Sin hacer mucho ruido y sin levantar sospecha alguna, Isabel Díaz Ayuso ha acometido una profunda purga de técnicos que su Gobierno que siembran dudas sobre la transparencia y las buenas prácticas de los contratos de la Comunidad de Madrid. Este miércoles se confirmó el cese fulminante de Marta García Miranda, interventora encargada de fiscalizar y controlar que las finanzas de la región se adecúan a la ley. La oposición ya ha denunciado que “se la han cargado” porque “ponía en duda la contratación sanitaria de Ayuso”.

La cuestionable maniobra no pilla por sorpresa a quienes conocen a la presidenta de la Comunidad de Madrid. El pasado 4 de mayo celebró el aniversario de su victoria electoral avanzando que habría cambios en su Ejecutivo. Y no son precisamente permutas inocentes. García Miranda era una de las personas que más cuestionó internamente los contratos de su gobierno, con especial interés a los contratos sanitarios durante la pandemia de Covid, entre los cuales se encuentran los que supusieron importantes comisiones para su hermano, Tomás Díaz Ayuso.

"Ponía en duda la contratación sanitaria de Ayuso. La cesan para seguir haciendo y deshaciendo a su antojo”

La destitución podría esperarse, pero sorprende el momento escogido. Se concreta dos semanas después de que la Fiscalía Anticorrupción haya archivado la investigación abierta a raíz de las denuncias de varios partidos contra los contratos de material sanitario que comportaron importantes beneficios para el hermano de Ayuso que ponen en solfa no ya que el procedimiento se atuviera a la legalidad, sino la ética de lucrarse -y de qué manera- por hacer de mediador entre una empresa y la Comunidad de Madrid en plena pandemia.

El caso trascendió por el pulso que mantenían el entonces líder del PP, Pablo Casado, y Ayuso que se cobró la cabeza del primero. El expresidente popular denunció que Tomás Díaz Ayuso habría cobrado del orden de 280.000 euros. Génova procuró atar todos los cabos contratando espías que lo probaran para presionar a la lideresa madrileña y controlarla. Sin embargo, el asunto se fue de madre cuando la batalla, que ya era vox pópuli, saltó al debate público.

Ahora, el caso continuará la senda judicial en Europa, ya que la Fiscalía Europea mantiene abierta la investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos procedentes de la UE, fraude y cohecho.

La fiscal del dinero

Marta García Miranda, hasta ayer interventora de la Comunidad de Madrid, era la encargada del control interno de la gestión económico-financiera del sector público de la región, tal y como figura en el portal de transparencia. Entre sus competencias se encuentra la fiscalización de todas las actividades económicas del gobierno madrileño, incluido el control de los contratos, las subvenciones, la auditoría de las cuentas, los pagos…

Mónica García (Más Madrid), líder de la oposición, ha denunciado que “se ha cargado de un plumazo a la interventora encargada de vigilar la contratación de la Comunidad de Madrid”, “la misma encargada que ponía en duda la contratación sanitaria de Ayuso”. “La cesan para seguir haciendo y deshaciendo a su antojo”, lamenta.

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es funcionaria del Cuerpo de Técnicos Superior de Administración General de la Comunidad de Madrid desde 1991. Inició su trayectoria profesional en la Dirección General de Suelo de la Consejería de Política Territorial, pasando en 1997 a la Dirección General de Turismo de la Consejería de Economía y, en esa misma Consejería posteriormente desempeñó el puesto de asesor técnico de la Agencia. En el año 2001 se incorpora a la Intervención General, asumiendo la Subdirección General de Contabilidad en 2002. Por su formación y posterior trayectoria profesional cuenta con conocimientos jurídicos y contables de gran envergadura.

La hoja de servicios de García Miranda no proyecta ningún atisbo de duda sobre su capacidad. Su cese se produce por un motivo bien distinto: a Ayuso purga a los incómodos, y ella lo era.