El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han protagonizado una imagen poco común al unirse en el Parlamento Europeo para defender la candidatura de Madrid como posible sede de la Agencia Europea contra el Blanqueo de Capitales (Anti-Money Laundering Agency, AMLA, en inglés). Madrid se encuentra entre las candidatas junto con París, Roma, Frankfurt, Dublín, Viena, Bruselas, Vilna y Riga. En sus respectivos roles de autoridad económica y edil de la ciudad candidata, Cuerpo y Almeida se han repartido los roles en el discurso, hablando, respectivamente, de la regulación antiblanqueo española, del modelo de trabajo nacional a la hora de perseguir estos delitos, y de las instalaciones que ofrece Madrid para acoger esta agencia, poniendo como ejemplo la Torre de Cristal, de la que Almeida ha asegurado que el ayuntamiento pagaría el alquiler durante los primeros cinco años en caso de ser seleccionados. Sin embargo, resulta sorprendente la insistencia y participación del alcalde de Madrid por traer una agencia contra el blanqueo de capitales, teniendo en cuenta el historial de políticos procesados por este delito que tiene el Partido Popular a sus espaldas.

Numerosos casos de blanqueo en el PP

El delito de blanqueo de capitales está castigado con penas de cárcel comprendidas entre los seis meses y los seis años. Los numerosos casos de corrupción del Partido Popular han hecho que la lista de enjuiciados y condenados por este delito sea cuantiosa. Entre los más destacados por este delito se recuerdan al exdirigente del FMI y exvicepresidente del Gobierno bajo el mandato de José María Aznar, Rodrigo Rato. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de la investigación de su caso, cifró en 7.830.000€ la cantidad presuntamente blanqueada a través de dos sociedades opacas: la británica Vivaway Limited y la española Kradonara 2001, propiedad en un 100% de Vivaway. Según la investigación, la sociedad británica estuvo administrada por una empresa de Gibraltar tras la cual se esconde Findsbury Holdings Limited, que era la fiduciaria de Rato.

Otro ejemplo es el de Luis Bárcenas, quien ya estaba también imputado en el ‘caso Gürtel’. El extesorero del PP había llegado a tener 22 millones en cuentas suizas y, con la revelación de los 'papeles de Bárcenas', se descubrió que el alcance de la red de corrupción llegaba hasta los 56 millones de euros. En estos documentos se encontraron entregas a las sucesivas cúpulas del partido desde 1990, así como supuestos pagos de otros gastos de la formación política. Entre los destinatarios de los pagos en B aparecen Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato, Mariano Rajoy y Jaime Mayor Oreja.

El caso Campeón, con origen en Galicia, también es otro ejemplo de blanqueo de capitales por parte del PP. La trama, creada en torno al empresario lucense Jorge Dorribo, demostró que obtuvo préstamos y subvenciones públicas por varios millones de euros de manera ilegal valiéndose de las gestiones realizadas por los tres cargos públicos. Estos son tan sólo tres ejemplos, pero existen muchos más.

A esta lista se suman otros cientos de casos de corrupción en los que se ha incurrido en otros delitos, como cohecho, fraude, alzamiento de bienes, malversación o tráfico de influencias, entre otros. Pese a ello, Almeida se ha mostrado favorable y voluntario a la llegada de esta agencia a Madrid, a pesar de que dicha institución no pasaría por alto las acciones de sus compañeros de partido.

Posible sede en Madrid tras votación

El objetivo final del Ayuntamiento de Madrid y del Ministerio de Economía es lograr ser sede de una nueva agencia europea que, en principio, generaría 400 puestos de trabajo. Este martes 30 de enero, en Bruselas, era el día en que las candidatas exponían su proyecto y se sometían a las preguntas del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea, aunque en el caso de Madrid, al igual que en el de Roma, solo han recibido las preguntas de los eurodiputados.

La elección final se celebrará el próximo 22 de febrero con un procedimiento de voto diferente al habitual, que hace difícil saber qué ciudad será la elegido. En concreto, habrá 54 votos, 27 corresponderán a otros tantos Estados miembro y 27 a eurodiputados.