La Ley de promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de Dependencia ha sido uno de los mayores avances sociales en nuestro país. Como siempre, vino de manos de un presidente socialista: José Luis Rodríguez Zapatero. Él fue quien la convirtió en el cuarto pilar del Estado del Bienestar.
Una ley dirigida a quienes necesitan ayuda para levantarse, asearse, vestirse o poder comer. También para sus familias, que muchas veces asumen en solitario esas tareas. Su aprobación en 2006 situó a España en la vanguardia europea en derechos sociales.
Al PP nunca le gustaron las políticas sociales. De hecho, Mariano Rajoy trató de desmantelar la Ley de Dependencia desde su primer día en el Gobierno, afirmando que no era viable. Su brazo ejecutor para destrozarla fue Juan Manuel Moreno Bonilla, entonces secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
Lo primero que hizo un Gobierno del PP fue recortar en 5.406 millones el presupuesto destinado a la Ley. Pero no fue la única tropelía: retrasaron deliberadamente la entrada en el sistema de los dependientes moderados, eliminaron la cotización a la Seguridad Social para cuidadoras familiares, recortaron un 15% las prestaciones económicas y redujeron las horas de ayuda a domicilio. ¿Ya se nos ha olvidado?
Con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, la situación cambió radicalmente. En su primer año, aumentó un 59% el presupuesto para la Dependencia, hasta alcanzar los 2.232 millones de euros. En los años siguientes, el incremento ha superado el 151%, situándose en los 3.411 millones anuales. Así se han revertido los recortes del PP.
Para el actual presidente socialista, la Ley de Dependencia es una prioridad. Primero puso en marcha un Plan de choque, luego impulsó una estrategia para favorecer la permanencia en el hogar frente a la institucionalización. Ahora da un paso más con un anteproyecto de ley que reformará y fortalecerá tanto el sistema de Dependencia como la atención a la Discapacidad.
Sabemos que la tramitación parlamentaria en Congreso y Senado será larga y que se presentarán muchas enmiendas. Pero el objeto está claro: blindar el sistema de la dependencia y diseñar un nuevo modelo de cuidados que refuerce el Estado del Bienestar y responda a las necesidades del siglo XXI.
Entre las novedades, se incluye la ampliación de la ayuda a domicilio más allá del hogar. Se cubrirán tareas cotidianas como ir al médico, hacer la compra o acudir a un centro de día. También se ampliará el concepto de “cuidador familiar”, reconociendo el derecho a compensación económica a personas del entorno relacional del dependiente, como parejas no registradas, amigos o vecinos.
La asistencia personal también se ampliará. Ya no se limitará a apoyar en la educación o el empleo, sino que se extenderá a muchas más situaciones del día a día. Además, se creará una especie de banco de productos de apoyo (sillas de ruedas, grúas, camas adaptadas…) para que quienes los necesiten no tengan que pagarlos de su bolsillo. Esta medida es esencial, especialmente en comunidades como Andalucía, donde el Gobierno de Moreno Bonilla no presta estos servicios, y muchas personas se ven excluidas por motivos económicos.
Para evitar que las únicas opciones sean vivir en casa o en una residencia, se impulsarán formas de atención comunitaria: pisos con apoyos compartidos para varios dependientes o viviendas integradas en equipamientos colectivos, con servicios comunes.
Otro problema urgente son las listas de espera. Andalucía, con Moreno Bonilla, lidera el triste ranking nacional: miles de personas mueren cada año antes de recibir la prestación. Esto ocurre porque, mientras el Gobierno de la nación incrementa los recursos, muchas comunidades autónomas siguen recortando. Desde 2020, la espera media se ha reducido en más de 100 días, pero aún queda mucho por hacer.
El nuevo texto también eliminará el periodo de carencia de dos años establecido por Rajoy, que permitía a las administraciones no pagar ni un euro durante los primeros 24 meses desde que era reconocida como dependiente.
En el anteproyecto también se amplían derechos reconocidos: accesibilidad universal, teleasistencia, obligatoriedad de instalar ascensores en edificios donde residan personas con movilidad reducida, prohibición de discriminación por discapacidad en seguros, y creación de un fondo estatal para promover la accesibilidad. Además, habrá sanciones más duras por la exposición pública indebida de personas con discapacidad, en espectáculos, ferias o redes sociales.
Para simplificar la burocracia, todas las personas en situación de dependencia pasarán a tener automáticamente reconocido un grado del 33% de discapacidad. También se eliminarán las incompatibilidades de prestaciones impuestas por Rajoy: será posible recibir, por ejemplo, teleasistencia, ayuda a domicilio y además una plaza en un centro de día.
Quienes piensen que los derechos conquistados son irreversibles se equivocan. La Ley de Dependencia es un logro como país. Por supuesto, hay margen de mejora, pero debemos sentirnos orgullosos de una norma que sigue siendo referente internacional en políticas sociales.
La derecha siempre pondrá piedras en el camino. Nunca creyó en esta ley. Dicen que es cara, pero en realidad lo que ven en un nicho de negocio para lo privado. No podemos permitir que desmonten ni un solo ladrillo del Estado del Bienestar.
Y termino recordando las palabras de José Luis Rodríguez Zapatero al aprobar la Ley de Dependencia: “Hoy hemos dado un paso decisivo para construir una sociedad más justa y más digna; una sociedad en la que todos podemos sentirnos más integrados, una sociedad que, en su solidaridad hacia quienes lo necesitan, gana en su propia dignidad y nos hace a todos más dignos”. Seguimos.
