La trazabilidad es el DNI de lo que consumimos, empezó en la producción y la distribución de los alimentos y se ha ido extendiendo a casi todos los productos para identificar el orígen de sus componentes y las condiciones de su fabricación.

Los bienes de consumo cultural como libros, discos y películas están plenamente identificados. Hasta la digitalización, la información impresa, radiofónica o televisiva estaba convenientemente identificada respecto a su autoría y elaboración.

Pero todo ha cambiado con la digitalización y la proliferación de plataformas y redes sociales que permiten el anonimato y, por lo tanto, la impunidad de las personas y entidades que fabrican bulos, noticias falsas, insultan o mienten sin el más mínimo pudor.

Hay medios desinformativos digitales en los que hasta los perfiles de sus supuestos redactores son inventados. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? lo sabemos todos: falta de regulación y permisividad de los gobiernos para que las multinacionales tecnológicas impongan sus reglas, evadan impuestos en todos los países y localicen sus sedes en paraísos fiscales.

Las plataformas y las redes sociales no son responsables de los contenidos que difunden sus usuarios. Los grandes medios de comunicación han cerrado sus sitios en la red con muros de pago para neutralizar la caída de los ingresos publicitarios y han retirado de la libre circulación en la red sus contenidos informativos bien verificados y contrastados.

El Colegio de Periodistas de Andalucía puso en marcha el primer registro de medios digitales, el ROMDA, que ha sido replicado en otras comunidades autónomas por los respectivos colegios de periodistas. Se garantiza de esta manera que los medios incluidos en estos registros son elaborados de acuerdo a principios profesionales periodísticos y éticos.

Estas iniciativas positivas de autorregulación resultan insuficientes para abordar el caos casi infinito que reina en las redes porque ni siquiera las autoridades autonómicas publican los listados de las emisoras locales de radio y televisión que operan legalmente en sus territorios. Si lo hicieran la ciudadanía podría saber cuales son las ilegales o alegales.

Tampoco se han establecido mínimos legales de información para identificar a los titulares de emisoras o medios digitales. En la mayoría de las webs de medios digitales no hay manera de saber quienes elaboran sus contenidos o identificar a sus responsables.

Aunque la medida más eficaz para luchar contra la desinformación en las redes es la supresión del anonimato y la eliminación de los perfiles falsos, las granjas de robots y los seudónimos sin identificar, todos podemos empezar a combatir la desinformación, dejando de seguir cuentas anónimas, de darle "me gusta" a contenidos de esas cuentas y a tomarnos la molestia de empezar a denunciarlos y bloquearlos.

Otra de las vías de acción ciudadana es recurrir a los Defensores de la Audiencia de algunos de los medios públicos como es el caso en Andalucía de Canal Sur, a la Oficina de Defensa de la Audiencia del Consejo Audiovisual de Andalucía o a la ventanilla de quejas del Consejo Audiovisual de Cataluña