de coalición ha contado con los apoyos de sus dos bancadas, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Nueva Canarias, el BNG, el PRC y Teruel Existe. A favor de la devolución de las cuentas han votado el PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria.
