Lo ha dicho Gabriel Rufián en el Congreso: la inflación puede sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa antes que una moción. La derecha, que tachó de ilegítimo al Gobierno progresista desde el minuto uno, contempla con una notable desesperación cómo arden las calles en Francia contra la reforma de las pensiones que curiosamente recomienda frente a la de Escrivá, y aquí no pasa nada.

La moción de censura no ha ido sólo contra "Perro Sánchez" y su coalición, va en contra de la mayoría que no piensa y no vota como ellos, los que se consideran los verdaderos españoles. Por eso, no debemos despacharla con ligereza o burlas edadistas al candidato propuesto.

El PP y Vox cuentan en su nómina de aliados naturales a la CEOE, a la banca y a las grandes fortunas empresariales, que ya han decretado su particular boicot empresarial al Gobierno de España con su negativa a negociar la reforma de las pensiones, con sus peticiones constantes de supresión del IVA a los alimentos y productos esenciales para luego neutralizarlas con subidas incesantes de los precios y con los plantones desairados en los viajes del presidente del Gobierno, como ocurrió en noviembre último en su periplo por Kenia y Sudáfrica y en algunas reuniones del Foro de Davos.

Pregúntenle a cualquier trabajador/a de supermercado cuál es el ritmo frenético del remarcado de precios en los lineales de las principales cadenas de distribución para calibrar la dimensión del boicot empresarial contra los planes de choque del Gobierno para combatir la inflación.

No sabemos, a estas alturas primaverales, cómo será de caliente el otoño con elecciones a la vista en diciembre y una presidencia española de la Unión Europea, que se iniciará en julio, pero no hay que descartar una herramienta clásica en el sabotaje a gobiernos progresistas como es la huelga de transportistas, ensayada por sectores afines a la ultraderecha el año pasado.

El boicot empresarial viene a sumarse al judicial, otro sector aliado natural de la derecha, con numerosas trincheras abiertas, como la huelga de los letrados, la interpretación de la ley del Sí es sí o la resistencia a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Los que pensamos que el Gobierno de España lo está haciendo razonablemente bien en un contexto tan difícil como el actual, tenemos que defendernos de la censura de esa otra España que nos quiere devolver al pasado más oscuro.