La Audiencia Nacional ha decidido cerrar la investigación sobre la presunta trama ilegal orquestada por el Ministerio del Interior entre 2012 y 2017 contra adversarios políticos del Gobierno de Mariano Rajoy. La causa, abierta hace dos años y medio por el juez ya jubilado Manuel García Castellón, indagaba en las grabaciones que implicaban al excomisario José Manuel Villarejo en estas actividades ilícitas. Entre los perjudicados por esta supuesta estrategia figuran partidos independentistas, Podemos y el entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez.
El magistrado que ha asumido el caso tras la jubilación de García Castellón, Antonio Piña, denegó el pasado 7 de marzo el acceso a los audios a las partes involucradas en la investigación del denominado caso Tándem, según informó El País. El fiscal ha justificado esta decisión argumentando que dichos audios no guardan relación con el objeto de la investigación y, por lo tanto, no serán analizados.
Recurso del PSOE contra la decisión judicial
La acusación popular, ejercida por el Partido Socialista, ha recurrido la decisión del juez Piña, sosteniendo que esta negativa impide acceder a pruebas que podrían demostrar la implicación en la trama del expresidente Mariano Rajoy y de la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Fuentes socialistas han señalado que estos audios podrían “revelar información que confirme la existencia de un encargo parapolicial al comisario Villarejo”.
En su recurso, el PSOE reclama “el alzamiento del secreto de sumario de manera efectiva” y solicita que se impulse el procedimiento para evitar “mayores dilaciones indebidas”. Asimismo, exigen que se admitan las diligencias pendientes de resolución. Los socialistas consideran que la falta de acceso a estos audios limita el esclarecimiento de los hechos y deja sin respuesta muchas de las incógnitas que rodean el caso.
Falta de avances en la investigación
Desde su apertura, la causa ha avanzado poco. El País destaca que, bajo la dirección de García Castellón, solo se tomaron breves declaraciones a periodistas y empresarios que poseían las grabaciones y se encargaron algunos informes a la policía.
Pese a la existencia de material probatorio, el juez se ha negado a imputar o abrir diligencias contra los responsables policiales y políticos que habrían conspirado contra los adversarios del Partido Popular. Según la información publicada, los audios destapan diversas operaciones ilícitas con tres objetivos principales: desacreditar a dirigentes independentistas con pruebas falseadas, perseguir judicialmente a los líderes de Podemos con acusaciones infundadas y desprestigiar la imagen del entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez.
Reacciones políticas y consecuencias
Mientras que desde el Partido Popular han evitado hacer declaraciones al respecto, miembros de la oposición han expresado su preocupación por lo que consideran un intento de frenar la investigación sobre una presunta guerra sucia contra adversarios políticos.
Desde Podemos han manifestado su rechazo a la decisión judicial, calificándola de “un claro ejemplo de impunidad”. Un portavoz de la formación morada ha asegurado que “el Estado no puede permitir que se cierren investigaciones que afectan directamente a la salud democrática del país”. En la misma línea, representantes de los partidos independentistas han denunciado la falta de avances en la causa y han exigido que se reabra la investigación para esclarecer todas las responsabilidades. De momento, la decisión de la Audiencia Nacional supone un nuevo obstáculo para esclarecer lo sucedido y determinar si existió un entramado ilegal para perseguir a opositores políticos desde el Ministerio del Interior.
