Junto con Mordaza, la reforma de la Ley de Secretos Oficiales es la que más ha fluctuado en la última década. Una exigencia vehemente de varios de los socios de la coalición progresista, pero el PNV es el que lo procura con un ahínco especial. Sin suerte, hasta la fecha. Los jeltzales lo han intentado por activa, por pasiva y por perifrástica, pero se han topado con muros de toda índole, aunque esta puede ser la definitiva. Y es que Bruselas ha dado un nuevo toque de atención al Gobierno para que pise el acelerador y retoque un texto que todavía sigue vigente y que tiene un origen plenamente franquista, pues pervive en el ordenamiento jurídico español desde el año 1968.
El pasado mes de febrero, ya en 2024, el Congreso de los Diputados inició el camino para tramitar la reforma de la Ley de Secretos Oficiales; la quinta tentativa en la que la Cámara Baja acepta una propuesta similar. Ninguna de ellas, por supuesto, prosperó y mantuvo el texto que nació en una España que vivía bajo el yugo de la dictadura franquista. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) registró una iniciativa similar en 2016, pero decayó con la convocatoria electoral en junio de ese mismo año. En la siguiente legislatura, los jeltzales vuelven a la carga en noviembre, pero el plazo de presentación de miembros de postergó hasta marzo de 2018, forzado por la mayoría que entonces ostentaban Partido Popular y Partido Socialista en la Mesa.
Tras el proceso electoral de junio de 2019, el PNV registró de nuevo el texto. Sin embargo, en esta ocasión no llegó al filtro del Pleno del Congreso y caducó con la nueva convocatoria de elecciones del mes de noviembre de ese mismo curso. Un año después llegaría el penúltimo intento, con una nueva propuesta de los nacionalistas vascos, pero los votos de la mayoría socialista de la Mesa de la Cámara prorrogaban sine die los plazos de enmiendas, hasta que en 2022, el Gobierno presentó su propio anteproyecto de reforma, que fijaba un plazo máximo de 50 años para los temas más sensibles de Estado, con opción a prórroga en algunas cuestiones. Además, la normativa incorporaba cuatro categorías, conforme a estándares europeos: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. La ley franquista contempla sólo dos escenarios: secreto y reservado. Pero el proyecto siguió el mismo camino que los anteriores: interrumpido por el adelanto de las generales del 23 de julio.
Nuevo intento del PNV y toque de Bruselas
Tras el 23J y las sucesivas investiduras, llegó el quinto intento. Quién sabe si el definitivo. Por el momento, la iniciativa registrada por el PNV superó el primer trámite parlamentario, pero el ciclo electoral ha entorpecido cualquier tipo de avances. Al menos hasta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentara su plan de regeneración democrática, donde sí parece tener cabida la reforma definitiva de Secretos Oficiales. No obstante, antes de la comparecencia del jefe del Ejecutivo, Sumar adelantó un pacto con el socio mayoritario de la coalición para retomar el camino iniciado en febrero de este 2024.
El portavoz de los nacionalistas vascos en la Carrera de San Jerónimo, Aitor Esteban, lo dejó caer en ese mismo pleno: “Está tomada en consideración mil veces por esta Cámara. Es el reflejo de la imperfección y de la debilidad del sistema democrático español”. Una crítica en la que redundó en los prolegómenos de la ronda de contactos que mantuvieron el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el de Cultura, Ernest Urtasun, con los diferentes grupos parlamentarios.
El jeltzale recalcó que su propuesta concita más consenso que la ley de Información Privilegiada que planteó el Ejecutivo, especialmente en los plazos fijados. La iniciativa de los nacionalistas vascos estrecha los márgenes que puso sobre la mesa Moncloa, delimitándolos en 25 años para materias calificadas secretas y diez para las reservadas. Una vía a la que incluso se sumó Junts, que votó a favor de su tramitación.
Mientras la continúa paralizada en el Congreso, fruto de la inactividad estival y de las consecuencias de la super primavera electoral con el complejo puzle de la gobernabilidad de Cataluña, Bruselas ha tocado a rebato. La Comisión Europea, por segundo año consecutivo, ha instado a España a reformar el articulado como mínimo o a aprobar una nueva ley de información clasificada.
El tirón de orejas de Bruselas carga de razones al PNV, que ha hallado en la Comisión un aliado para pisar el acelerador en la enquistada tramitación. Así, el informe sobre el Estado de Derecho elaborado en la capital belga refleja una parálisis de esta normativa que, a su vez, deriva en una deficiencia en la calidad democrática española. El aviso no es una novedad, pues la Unión ya puso la primera miga de pan en 2023 y reitera ahora un año después, precisando que “no se ha avanzado en la mejora del acceso a la información, en particular mediante la reforma de la ley sobre secretos oficiales”.
Por ello, recomiendan encarecidamente su actualización, habida cuenta de las “normas europeas sobre el acceso a documentos oficiales”, en referencia implícita al Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos. Acuerdo, por cierto, donde el Gobierno de España estampó su rúbrica y que, a la postre, consagra el derecho de acceso a esta información. En cualquier caso, está previsto que a la vuelta del periodo vacacional Moncloa culmine su plan de regeneración, donde se comprobará si aúna un consenso suficiente para desencallar este asunto de una vez por todas.
