El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha cogido carrerilla y, después de multar a las aerolíneas de bajo coste por sus prácticas contra el consumidor, ha incoado un expediente sancionador a una gran plataforma de alquiler de pisos turísticos por mantener activos anuncios de pisos que no cumplen la normativa para su alquiler vacacional después de haberse instando su retirada. Desde el departamento reniegan de facilitar el nombre de la plataforma por motivos legales, pero todas las miradas apuntan hacia Airbnb.
La cartera liderada por Pablo Bustinduy comunicó a la empresa señalada la necesidad de retirar "de forma inminente" miles de anuncios por contener “publicidad ilícita”, pero estos han sido mantenidos. La investigación que ha derivado en este expediente sancionador, abierto por la Dirección General de Consumo, comenzó el pasado mes de junio, al requerir información a la plataforma sobre las viviendas anunciadas en sus dominios. Tras esto, se trasladado un nuevo requerimiento para la retirada de miles de anuncios referidos a pisos sin licencia.
Esta práctica incumple el artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios; sin embargo, desde la compañía rehusaron de suprimir los anuncios. Ahora, meses después del inicio de la investigación y tras comprobar que los anuncios no han sido retirados, la Dirección General de Consumo ha incoado expediente sancionador a esta plataforma por no dar solución al problema detectado. La plataforma se enfrenta ahora a posibles multas millonarias que seguirían el camino de las interpuestas a las aerolíneas, principalmente a Ryanair.
La legalidad establece que las prácticas mencionadas pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, lo que dispararía notablemente la cuantía de la multa. Asimismo, desde la Dirección General de Consumo se recalca que “la apertura de este expediente no prejuzga el resultado final del mismo”. No obstante, el final de este expediente parece claro, atendiendo a los hechos y al perjuicio que supone para los consumidores.
Ninguna empresa, por grande o pequeña que sea, puede estar por encima de la ley
Desde el departamento capitaneado por Bustinduy apuntan que los anuncios de pisos turísticos detectados en la investigación están siendo comercializados en diferentes comunidades autónomas (CCAA), lo que podría generar, a ojos de la Dirección General de Consumo, “lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada". Además, estarían incurriendo en prácticas comerciales desleales según la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, al suponer un incumplimiento de la normativa sectorial en relación con la publicidad ilícita, como en el caso de comercializar estas viviendas sin publicitar su número de licencia.
Contras las ilegalidades en la vivienda
Consumo traslada que esta actuación es un ejemplo más de la intención de combatir posibles prácticas irregulares dentro del sector de la vivienda y, concretamente, en el de los alojamientos turísticos. En esta misma línea, la semana pasada, los de Bustinduy anunciaron públicamente una investigación de la Dirección General de Consumo a las grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas. Esta investigación se dirige a empresas que administran cientos de viviendas turísticas en distintas comunidades autónomas, lo que podría suponer un cambio en el paradigma de los alquileres turísticos.
Simultáneamente, el Ministerio mantiene abierta otra investigación contra diversas agencias inmobiliarias que habrían llevado a cabo prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, como serían obligarles a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, obligarles a firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad, o incluir cláusulas abusivas para las personas consumidoras. Prácticas no solo inmorales y especuladoras, sino contrarias a la norma.
Las diversas investigaciones abiertas en materia de vivienda buscan dar cumplimiento al objetivo de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España, descrito por Bustinduy en más de una ocasión como uno de los principales problemas del país. “Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, ha trasladado en más de una ocasión, al tiempo que también ha señalado que “ninguna empresa en España, por grande o pequeña que sea, puede estar por encima de la ley”.
