La periodista Julia Otero no se ha mordido la lengua a la hora de referirse al impuesto sobre el Patrimonio, una cifra que solamente atañe a unos pocos muy ricos y que algunas regiones gobernadas por el PP, como Madrid o Andalucía, suprimirán a partir del año que viene. La informadora deja claro que de lo que habla no es sino una “obviedad”, pero su discurso es digno de mención.

“No es opinable, desde luego, que suprimir el impuesto de patrimonio es un favor a los ricos, es que es una obviedad”, ha expuesto después de mencionar las opiniones de los diferentes dirigentes políticos sobre este hecho.

La locutora ha planteado a continuación dos preguntas: “¿Debería ser así en todas las comunidades? Por aquello de la igualdad entre españoles. O sea, ¿somos federalistas y defendemos que cada comunidad actúe según su criterio en impuestos y todo lo demás o somos centralistas y defendemos la unidad de todo, incluida la unidad fiscal? Cuando se reivindica tan a menudo la igualdad entre españoles, ¿eso vale para todo salvo para la fiscalidad?”.

La medida ‘de la semana’

La medida puede decirse que es la de la semana, en tanto en cuanto es la que durante los últimos días más portadas ha abierto tras el anuncio del líder andaluz, Juanma Moreno Bonilla, de suprimirlo. Así las cosas, a los reproches de Gobierno y oposición les ha seguido la réplica del propio Ejecutivo, quien plantea un impuesto a las grandes fortunas.

La propuesta ha obtenido el beneplácito de los socios. No así de las derechas y de la patronal. Con ello, el líder de la CEOE, Antonio Garamendi, la ha calificado de “error” y ha insistido en “atacar la economía sumergida” a la par que señala que el impuesto sobre el Patrimonio “solo está en España”. Muy en concreto, ha hablado de la propuesta de José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, para centralizar los impuestos. Dice Garamendi que cuando hay normas que no gustan a alguien habla de cambiar la ley.

En cualquier caso, es una realidad que el impuesto sobre el Patrimonio solamente se aplicaba a personas cuya cartera es superior a 700.000 euros (de los que se excluye la vivienda habitual hasta un máximo de 300.000 euros). En otras palabras, a personas con un patrimonio por encima del millón de euros.