Un timing que parece ad hoc. Mientras todavía resuena el boicot a la fresa de Huelva por parte de Alemania a cuenta del plan de regadíos planteado por la Junta de Andalucía, las ayudas del Gobierno para paliar la sequía llegan al Congreso de los Diputados en plena polémica con Doñana. Este miércoles la Cámara Baja, a través de la Diputación Permanente, tiene previsto debatir y aprobar un paquete de medidas para el sector agrícola y ganadero ante la falta de agua y en pro de garantizar "la resiliencia y sostenibilidad" de las explotaciones. Asimismo, también se estudiarán los descuentos para el transporte de los jóvenes -como las bonificaciones para el Interrail- y la prohibición de ciertas jornadas laborales por altas temperaturas que ha incluido el Ejecutivo en este real decreto-ley.

De esta forma, esta propuesta, que se ha quedado en el tintero como otras iniciativas por la convocatoria adelantada de elecciones generales para el próximo 23 de julio, aterriza en la única institución parlamentaria en funcionamiento hasta la celebración de los comicios a las puertas de la precampaña y va a poner contra las cuerdas al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Especialmente a Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente y líder popular andaluz, en un momento convulso por la polémica de Doñana y las fresas. Entre tanto, el Ejecutivo regional insiste en culpar a la Administración de Pedro Sánchez de la cancelación de la visita de la comitiva alemana por su propia gestión tanto de los cultivos legales como de los ilegales en este parque natural.

Ayudas por la sequía, a examen en el Congreso

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados -que funciona de forma análoga a un pleno en el hemiciclo- tiene previsto celebrar una sesión este miércoles en el que tendrá que convalidar o rechazar el real decreto-ley desarrollado por el Ejecutivo por el que se adoptan una serie de medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía. Este es el único órgano legislativo que ha quedado en funcionamiento ante la disolución de las Cortes con la entrada en vigor de la convocatoria de elecciones generales y es el encargado de avalar o tumbar las resoluciones que han quedado en el aire hasta el momento. Además, y al igual que en una votación común en la Cámara baja, lo tiene que rubricar por mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra.

En este contexto, cabe destacar que esta entidad de mínimos está compuesta por 68 diputados: 23 del PSOE, 17 del PP, 10 de Vox, 7 de Unidas Podemos, tres de ERC, dos de Ciudadanos, y uno por cada uno para PNV, EH Bildu, Más País, Coalición Canaria, Junts per Catalunya y la CUP. Por tanto, se necesita el apoyo de al menos 35 parlamentarios, una cifra que se alcanzaría con holgura si los socios habituales de la legislatura apoyan este texto. Esto es precisamente lo que confían los socialistas a la luz de que el grueso orbita alrededor de la toma de soluciones para paliar la falta de agua en muchos puntos de España, por lo que "dudan" de que haya grupos que no quieran respaldarlo, en una acometida contra los populares y los aliados.

Descuentos para el Interrail

Y es que esta iniciativa contempla, entre otras, "medidas de apoyo" a los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas que "han visto agravada su situación" por el contexto climatológico de la falta de lluvias y elevadas temperaturas y que se ha sumado a "la grave situación" generada por la invasión de Ucrania. El texto aprobado por el Consejo de Ministros apuesta por ayudas, tal y como expone en la exposición de motivos, para garantizar "la resiliencia y sostenibilidad" de las explotaciones agrícolas y ganaderas, de manera que se asegure la seguridad alimentaria y "coadyuven a reforzar la senda de crecimiento económico de nuestro país" con fines "de gestión y de apoyo" para los abastecimientos y regadíos situados en los ámbitos territoriales afectados.

Asimismo, este proyecto de la Administración contempla una serie de descuentos al transporte en España y Europa, tal y como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la campaña electoral de las pasadas elecciones municipales y autonómicas. En concreto, se trata de bonificaciones que se aplicarán sobre el precio de los billetes sencillos o de ida y vuelta para viajar entre el 15 de junio y el 15 de septiembre de este 2023. Así, los jóvenes de entre 18 y 30 años podrán disfrutar de una rebaja del 90% en los servicios de media distancia convencional y en red de ancho métrico mientras en larga distancia o alta velocidad tendrá una reducción máxima de 30 euros por billete. Entre las claves se encuentra especialmente una rebaja del 50% del Interrail de 10 días en dos meses, siempre y cuando se comercialice a través de Renfe.

Una ley contra el calor

Pero no solo eso. El Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, también incluye mandatos en pro de la "prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas". Y es que el propio documento -que tiene todos los visos de aprobarse sin mayor problema- indica textualmente que "resulta urgente actuar frente a estas circunstancias" debido a que considera que "un ámbito donde las personas se encuentran en una especial vulnerabilidad es el laboral, en el que la exposición a los fenómenos meteorológicos adversos puede resultar ineludible, a no ser que la protección frente a los mismos esté adecuadamente garantizada por una normativa preventiva eficaz".

Así, recuerda que "las altas temperaturas de estos últimos años le costaron la vida, entre otros dramáticos casos, a un trabajador de 60 años mientras cumplía con sus obligaciones laborales, desarrollando la tarea de limpieza viaria en las calles del barrio de Vallecas, en Madrid, y a uno del campo de Murcia, en Lorca, que ni siquiera tenía a su disposición agua o medio de hidratación alguno". Para evitar que vuelva a suceder en un verano que se espera especialmente caluroso gracias al cambio climático cada vez más fuerte, el Gobierno asegura que "urge introducir las modificaciones precisas para reforzar el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, con tal de garantizar que los principios e instrumentos ya previstos en la legislación tengan una aplicación práctica efectiva".

Por ello, "se modifica el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, estableciendo la obligación concreta de prever medidas adecuadas frente a riesgos relacionados con fenómenos meteorológicos adversos, incluida la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que estos concurran, resultando obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista cuando la Agencia Estatal de Meteorología o, en su caso, el órgano autonómico correspondiente en el caso de las comunidades autónomas que cuenten con dicho servicio, emita avisos de nivel naranja o rojo y las medidas preventivas anteriores no garanticen la protección de las personas trabajadoras".

Doñana, en el foco de la polémica

Este plan llega en un momento convulso para la política, no solo por la precampaña. Y es que el cambio de los regadíos en Doñana sigue en el máximo de la polémica a cuenta del boicot a la fresa por parte de Alemania de la que la Junta de Andalucía continúa culpando a la Administración central. Este mismo martes el portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha acusado a Sánchez de pretender "manipular" la visita que parlamentarios alemanes tenían prevista hacer al parque nacional, que iba a tener un carácter "ordinario" y estaba enmarcada en la más "absoluta normalidad". 

El consejero de Juanma Moreno ha indicado en declaraciones a Telecinco que después de que estos comisionados se pusieran en contacto con la Junta para hacer una visita, el Ejecutivo central ha intentado "manipular" para "atacar" al equipo de los populares, introduciendo el debate sobre la situación de Doñana con un único objetivo "político". A su juicio, Alemania no quería "formar parte de este circo que está montando Pedro Sánchez" con el parque al tiempo que ha insistido en que el Gobierno es la "mayor caja de resonancia" de esa campaña por parte de una asociación de consumidores alemana, cerca al Partido Socialdemócrata, contra la fresa de Huelva. Ha recalcado que no tiene "ni pies ni cabeza" que no defienda los productos y a los agricultores andaluces.