El gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía enfrenta una serie de controversias en materia de sanidad que han generado un intenso debate público y críticas por parte de la oposición, sindicatos y colectivos ciudadanos. Desde su llegada al poder en 2019, la gestión sanitaria del ejecutivo andaluz ha estado marcada por decisiones polémicas, recortes y acusaciones de falta de transparencia, que han puesto en entredicho su capacidad para garantizar un sistema público de salud eficiente y accesible para todos los ciudadanos.
Una de las principales críticas al gobierno de Moreno Bonilla ha sido su apuesta por la externalización de servicios sanitarios. En los últimos años, la Junta de Andalucía ha impulsado la privatización de áreas clave como la limpieza de hospitales, el transporte sanitario y la gestión de laboratorios. Esta política ha sido cuestionada por sindicatos y organizaciones de defensa de la sanidad pública, que argumentan que la privatización no solo encarece el servicio, sino que también reduce la calidad de la atención al paciente.
En 2022, la externalización de la limpieza en varios hospitales andaluces generó un escándalo tras denuncias de falta de personal y condiciones higiénicas deficientes. Los trabajadores denunciaron sobrecarga laboral y recortes en sus condiciones laborales, lo que, según ellos, afectó directamente a la calidad del servicio. La oposición acusó al gobierno de priorizar los intereses de las empresas privadas sobre el bienestar de los ciudadanos.
La crisis de las listas de espera
Otro de los puntos más controvertidos ha sido el manejo de las listas de espera en la sanidad pública andaluza. A pesar de las promesas de Moreno Bonilla de reducir los tiempos de espera, los datos oficiales muestran un aumento significativo en el número de pacientes que esperan para ser atendidos en consultas especializadas o para someterse a intervenciones quirúrgicas. Según un informe publicado en 2023, más de 200,000 personas en Andalucía esperaban más de seis meses para ser atendidas, una cifra que supera la media nacional.
Las asociaciones de pacientes han denunciado que esta situación está teniendo un impacto grave en la salud de las personas, especialmente en casos de enfermedades crónicas o cáncer, donde el tiempo de espera puede ser determinante para el pronóstico. El gobierno andaluz ha atribuido este problema a la "herencia recibida" de administraciones anteriores y a la pandemia de COVID-19, pero la oposición ha señalado que la falta de inversión y planificación son los verdaderos responsables.
Los polémicos contratos del SAS
Uno de los aspectos más controvertidos de la gestión sanitaria del gobierno de Moreno Bonilla ha sido la adjudicación de contratos por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS). En los últimos años, han salido a la luz numerosas irregularidades en la contratación de servicios y suministros, que han levantado sospechas de favoritismo y falta de transparencia.
En 2021, se descubrió que varias empresas adjudicatarias de contratos millonarios para la provisión de material médico y farmacéutico tenían vínculos con altos cargos del gobierno andaluz. Estas revelaciones llevaron a la apertura de varias investigaciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que aún están en curso. Los críticos han acusado al gobierno de utilizar el SAS como una "caja negra" donde se asignan contratos sin los debidos controles.
Además, en 2022, se denunció que algunos contratos de limpieza y mantenimiento de hospitales habían sido adjudicados a empresas con un historial de incumplimientos y sanciones por malas prácticas laborales. Estas empresas, según los sindicatos, han priorizado el beneficio económico sobre la calidad del servicio, lo que ha llevado a situaciones de insalubridad en varios centros hospitalarios.
Recortes en la sanidad
Otra de las polémicas que han marcado la gestión de Moreno Bonilla ha sido la reducción del presupuesto destinado a la sanidad pública. A pesar de que el gobierno andaluz ha defendido que ha aumentado la inversión en términos absolutos, los críticos señalan que, en proporción al PIB regional, el gasto sanitario ha disminuido. Esto ha llevado al cierre de algunos centros de salud y a la reducción de servicios en zonas rurales, lo que ha dificultado el acceso a la atención médica para miles de personas.
Los recortes también han afectado a la plantilla de profesionales sanitarios. En 2023, los sindicatos denunciaron que más de 5.000 puestos de trabajo en el sector sanitario estaban vacantes, lo que ha generado una sobrecarga de trabajo para el personal existente y ha impactado negativamente en la calidad de la atención al paciente.
La polémica de las ITV sanitarias
Uno de los episodios más recientes y polémicos ha sido la implementación de las llamadas "ITV sanitarias", un programa piloto impulsado por la Junta de Andalucía que obliga a los ciudadanos a someterse a revisiones médicas periódicas para mantener sus derechos sanitarios. Esta medida, presentada como una forma de optimizar recursos y mejorar la eficiencia del sistema, ha sido criticada por considerarse discriminatoria y contraria a los principios de universalidad y gratuidad de la sanidad pública.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos de pacientes han alertado de que esta medida podría excluir a personas vulnerables, como migrantes en situación irregular o personas sin recursos, del acceso a la atención médica. La oposición política ha acusado al gobierno de Moreno Bonilla de utilizar esta medida como una forma encubierta de recortar servicios y limitar el acceso a la sanidad pública.
