La tramitación parlamentaria no solo se encalla con normas como Vivienda, la denostada Mordaza o la reforma del solo sí es sí. También otras impulsadas por parte de los estratos más rasos de la sociedad encuentran conflictos para ver la luz verde en el Congreso de los diputados, incluso aunque hayan pasado las primeras diligencias. Esto es precisamente lo que está ocurriendo en esta legislatura, en plena cuenta atrás y en la que solo están en carrera dos Iniciativas Legislativas Populares (ILP). De ellas una tiene más papeletas para salir adelante que la otra. Se tratan de una ley de calidad de la sanidad para fijar unos ratios del personal de enfermería y de la regularización extraordinaria de migrantes. La primera ya está desbloqueada y camina hacia la comisión de Sanidad mientras la segunda no consigue pasar a la toma en consideración por falta de acuerdo entre el Gobierno y los socios en la Mesa.
Un proceso difícil
No es nada fácil promover una ley desde la población general en nuestro país. Los estatutos contemplan la necesidad de obtener al menos 500.000 firmas de personas inscritas en el Censo Electoral para poder registrar en la Cámara Baja una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el objetivo de que los partidos políticos debatan y aprueben una proposición generada directamente en la sociedad para convertirla en ley. Un requisito que convierte al sistema español en uno de los más exigentes y que supone la primera piedra para que el pueblo sea escuchado. Con todo, haber alcanzado este número de refrendarios no es sinónimo de éxito ya que el siguiente paso no es tampoco sencillo y pasa por que los grupos parlamentarios la escuchen, la negocien y la aprueben, algo nada baladí. Tanto es así que en lo que llevamos de legislatura solo dos han conseguido llegar hasta este punto, y no con el mismo triunfo.
'Sí' a una ratio mínima de enfermeros
La que ya se encuentra en plena galopada hacia la meta es la conocida como ley de calidad de la sanidad, una Proposición de Ley derivada de una ILP impulsada por el Sindicato de Enfermería SATSE para fijar una ratio mínima de médicos y enfermeros en los centros sanitarios en pro de una mejor atención a los pacientes. Fue el pasado mes de marzo cuando los partidos de la coalición alcanzaron un acuerdo para desbloquear esta norma en la Mesa de la Cámara baja, donde ha estado encallada más de tres meses. Y es que fue en octubre de 2020 cuando el texto llegó a la Comisión de Sanidad como paso previo a su toma en consideración el pasado mes de diciembre. Entonces el pleno dio su visto bueno con amplia mayoría pero no fue suficiente para allanar el terreno ya que ha sufrido más de 80 prórrogas para el plazo de enmiendas. Pero, una vez ha salvado estos escollos, el articulado se encuentra ya en camino.
La Proposición de Ley plantea unas ratios de enfermeras y enfermeros para que estos puedan atender a un máximo de ocho pacientes en Unidades de Hospitalización y dos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), con posibilidad de ampliarlo en uno más en caso de emergencias. En cuanto a las Unidades de Reanimación Postquirúrgica, el tope se marca en tres enfermos. Para la Atención Primaria, esta es de un profesional por cada 1.500 habitantes, mientras que en la atención sociosanitaria los ratios serán establecidos por el Gobierno en relación a la Comisión Interterritorial. Eso sí, también se especifica que estas proporciones puedan ser anuladas en el caso de un estado de alarma, de sitio o de excepción así como en situaciones de emergencia y catástrofes. Ahora, esta PL está pendiente de pasar a la Comisión de Sanidad, que tendrá que constituir una ponencia acordada para que el texto pase después al Pleno, donde será votado y, si consigue superarlo, también aprobado.
La regularización migrantes, encallada
En el lado opuesto se encuentra otra ILP, esta sobre la regularización extraordinaria de migrantes de la mano de la plataforma Regularización Ya. La Mesa la calificó el pasado mes de febrero pero todavía no ha saltado al siguiente paso, es decir, que el Ejecutivo dé su visto bueno antes de que la entidad propositiva explique su iniciativa en la comisión correspondiente, la de Trabajo. Si salva estos escollos, el texto será elevado a Pleno para decidir si la toma en consideración o no, algo que todavía queda lejos. El punto de conflicto viene de la mano del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que lidera José Luis Escrivá, que ya ha manifestado en distintas ocasiones su rechazo a llevar a cabo regularizaciones generalizadas. Así, el debate se encuentra entre los partidos de la coalición y los socios. Mientras el PSOE es reticente a aprobar esta iniciativa en estos términos, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País, Compromís, la CUP y BNG sí están dispuestos.
Esta propuesta se basa en modificar la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social en las fechas. "El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá el procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de junio de 1999 y que acrediten haber solicitado en alguna ocasión permiso de residencia o trabajo o que lo hayan tenido en los tres últimos años", señala textualmente el articulado vigente, mientras el texto contempla retrasarlo hasta el 1 de noviembre de 2021. De esta forma, se establecería un plazo de seis meses para dar comienzo a una regularización de todos los extranjeros que se encuentren en territorio español antes esa jornada.
