La reforma laboral es la protagonista absoluta de los últimos días, con opiniones muy diversas según de donde vengan. Desde partidarios de la derogación de la reforma laboral del Partido Popular de 2012, una posición que lideran los sindicatos en la negociación, hasta la postura contraria de la patronal y los sectores más conservadores, que aseguran que la reforma laboral del PP es la responsable de los positivos datos de empleo de octubre.
Más allá de la polémica entre unos y otros, también entre los propios miembros del Gobierno, la negociación tiene cuatro puntos clave, enumerados por la propia vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y ratificados por los agentes sociales. A pesar de que por el momento no parece haber propuestas concretas, estos son los cuatro grandes puntos clave que centran las reuniones entre Gobierno y agentes sociales.
1. Reducción de la temporalidad y simplificación de contratos
El objetivo es claro: reducir la temporalidad del mercado laboral. Sin embargo, el primer punto parece haber sufrido un cambio en las últimas horas. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, avanzaba antes de la reunión celebrada este miércoles que habría que estudiar hasta qué punto limitar la temporalidad. La primera propuesta de Trabajo pasaba por imponer un límite de temporalidad del 15% en las empresas, una medida que eliminará en el próximo documento, tal y como ha confirmado la Secretaría de Estado y Empleo.
Este cambio se basa en la elevada temporalidad de la propia actividad productiva. Y es que España es un país fuertemente dependiente del turismo, en especial de aquel que llega durante los meses de verano y en temporada alta. Asimismo, las campañas agrícolas están marcadas por una alta temporalidad, coincidiendo con épocas muy concretas en las que recoger uvas o fresas. Todo apunta a que esta medida desaparecerá en la próxima propuesta del Gobierno, tras abrir la puerta a ello ya en esta primera reunión con el nuevo equipo de negociación del Ejecutivo.
Las cifras actuales revelan que el 26% de los trabajadores en España son temporales, una cifra que alcanza el 31% en el caso del sector público. Desde el Gobierno aseguran que este es uno de los objetivos reclamados por Bruselas y, en principio, es uno de los puntos en el que más coinciden Gobierno, sindicatos y la patronal.
Sin embargo, el acuerdo se difumina en la práctica a la hora de enunciar medidas. Por un lado, el Ejecutivo aboga por reducir al máximo las causas de los contratos temporales; es decir, permitirlo solo a las empresas en las que sea estrictamente necesario. En esta línea, en las primeras propuestas incluía la reducción del número de contratos a un contrato temporal por necesidades de la producción, muy limitado, y un segundo contrato eventual de interinidad. Una medida que parece que se ha mantenido sin cambios en la última reunión.
2. Regulación de la subcontratación
Otro de las claves pasa por regular la subcontratación entre empresas para asegurar el cumplimiento de los derechos de todos los trabajadores. Por el momento, parece que la propuesta no prohibirá rotundamente la subcontratación de actividades relacionadas con la empresa principal pero sí podrían aplicarse nuevos requisitos, en aras de proteger a los trabajadores.
Algunas de las propuestas pasan por que la empresa principal tenga la obligación de responder de forma solidaria hasta tres años después de la finalización del contrato por los compromisos con la Seguridad Social. Y así durante un año tras terminar los trabajos de los compromisos salariales. En este punto los sindicatos recalcan el papel de los trabajadores, con mayor representación en las subcontratas.
3. La negociación colectiva, línea roja para los sindicatos
La negociación colectiva es, sin ninguna duda, la línea roja para la parte sindical. En este punto, piden el reequilibrio de las partes, dando mayor relevancia a los trabajadores sobre la empresa. Aquí es donde entran los asuntos más espinosos y polémicas que se han repetido durante los últimos días: la ultraactividad, el papel de los convenios y los cambios en la negociación empresa-trabajador.
En concreto, la parte sindical pide la recuperación de la prórroga automática de los convenios -lo que ellos llaman ultraactividad-, volver a la prioridad de los convenios sectoriales sobre los de empresa y el diseño de un proceso negociador entre las partes para la modificación sustancial de las condiciones laborales por parte de la empresa.
Este es el punto más importante para los sindicatos y, por tanto, el que mayor enfrentamiento produce frente a la patronal, que no está dispuesta a aceptar la pérdida de poder de la empresa. Es en este punto donde deben acordar qué papel juega cada actor social y llegar a un máximo consenso.
4. Mantenimiento de los ERTE como herramienta permanente
El último gran punto de la negociación es el mantenimiento de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) como herramienta permanente para mejorar la flexibilidad interna de las empresas. Los ERTE han demostrado jugar un papel muy positivo a la hora de mantener el empleo en circunstancias difíciles y ahora el Gobierno quiere aprovecharlo, como una nueva herramienta alternativa a los despidos.
Con un diseño similar al de los ERTE aplicados durante la crisis del coronavirus, podrá ayudar a las empresas a asegurar su viabilidad en casos de crisis o reconversión del sector. La novedad de los ERTE permanentes estaría en el modo de financiación, a través de ayudas a la empresa y los trabajadores, siempre con la formación de los últimos en el foco.
Este último punto es el más positivo en la negociación ya que Gobierno y agentes sociales no han tenido grandes problemas para ir prorrogando los ERTE durante los peores momentos de la crisis y tampoco ahora, en el periodo de transición hacia la recuperación económica. Todas las partes han reconocido la importancia de la herramienta en la economía y sus apuestas pasan por mantenerlo como una forma más de viabilidad para empresas y trabajadores.
Estas son las cuatro claves que centran las negociaciones entre sindicatos, patronal y el nuevo equipo que ha diseñado el Gobierno para avanzar en la derogación de la reforma laboral, o modernización del mercado laboral. Un equipo en el que ya no solo está el Ministerio de Trabajo, sino que al liderazgo de Yolanda Díaz se suma la presencia de representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Ministerio de Educación. Unos cambios que se han producido tras solucionar las discrepancias frente a este cambio del modelo laboral en el propio seno del Gobierno, entre los socios de coalición PSOE y Unidas Podemos, y que han materializado esta misma semana con un comunicado conjunto.
