El Ministerio de Consumo y Agenda 2030 está decidido a acabar con el proceder de las grandes empresas que se enriquecen a través de los alquileres turísticos y, después de iniciar su investigación el pasado diciembre, este jueves ha anunciado la apertura de expedientes sancionadores contra las grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas y otras potenciales infracciones de la Ley General para Defensa de Consumidores y Usuarios. El uso de información falsa pesa sobre estas empresas, que podrían haber incurrido en diversos delitos.
Así lo señalan los datos recopilados por la Dirección General de Consumo, que demostrarían que estas gestoras han propiciado “lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada". Desde la cartera liderada por Pablo Bustinduy confirman que los expedientes se han incoado después de detectarse que estas grandes compañías, que gestionan cientos de pisos turísticos, estarían “información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios”.
De demostrarse esto, una vez finalizado y cerrado el expendiente, supondría una práctica engañosa susceptible de alterar el comportamiento económico, como define el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal. Desde Consumo ejemplifican que un tipo de práctica engañosa podría ser “indicar en el anuncio que quien gestiona un alojamiento turístico es una persona particular, o varias, cuando en realidad se trata de una empresa”. Además, el artículo 27 de la misma norma ahonda más en estas situaciones y detalla procederes habitualmente reconocibles por el consumidor.
“Afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional” o “presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario” son otros ejemplos que incumplen la ley. “Estas prácticas pueden llegar a calificarse, además, como infracciones graves, con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito que haya obtenido cada empresa por haberlas llevado a cabo”, explican desde Consumo, aludiendo a la ley.
Bustinduy sigue con su lucha
Estos nuevos expedientes sancionadores abiertos por el ministerio de Consuma se suman al que ya fue incoado hace dos meses a una plataforma dedicada al alquiler de viviendas turísticas. En aquel momento, el departamento de Bustinduy instó a la empresa a retirar “de forma inminente” miles de anuncios que contenían “publicidad ilícita” y, ante la negativa de la plataforma, el Ministerio consideró la apertura del expediente tras concluir la investigación abierta en verano de 2024 y detectar una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
La Dirección General de Consumo está más activa que nunca y no tiene pensado frenarse próximamente. Estas iniciativas, trasladan desde Consumo, se enmarcan en el objetivo fijado por Bustinduy de “proteger los derechos de las personas consumidoras y de poner fin a aquellas prácticas que están dificultando el acceso a la vivienda a muchas personas en nuestro país”. Esta pretensión no afecta solo a las plataformas y gestoras de alquileres turísticos, sino también a otros niveles del mercado inmobiliario.
Por este motivo, la Dirección General de Consumo también empezó a investigar en octubre a diversas agencias inmobiliarias que habrían llevado a cabo prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler. Algunas de las detectadas, y muy comunes con según qué caseros, han sido obligar a pagar comisión por la gestión del arrendamiento, pese a que esto está prohibido a nivel nacional por la ley de Vivienda; obligar a firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad, práctica que contraviene la ley de Arrendamientos Urbanos (LAU); u obligar a aceptar cláusulas contrarias la normativa.
