El Gobierno, en palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que está trabajando y estudiando una "fórmula temporal" que grave a las grandes fortunas y siga la senda técnica aplicada con los nuevos gravámenes a la gran banca y las energéticas. La intención del Gobierno es que su periodo de aplicación comience con el año nuevo, el 1 de enero de 2023.

Ya lo adelantaba el ministerio de Hacienda, que señala estar "explorando ámbitos en donde se le pida mayor esfuerzo a aquellos que más tienen”. El Gobierno, por su parte, asegura que, "lo hemos hecho con la banca y tenemos que seguir explorándolo también con las grandes fortunas". "Tenemos que pedirle un mayor esfuerzo a los que más tienen para acompañar a la clase media, a la clase trabajadora de este país. Y eso lo haremos", zanjaba este miércoles Montero.

No obstante, Montero no ha dado más detalles sobre cómo funcionará este gravamen ni si estará contemplado en los Presupuestos Generales de 2023, aunque ha asegurado que están trabajando "con rigor". "No todo puede ir en la ley de presupuestos", señalaba la ministra en los pasillos del Congreso de los Diputados. En lo que sí se ha reiterado ha sido en la necesidad de "pedir un mayor esfuerzo a los mayores patrimonios" a quienes tienen mayores beneficios y "mayores rentas". 

Apoyo a las clases medias y trabajadoras

El esfuerzo de Moncloa se centra en estos días en proteger a las clases medias y trabajadoras a través de la redistribución fiscal, frente a un PP alineado con las élites económicas. No hay más que tirar de hemeroteca para discernir la posición de los populares en favor de las grandes energéticas, ante un delicado contexto.

En este marco se encuadran las declaraciones de Montero del pasado miércoles. "Es peligroso que, en un país cualquiera, pero en España especialmente, haya dirigentes autonómicos que hablen de paraísos, eso que estamos combatiendo en el nivel internacional". La ministra también ha afirmado que "tenemos que evitar que se produzca un 'dumping' fiscal, es decir, una competencia fiscal a la baja, que deje sin contenido determinadas figuras fiscales", "se trata de elementos que no son buenos".

Asimismo, también ha criticado que tras la decisión de eliminar impuestos las comunidades demanden fondos al Gobierno central, "se sacrifican 120 millones de recaudación para la sanidad, para la educación, para la dependencia, para favorecer a 17.000 personas o al 0,2% de los ciudadanos de Andalucía", apuntaba Montero.

Nueva propuesta de Hacienda

Hacienda prevé remitir en unos días una nueva propuesta de mínimos a las comunidades autónomas, no obstante, al tratarse la financiación autonómica en una ley orgánica, son los partidos parlamentarios los que deciden en última instancia. Sin embargo, esta reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas se antoja lejano teniendo en cuenta la distancia abismal entre PP y PSOE, máxime con un año electoral a la vista.