Los principales partidos comienzan a dar sus primeros pasos para que el Banco Central Europeo (BCE) haga un informe sobre el futuro impuesto a la banca. La junta de portavoces de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha acordado este martes que se solicite el informe a través del Banco de España.
Tras esta tramitación por parte de la Comisión de Economía, se dará traslado del documento a la mesa del Congreso en los próximos días, la cual tendrá la última palabra en esta materia. Los letrados el Congreso y la Comisión de Economía han insistido en la necesidad de solicitar el informe al banco comunitario.
La prioridad del Gobierno es que la ley se encuentre aprobada antes de finales de año para que se cumpla lo anunciado por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y para que las entidades paguen la prestación desde este mismo año fiscal.
De acuerdo con las normas comunitarias la consulta se tiene que dirigir a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, la cual, puede solicitar un plazo de presentación siempre superior al mes. No obstante, el BCE tiene la potestad de solicitar una prórroga de hasta cuatro semanas. "En la práctica, el BCE se esfuerza por presentar sus dictámenes a las autoridades de los Estados miembros dentro de los plazos establecidos por ellas", apuntan desde el organismo.
La opinión del BCE
Aunque el banco comunitario ya se mostró en contra de un impuesto similar en Lituania en 2019, el caso español presenta varias diferencias con la proposición lituana. La proposición del ley impulsada por el Ejecutivo grava los márgenes y comisiones del sector bancario, a diferencia de la propuesta de Lituania que pretendía gravar el beneficio dejando fuera al 20% del sistema financiero (entidades con ingresos de menos de 800 millones en 2019).
No obstante, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ya abrió la puerta a estudiar determinados cambios que hagan el gravamen “más adecuado” sin perder de vista la recaudación prometida de 3.000 millones en dos años que la ministra espera que esté “garantizada”
