Andalucía vive una situación dramática en su sistema de atención a la dependencia. A pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado más recursos que nunca a esta política social, Moreno Bonilla ha recortado su financiación. ¿El resultado? La comunidad lidera las listas de espera en toda España. Miles de personas mayores o con discapacidad continuan sin recibir la ayuda que legalmente les corresponde.
Según el último informe publicado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el tiempo medio de espera en Andalucía para recibir una prestación alcanza los 574 días. Es decir, casi dos años. La media nacional es de 342 días. Andalucía, por tanto, está muy por encima. Hasta medios poco sospechosos de ser de izquierdas, como ABC, lo reconocen: es la comunidad que más incumple los plazos legales. ¿Dónde ha quedado el compromiso electoral de Moreno Bonilla de acabar con las listas de espera? ¿Por qué no asume su responsabilidad tampoco en un tema tan importante como este?
A día de hoy, más de 44.000 personas siguen esperando en Andalucía para ser atendidas. Algunas ni siquiera han sido valoradas. Otras, y eso es aún más grave, ya tienen reconocida su ayuda… pero nunca la reciben. Solo en 2024 han muerto 5.751 personas en esta situación. La mitad de ellas con el derecho concedido. No son cifras frías. Son familias rotas, dramas cotidianos, sufrimiento evitable.
La Ley de Dependencia fue una conquista social. Fue aprobada en 2006 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para convertirse en el cuarto pilar del Estado del Bienestar. Desde el principio, el Partido Popular intentó desmantelarla. Entre 2012 y 2018, el Gobierno de M. Rajoy recortó más de 3.000 millones de euros esta ley. Andalucía fue una de las comunidades más castigadas: 730 millones menos.
¿Y quién fue el encargado de ejecutar esos recortes? Juan Manuel Moreno Bonilla, entonces secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Fue él quien retrasó a propósito la incorporación de nuevos beneficiarios, eliminó la cotización a cuidadoras no profesionales, recortó un 15% de las prestaciones y redujo las horas de ayuda a domicilio. Su historial lo deja muy claro: nunca ha creído en este derecho. Y como presidente de la Junta, lo ha demostrado.
Desde que llegó al poder en 2019, Moreno Bonilla ha anunciado hasta tres “planes de choque” para reducir las listas de espera. Todos han fracasado. No solo no se ha mejorado el sistema, sino que ha empeorado. En 2024, se realizaron 20.908 prestaciones (entre ayuda a domicilio y teleasistencia), un 33% menos que el año anterior. ¿Cómo es posible que habiendo muchas más personas mayores y más recursos… hay menos ayudas? Porque el sistema se ha vuelto caótico, lento y en el que se expulsa a las familias del sistema. Muchas familias ni siquiera se atreven ya a solicitar la dependencia.
Es el caso de Trinidad, una malagueña de 99 años que ha accedido al fin a la ayuda a la dependencia tras ocho años esperando. No uno, ni dos años, han sido ocho años de espera. Y todo ha sido posible tras la denuncia del caso a través de un medio de comunicación. Solo ante esto reacciona Moreno Bonilla. ¿Es necesario que todos los dependientes andaluces o sus familias tengan que ir a denunciar sus duras situaciones ante los medios de comunicación?
Y, mientras tanto, el presidente andaluz del PP trata de culpar al Gobierno central. Hace unas semanas, la Junta denunció que el Estado financiaba el 50% del sistema en Euskadi y mucho menos en Andalucía. Otro engaño más de Moreno Bonilla, que en este caso ha sido desmentido por el propio Observatorio Estatal de la Dependencia: Euskadi recibe solo el 16,05% del total estatal, mientras que Andalucía recibe el 37,74%, más que ninguna otra comunidad. ¿No se cansa nunca el PP de faltar a la verdad?
La trampa está en otro lado: cuanto más dinero aporta el Gobierno de España, menos pone la Junta de Andalucía. En 2023, Pedro Sánchez aumentó la financiación a Andalucía en 159,5 millones de euros. Ese mismo año, Moreno Bonilla recortó su aportación en 51,6 millones. La financiación estatal ha pasado del 15% con Rajoy al casi 40% actual. Desde 2019, Andalucía ha recibido 2.956 millones de euros del Estado para dependencia, el doble de lo que recibió entre 2013 y 2018 con Rajoy. A so hay que sumar los 148 millones adicional que el Gobierno ha destinado recientemente.
Por cierto, un dato revelador: durante los años en los que Moreno Bonilla fue secretario de Estado de los Servicios Sociales (2012-2014), la asignación estatal hacia Andalucía se redujo del 25% al 22%. ¿Quién perjudicó a los andaluces? El mismo que hoy intenta culpar a los demás.
El modelo que defiende Moreno Bonilla favorece al negocio privado, no al bienestar de las personas. Se ha apostado por un sistema de bajo coste: menos inversión, menos atención, menos calidad. Andalucía destina un 14% menos por persona dependiente que la media nacional. El resultado es un servicio considerablemente peor. Se recortan las horas de atención y se externalizan los cuidados a empresas privadas que buscan beneficio, no dignidad.
Esto también tiene consecuencias laborales. Las trabajadoras de ayuda a domicilio soportan salarios bajos, jornadas extenuantes y condiciones precarias, mientras cuidan a personas vulnerables que merecen más. Las denuncias no cesan: sindicatos, asociaciones de mayores, plataformas profesionales y hasta ayuntamientos de todos los colores lo han dicho alto y claro. Incluso la Cámara de Cuentas de Andalucía ha exigido a Moreno Bonilla medidas urgentes para reducir los tiempos de espera.
Las políticas de dependencia se crearon para proteger a quienes más lo necesitan. Fueron gobiernos socialistas quienes promovieron estas leyes porque entendieron que la dignidad no puede depender del dinero que uno tenga. Pero hoy, en Andalucía, ese principio de ha perdido. Con Moreno Bonilla, la dependencia ha dejado de ser un derecho para convertirse en una carrera de obstáculos. Y mientras tanto, miles de personas mueren esperando lo que por ley les corresponde.
