María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, ha confirmado que la intención del Gobierno es aprobar un impuesto que grave a las grandes fortunas que llevan “trabajando varias semanas de forma silenciosa”. Sobre a quién afectaría y qué considera el Gobierno como ricos, ha asegurado en Al Rojo Vivo que se destinará a “personas millonarias, que no superan un 1% de la población” y que pueden colaborar “temporalmente para proteger al restante 99% de la población”.
Montero ha confirmado que el carácter de este impuesto será “absolutamente excepcional” y que la intención del Gobierno es que su entrada en vigor sea “lo antes posible”, aunque los tiempos barajados sitúan el inicio de la aplicación el 1 de enero de 2023. Con respecto a la duración, la ministra no ha dado cifras concretas, pero sí ha destacado que habrá que estudiar la situación de la ciudadanía y ha puesto como ejemplo la duración del impuesto a la banca y las energéticas (dos años), dejando entreabierta la puerta a la posibilidad de una duración similar.
Sobre la preparación del gravamen, la titular de Hacienda ha señalado que el trabajo del Ministerio comenzó hace ya tiempo, pero ha sido “a raíz del debate que se ha levantado por la rebaja fiscal de las Comunidades Autónomas” que se ha situado en la agenda y el Gobierno se ha visto obligado a transmitir en lo que estaba trabajando; a pesar de que preferiría haber esperado a tener el proyecto construido antes de anunciarlo, ha trasladado la ministra.
Apoyo a los más vulnerables, en contra de un PP favorable a los ricos
Montero ha definido la necesidad de tomar medidas en favor de los “más vulnerables, pero también de las clases medidas y trabajadoras para que la crisis no caiga en los de siempre, sino que recaiga sobre banca eléctrica y grandes fortunas, a las que se pide un esfuerzo excepcional”. Para ello, es necesario que existan recursos disponibles para seguir desarrollando paquetes de ayudas destinados a estos colectivos, argumentaba.
En contraposición, la ministra ha criticado que “no tiene ninguna lógica” que, mientras el Ejecutivo lleva a cabo estas medidas y le pide a Bruselas 140.000 millones de euros de los fondos europeos, territorios gobernados por el partido popular “acometan bajadas fiscales”. En la misma línea ha señalado que “tampoco tiene sentido que Comunidades Autónomas pidan dinero al Gobierno central mientras bajan impuestos a los más ricos”.
Posibilidad de prolongar medidas anticrisis, pero sin miedo a recesión
“Los indicadores no muestran recesión, hablan de un crecimiento robusto en España, en torno al 4%, 2% el año que viene. Por encima de Italia, Alemania y Francia”, ha expuesto Montero quién, además, ha asegurado que “no hay ningún dato que permita aventurar que va a haber una recesión, pero somos prudentes y estamos atentos”.
A pesar de los signos de recuperación que destaca, no descarta prorrogar o aprobar nuevas medidas para afrontar la crisis energética y de precios provocada por la invasión rusa de Ucrania, aunque estas no se contemplaran en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 que llevará próximamente a las Cortes.
