La eventual ley de la amnistía se está cociendo a fuego lento, con la mayor de las discreciones (salvo por parte de Yolanda Díaz y Jaume Asens), con todas las dudas jurídicas del mundo y con una decidida voluntad política de sacarla adelante. El indiscutible interés político del proyecto no acaba de dar con la tecla apropiada para imponer un relato que subraye que no se trata (sólo) de investir presidente a Pedro Sánchez sino también (y prioritariamente) de avanzar todo lo que se pueda en la reconciliación de los catalanes. Pero este déficit no será suficiente para frenar el recorrido de esta ley que, de prosperar, se intuye largo como toda ley que acaba en el Tribunal Constitucional. Tampoco la fuerte oposición que está emergiendo desde el PP y por parte de Felipe González y Alfonso Guerra en casa de Sánchez, desanimará al presidente en funciones de su determinación.

A estas alturas, todo parece indicar que únicamente la negativa de Carles Puigdemont a aceptar un redactado poco favorable a sus tesis triunfalistas podría embarrancar esta historia. La ANC lo ha intentado, sin éxito. La movilización independentista de la Diada pasó sin pena ni gloria sobre las expectativas de una amnistía para los protagonistas de todos los niveles que tuvo el Procés. La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, intentó en su discurso volver a situar la declaración unilateral en primer plano sin ningún éxito. A las pocas horas, el presidente de la Generalitat declaraba que no es tiempo de unilateralidades y Carles Puigdemont mantuvo un silencio muy expresivo sobre el tema, a pesar de ser el gran defensor de la unilateralidad, al menos hasta ahora.

La efervescencia de la Diada duró lo que la retransmisión en directo de TV3 y la política catalana volvió a centrarse en las negociaciones sobre la amnistía que nadie niega pero que muy pocos saben precisar en qué punto está. Paradójicamente, como mínimo respecto de los expertos, la controversia jurídica parecería despertar más interés en Madrid que en Cataluña. En la capital del Estado, la movilización de expertos que creen intuir la existencia de una puerta entreabierta para la aprobación de una ley de amnistía es mucho más notoria que entre sus colegas catalanes. Ciertamente, la mayoría de estos sabios constitucionales no defendieron la proposición de ley orgánica de amnistía presentada por ERC y Junts que fue tumbada por el PSOE sin mayores dudas. En Cataluña, la defensa abierta y convencida del encaje constitucional de la ley del olvido recae en Joan Ridao, actual director del Institut d’Estudis de l’Autogovern y en su día uno de los redactores del Estatut de 2006 por parte de ERC.

Sin noticias sobre el redactado de la ley orgánica, lo que parece decaer es la exigencia de Junts de que su aprobación se produjera antes de la sesión de investidura. Al menos por parte de ERC, que ya ha admitido que están dispuestos a votar a Pedro Sánchez a partir de un calendario preciso sobre la tramitación de la ley. En la batalla interna ERC-Junts por capitalizar las concesiones del PSOE a cambio de sus votos, este movimiento traspasaría a Carles Puigdemont la responsabilidad de una repetición electoral por una simple cuestión de tiempos parlamentarios. A nadie le sorprendería que Puigdemont empujara al PSOE a nuevas elecciones; solo un acuerdo sólido sobre el texto de la ley podría servirle de argumento para aceptar un retraso atribuible a una cuidadosa tramitación institucional.

Entre los silencios más relevantes en esta polémica, destaca el de Pedro Sánchez. Tampoco el PSC (salvo por parte de José Montilla) habla de la hipótesis de la amnistía ni de la amplitud o los requerimientos a los beneficiados. Parecería como si todos estuvieran esperando un sondeo fiable que retrate el estado de opinión de los catalanes sobre la conveniencia o la inconveniencia de una ley del olvido.