El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha enviado una carta a las siete asociaciones profesionales de jueces y fiscales para detallar los ejes centrales de la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal, un proyecto legislativo que ha arrancado ya su tramitación parlamentaria y que ha generado controversia, especialmente por la vía de consolidación de los jueces y fiscales sustitutos.
En la misiva, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, Bolaños expone que el objetivo de la reforma no es otro que cumplir con los principios de mérito y capacidad, al tiempo que se atienden las recomendaciones de la Comisión Europea en materia de reducción de la temporalidad en el empleo público, una exigencia que también afecta al ámbito judicial. En este sentido, el ministro recuerda que más de 900 profesionales ejercen actualmente como jueces sustitutos y fiscales suplentes, muchos de ellos durante años, sin haber accedido por oposición.
“El proceso tiene una regulación prácticamente idéntica al sistema de concurso-oposición previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial desde 1985”, explica el ministro. Reitera que se trata de una vía “extraordinaria” pero legal, que respeta los principios constitucionales, y que el tribunal encargado de evaluar este acceso estará presidido por un magistrado del Tribunal Supremo, garantizando la imparcialidad del proceso.
Bolaños matiza además que quienes accedan por esta vía no obtendrán reconocimiento de antigüedad previa, evitando privilegios frente a quienes accedieron mediante el sistema ordinario. A su juicio, “se trata de una oportunidad justa para consolidar la carrera de profesionales que han demostrado durante años su capacidad y compromiso en el ejercicio de sus funciones”. Y añade que esta medida no solo aporta estabilidad al sistema, sino que evita una posible sanción al Estado español por incumplir la normativa europea en materia de empleo temporal.
Puntos conflictivos
Sin embargo, las asociaciones judiciales han mostrado una firme oposición. Tanto la Asociación Profesional de la Magistratura como Jueces y Juezas para la Democracia, entre otras, denuncian que los jueces sustitutos no han superado los exigentes procesos selectivos que sí afrontan los opositores. El hecho de que, hasta ahora, para ejercer como sustituto solo se exija una licenciatura en Derecho y méritos curriculares, es visto como un agravio comparativo para quienes han dedicado años a una oposición extremadamente dura.
Pero no es este el único aspecto polémico de la reforma. Otro punto conflictivo es el reconocimiento automático de cinco años de antigüedad a juristas que accedan a la carrera judicial por el llamado “cuarto turno”, una vía pensada para incorporar perfiles con más de diez años de experiencia profesional en el ámbito jurídico. Las asociaciones temen que esta medida favorezca de manera discrecional el acceso a cargos relevantes.
El ministro aclara en su carta que este reconocimiento de cinco años será exclusivo para el acceso a cargos discrecionales designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y “no tendrá efectos generales”. Con ello, se pretende, según Bolaños, garantizar la igualdad en la promoción profesional, ya que actualmente este tipo de acceso representa apenas el 8% del total de plazas judiciales, lejos del 25% que establece la legislación.
Acceso a la carrera
En el nuevo modelo de acceso, se invertirá además el orden de las pruebas: la fase de oposición arrancará con un examen escrito que actuará como filtro, y solo quienes superen esa criba podrán pasar a la fase de concurso de méritos, que valorará la experiencia y otros elementos curriculares.
La carta de Bolaños también aborda otras medidas contempladas en la reforma. Entre ellas, destaca el aumento de las becas SERÈ para opositores a judicatura y fiscalía, una reclamación histórica para democratizar el acceso a estas carreras. Igualmente, se eliminará el concurso forzoso tras el ascenso por antigüedad, lo que permitirá a los nuevos magistrados consolidar su plaza sin necesidad de mudarse, favoreciendo la estabilidad territorial.
Uno de los puntos que ha generado más recelos es la transformación del Centro de Estudios Jurídicos en un centro público de preparación de oposiciones. Ante las críticas, el ministro aclara que los preparadores que trabajen allí serán los mismos que ya lo hacen en la actualidad - muchos de ellos en sus domicilios - y que mantendrán plena libertad metodológica.
Con este paquete de reformas, el Gobierno busca modernizar el acceso a la carrera judicial y fiscal, reducir la precariedad dentro del sistema, y cumplir con los compromisos europeos en materia de estabilización del empleo público. La propuesta, sin embargo, está lejos de lograr el consenso entre las asociaciones profesionales, que advierten del riesgo de romper el equilibrio entre oportunidad, igualdad y exigencia.
