El decreto para paliar los efectos de la sequía del Gobierno de Pedro Sánchez ya es una realidad. Este miércoles, a través de la Diputación Permanente, el Congreso de los Diputados ha convalidado con holgados apoyos el paquete de medidas que incluye ayudas para el sector agrícola y ganadero ante la falta de agua y con el objetivo de preservar "la resiliencia y sostenibilidad" de las explotaciones así como un nuevo trasvase para Doñana. Todo en un momento convulso no solo por la precampaña para las elecciones generales del 23 de julio sino por la polémica sobre el plan de regadíos de la junta de Andalucía en este parque nacional. Entre otras iniciativas, el texto también contempla descuentos para el transporte, entre los que destacan especialmente las bonificaciones para el Interrail, y la reducción de las jornadas laborales por altas temperaturas.

Luz verde al decreto contra la sequía

Las intensas lluvias que está dejando esta semana el temporal Óscar de manera generalizada en el territorio nacional no son suficientes para paliar la grave situación de sequía que atraviesa nuestro país. De hecho, es una derivada estructural de la última década, cada vez más seca y árida a cuenta del cambio climático y la subida de los grados mínimos y máximos. Ante esto, esta propuesta del Ejecutivo -planteada para paliar los efectos de la falta de agua y que se ha quedado en el tintero por la convocatoria adelantada de elecciones generales al igual más de otras 60 iniciativas- finalmente ha obtenido el pulgar hacia arriba de este órgano legislativo, el único organismo parlamentario que está actualmente en funcionamiento hasta la constitución de las Cortes con el nuevo Ejecutivo que resulte de las urnas. 

En este marco, la Diputación Permanente del Congreso ha convalidado el real decreto-ley del Gobierno por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas. Esta entidad de mínimos está formada por 68 diputados y necesita de una mayoría simple para sacar adelante las propuestas, es decir, al menos 35 parlamentarios. Una cifra que han alcanzado con amplitud gracias al apoyo de los socios habituales de la legislatura en pro de buscar adoptar soluciones para paliar la falta de agua en España. Esto es precisamente a lo que se agarraban en las últimas semanas los socialistas, que mostraban en declaraciones a ElPlural.com sus "dudas" de que hubiera grupos que no lo respaldaran, en una embestida tanto a las derechas, especialmente el Partido Popular, como a los aliados.

Durante el debate, prácticamente todos los representantes de las formaciones han deslizado su voto a favor bajo la premisa del "interés general" de ayudar a unos sectores especialmente castigados aunque sí han criticado las formas y las faltas del plan. "No es suficiente", han esgrimido algunos portavoces. Sin embargo, el balance ha sido positivo ya que de los 69 votos en total que se han emitido (la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, también participa), 58 han sido a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones. Además, el Pleno también ha rechazado tramitar esta norma como un proyecto de Ley por la vía de urgencia con solo 15 síes frente a 34 noes y 18 abstenciones ante esta petición.

Más de 600 millones para el sector primario

El paquete de medidas, concebida en un primer momento en el contexto de la invasión de Ucrania, fue aprobado el pasado 11 de mayo por el Consejo de Ministros y contiene sendas medidas hídricas y ayudas al sector primario, muy afectado por la falta de lluvias tanto para los pastos como para el mantenimiento de los animales. En concreto, el texto recoge bonificaciones fiscales directas para los productores agrícolas y ganaderos, que superan los 636 millones de euros, y la subvención de hasta un 70% del coste de las pólizas de seguros por la sequía de los cultivos más comprometidos ante la reducción del agua y las elevadas temperaturas. Asimismo, el Gobierno ha destinado 355 millones de euros para la carne y leche de vacuno, ovino y caprino, mientras otros cinco millones para el sector apícola.

Se trata de "medidas de apoyo" a los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas que "han visto agravada su situación" por el contexto climatológico de la falta de lluvias y elevadas temperaturas y que se ha sumado a "la grave situación" generada por el conflicto en Europa. Por eso, se apuesta por ayudas, tal y como expone en la exposición de motivos, para garantizar "la resiliencia y sostenibilidad" de las explotaciones agrícolas y ganaderas, de manera que se asegure la seguridad alimentaria y "coadyuven a reforzar la senda de crecimiento económico de nuestro país" con fines "de gestión y de apoyo" para los abastecimientos y regadíos situados en los ámbitos territoriales afectados.

Un plan que llega en un momento convulso y en plena afrenta de la Junta de Andalucía con el Ejecutivo por la suerte de boicot de Alemania a la fresa de Hueva y por el plan de regadíos para Doñana del PP de Juan Manuel Moreno Bonilla. Estos culpan a Sánchez de "manipular" las informaciones para perjudicar la imagen de la Administración andaluza ante las instituciones y países europeos. Así las cosas, con este decreto-ley también se ha aprobado un nuevo trasvase para reducir la presión sobre los acuíferos que alimentan este Parque Nacional y se ha dado cobertura a la construcción de infraestructuras, como plantas desalinizadoras, a duplicar la reutilización de aguas urbanas, y a reducir los cánones y tarifas de las explotaciones agrarias afectadas.

Descuentos al transporte e Interrail

Asimismo, este proyecto de la Administración central plantea unos descuentos al transporte en España y Europa, tal y como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la campaña electoral de las pasadas elecciones municipales y autonómicas. En concreto, se trata de bonificaciones sobre el precio de los billetes sencillos o de ida y vuelta para viajar entre el 15 de junio y el 15 de septiembre de este 2023. Así, los jóvenes de entre 18 y 30 años podrán disfrutar de una rebaja del 90% en los servicios de media distancia convencional y en red de ancho métrico mientras en larga distancia o alta velocidad tendrá una reducción máxima de 30 euros por billete. También para otras compañías, como Ouigo o Iryo, y para servicios de autobús regular de competencia estatal. Pero lo más destacado y que ha tenido especial repercusión es la rebaja del 50% sobre el pase global flexible de Interrail de 10 días en dos meses, siempre y cuando se comercialice a través de Renfe. Estas son algunas de las claves de esta iniciativa.

Reducciones de jornada por calor extremo

Junto a esto, el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, incluye también mandatos para avanzar en la "prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas". Y es que el documento en su redacción original apuesta directamente por la necesidad "urgente" de "actuar frente a estas circunstancias" debido a que considera que "un ámbito donde las personas se encuentran en una especial vulnerabilidad es el laboral, en el que la exposición a los fenómenos meteorológicos adversos puede resultar ineludible, a no ser que la protección frente a los mismos esté adecuadamente garantizada por una normativa preventiva eficaz". Así lo anunció Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo y líder de Sumar, a la luz de los "dramáticos casos" de muertes de un trabajador de la limpieza en el barrio madrileño de Vallecas y otro del campo murciano en Lorca.

Para evitar que esto vuelva a suceder se modifica el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, "estableciendo la obligación concreta de prever medidas adecuadas frente a riesgos relacionados con fenómenos meteorológicos adversos, incluida la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que estos concurran, resultando obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista cuando la Agencia Estatal de Meteorología o, en su caso, el órgano autonómico correspondiente en el caso de las comunidades autónomas que cuenten con dicho servicio, emita avisos de nivel naranja o rojo y las medidas preventivas anteriores no garanticen la protección de las personas trabajadoras".